Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129634
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda promovida por Carolina Graciela Miller y condenó a Tarjeta Naranja S.A. al pago de la suma que especificó en concepto vacaciones proporcionales del año 2020. Por el contrario, la desestimó en cuanto procurada el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, la prevista en el art. 2 de la ley 25.323, los incrementos establecidos por los DNU 34/19; 329/20; 528/20 y la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de 9-VIII-2022).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravios, tras evaluar los escritos constitutivos de la causa, el intercambio telegráfico entre las partes y el resto del material probatorio de autos, juzgó que el distracto dispuesto por la trabajadora resulto injustificado.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación 22-VIII-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 26-VIII-2022).
III.1. En el primero de ellos, la interesada, denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Afirma que la sentencia debe anularse pues presenta ciertas falencias que lo descalifican como acto jurisdiccional válido.
En este sentido, asegura que en el pronunciamiento se ha consignado que la audiencia de vista de la causa se desarrolló de manera "semipresencial" y no en forma "presencial" como verdaderamente ocurrió, sumado a que se puntualizó que tal acto se celebró el "20 de setiembre de 2021", cuando en verdad tuvo lugar el día "25 de octubre de 2021".
Por último, alega que el veredicto y la sentencia fueron dictadas vencidos los plazos consagrados en la citada norma.
III.2. El recurso no puede prosperar.
III.3. En principio corresponde señalar que las irregularidades que denuncia la recurrente como cometidas por el juzgador de grado en su pronunciamiento, sólo importan la comisión de un simple error material que no tiene entidad suficiente para generar la nulidad del fallo. Ello así, en tanto tales falencias han sido plasmadas en los antecedentes de la sentencia, sin repercusión alguna en los considerandos ni en la parte dispositiva del pronunciamiento atacado.
III.4. Aclarado ello, cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Así, en el caso, no invalida el pronunciamiento del tribunal del trabajo la circunstancia que se haya dictado el veredicto y la sentencia vencido el plazo de ley, desde que las formas y plazos procesales a que alude el art. 168 de la Constitución provincial son los que las leyes fijan a las partes para proponer sus cuestiones y no a los jueces para decidirlas (causas Ac. 103.512, resol. del 29-X-2008; L. 118.066, "Ortega", resol. de 30-IX-2014; L. 114.397, "Perrota", sent. de 14-X-2015 y L. 126.568, "Insaurralde", resol. de 21-X-2022).
IV. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo, cita las normas y la doctrina legal que considerada violada.
En lo esencial, le objeta al sentenciante su decisión de juzgar que el despido en que se colocó la trabajadora resultó injustificado. En ese sentido afirma que realizó una errónea interpretación del art. 242 de la Ley de Contratos de Trabajo y una absurda valoración de la prueba.
IV.1. Liminarmente, se impone recordar, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que éstos al respecto formulen, sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.465, "Falcon", resol. de 11-II-2022).
Al respecto, es dable destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de origen el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
IV.2. En este sentido, la interesada no cumple con la carga de comprobar dicho vicio, resultando ineficaz su impugnación para rebatir la motivación esencial del fallo atacado, según la cual la decisión rupturista dispuesta por la trabajadora devino apresurada, desproporcionada y, por lo tanto, resultó incausada.
Ello así, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020), método que esta Corte reiteradamente ha declarado como inhábil para la apertura de la etapa casatoria.
En rigor, la réplica se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, disputándole al juzgador de grado las atribuciones que le asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, técnica que, sabido es, resulta insuficiente para exhibir la concurrencia de absurdo (causas L. 121.621, "Campo", resol. de 21-XI-2018; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019 y L. 124.512, "Giménez", resol. de 28-VIII-2020).
IV.3 Para más, cabe advertir que la determinación de la existencia o no de buena fe en un caso dado constituye una cuestión de hecho ajena -en principio- a la revisión extraordinaria en tanto supone el análisis de la conducta observada por las partes, salvo la existencia del vicio excepcional de absurdo que -como se dijo- no se evidencia en la especie (causas L. 119.844, "Pietronave", resol. de 24-VIII-2016; L. 121.743, "Moriconi", resol. de 20-II-2019 y L. 127.399, "Zaldúa", resol. de 23-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, en tanto los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:17:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:51:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2023 13:50:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:44:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:35:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 20:27:18 hs. bajo el número RR-185-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia