Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, decretó la caducidad de la instancia en la causa promovida por Gustavo Omar Ugarte contra Silvio Mariano Sempé y Griselda Villalba, en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento electrónico de fecha 28-VI-2022).
Para así decidir, juzgó que habían transcurrido en exceso los plazos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653 sin que la parte actora active el procedimiento realizando actividad procesal útil para la prosecución del trámite de la causa -a pesar de la intimación cursada al respecto-, dando lugar así al supuesto de "reincidencia en la omisión de impulsar la instancia" que establece la ley 13.986.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-VII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 12-VIII-2022).
En su presentación invoca absurdo y cita las normas y doctrina que considera vulneradas.
En esencia, cuestiona la decisión de grado en cuanto decretó la perención de la instancia, siendo que -afirma- su parte siempre tuvo la intención de no abandonar el proceso.
III. El recurso no prospera.
III.1. De manera liminar, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
III.2. Así, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; L. 123.168, "Pereyra", resol. de 26-XII-2019 y L. 129.052, "Kapala", resol. de 17-X-2022).
III.3. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de la instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-5-2020).
Por último, cabe recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 127.708, "Mastrangelo", resol. de 3-XI-2022 y L. 128.716, "Garay", resol. de 22-XII-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2023 12:26:12 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2023 08:43:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2023 17:38:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 10:22:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/02/2023 11:05:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/02/2023 14:49:27 hs. bajo el número RR-78-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia