Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129058
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva articulada y, en consecuencia, rechazó la demanda promovida por Flavia Alejandra Galván contra Nicolás Antonio Barbieri y Delia Yolanda Paggi en concepto de indemnización por despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 28-X-2021).
Para así decidir, luego de valorar las pruebas aportadas al proceso, juzgó que la actora no acreditó la existencia de la prestación de servicios bajo relación de dependencia laboral respecto de los codemandados. Por el contrario, tuvo por demostrado el vínculo societario que había sido denunciado por Delia Paggi en su escrito de contestación a la demanda.
Asimismo, consideró que la accionante no probó la falsedad ideológica del contrato de venta de fondo de comercio que lleva su firma, y que acompañó a la causa la referida accionada con la finalidad de comprobar que Galván era su socia y no una dependiente que cumplía tareas dentro del establecimiento donde funcionaba la gestoría del automotor, producción de seguros y estudio jurídico.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 14-XI-2021), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 26-IV-2022), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 5-XII-2022).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, la interesada denuncia violados los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
En su presentación, entiende que la conclusión del sentenciante, en cuanto juzgó que no se acreditó la relación laboral entre los partes, luce desprovista de todo sustento fáctico, pues omitió valorar las declaraciones de los testigos propuestos por su parte, quienes, según afirma, concluyeron que la actora prestó servicios para las codemandadas.
Por otro lado, afirma que el a quo omitió analizar el material probatorio aportado a la causa tendiente a demostrar la inexistencia del vínculo societario invocado por la accionada Paggi.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3. En principio, corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit. L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.4. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que, bajo el reproche de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, la interesada intenta cuestionar el acierto fáctico y jurídico de la decisión arribada en el pronunciamiento de origen, cuyos fundamentos busca conmover mediante la descalificación de la labor axiológica desplegada por los jueces en torno de la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, la valoración de la prueba y la forma en que las cuestiones fueron resueltas, típicos vicios de juzgamiento cuyo tratamiento excede el limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L.120.774, "Mansilla", sent. del 4-IX-2019; L. 120.924, "Cipolla", sent. del 6-X-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
En tal sentido, dable es recordar que los cuestionamientos u objeciones dirigidos contra el modo como el tribunal abordó los planteos de las partes y -eventualmente- el grado de acierto jurídico que pueda exhibir su decisión, escapa al limitado ámbito de conocimiento del remedio procesal bajo examen pues conforman, en definitiva, la imputación de típicos errores in iudicando (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020) que, como tales, resultan propios del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.5. Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019; L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, reiterando -en su desarrollo- los argumentos vertidos al fundamentar el remedio extraordinario de nulidad, objeta la conclusión del sentenciante de grado en cuanto tuvo por no probada la existencia de vínculo de linaje laboral entre las partes.
IV.1. El recurso no ha de prosperar.
IV.2. Ante todo, cabe recordar que determinar verificada la dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 119.734, "Scott", resol. de 1-VI-2016; L. 121.379, "Adriel", resol. de 26-IX-2018 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 100.040, "Blanco Fernández", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.873, "Noceda", resol. de 10-VIII-2016).
En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011 y L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones que inspiran el pronunciamiento de grado (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
IV.3. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Ello así, pues en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no demostró (causas L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016; L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
IV.4. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, la interesada no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015 y L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
IV.5. Finalmente, las argumentaciones formuladas por la interesada, vinculadas a supuestas irregularidades ocurridas durante la tramitación del proceso (v. pág. 15/16 del recurso) resultan improcedentes, desde que los agravios traídos remiten al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia del mérito de la causa y, como tales, resultan ajenas a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo, y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 111.655, "P., J.S.", sent. de 5-XII-2012; L. 118.591, "Deluca", resol. de 20-V-2015; L. 125.499, "Casalone", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 22-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:26:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:43:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:38:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:21:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:05:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 14:48:59 hs. bajo el número RR-64-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia