Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129852
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la demanda promovida por Baldovino Antúnez y condenó a Empresa Línea Doscientos Dieciséis S.A. de Transportes al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto del 9-VIII-2022 y sentencia del 31-VIII-2022).
Para así decidir, juzgó que la extinción del vínculo laboral dispuesta por la empleadora, en los términos del art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo, resultó injustificada, en la medida en que el actor, al tiempo de la intimación, no reunía los requisitos necesarios para obtener los beneficios de la jubilación ordinaria, pues sólo contaba con 56 años de edad.
En este sentido, aseguró que el principal no se encontraba habilitado para utilizar una facultad que le otorga el régimen general del citado art. 252 para aplicarla al régimen previsional especial del actor (decreto 4.257/68), toda vez que esta última normativa no obliga al trabajador a jubilarse, sino que lo habilita a gozar anticipadamente -si así lo desea- de los beneficios previsionales.
II. Contra dicha decisión, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 15-IX-2022), el que fue concedido (v. resol. de 4-X-2022).
Denuncia que el fallo impugnado adolece de vicios lógicos derivados de una errónea interpretación del decreto 4257/1968 y el art. 252 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Luego, denuncia la violación al principio de buena fe, la doctrina de los actos propios y de la doctrina legal que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado para la interesada por el capital de condena establecido en la sentencia- no excede el importe mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 121.818, "Ponce", resol. de 10-IV-2019 y L. 126.094, "Cjumo", resol. de 16-VII-2021; e.o.); razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020 y L. 127.604, "Diaz", resol. 20-XII-2021).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019; L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que la doctrina citada por la interesada, destinada a desvirtuar la interpretación realizada por el tribunal de grado sobre la aplicabilidad del decreto 4.257/1.968, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.354, "Wagner", resol. de 22-XI-2022).
III.3. Luego, respecto de los restantes cuestionamientos tampoco se verifica la excepción prevista en el citado art. 55 de la ley 11.653, desde que los precedentes traídos por la recurrente en apoyo de sus reproches se vinculan, por un lado, a la doctrina de los actos propios, los cuales se encuentran detraídos de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 81.327, "Mercado", sent. de 27-IX-2006; L. 85.191, "Escalada", sent. de 22-X-2008 y L. 120.342, "Figueredo", resol. de 29-IX-2017); y, por otro, al análisis de cuestiones de hecho y prueba, como es la determinación relativa a la existencia -o no- de buena fe por parte del trabajador (causas L. 119.375, "Del Río", resol. de 11-II-2016; L. 119.617, "González", resol. de 4-V-2016; L. 120.042 "Irusta", resol. de 14-XII-2016; L. 121.595, "Maidana", resol. de 7-XI-2018; L. 122.029, "Hernández", resol. de 26-XII-2018; L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022).
Sumado a ello, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 126.220, "Baez", resol. de 29-XI-2022 y L. 125.968, "Silva", resol. de 6-II-2023).
IV. Finalmente, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -el que es único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653 (causa L. 128.747, "Bonomi", resol. de 15-VII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:08:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:21:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2023 15:45:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:41:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:31:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 18:32:19 hs. bajo el número RR-142-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia