Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta sede extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC), y las de la instancia ordinaria, por el rubro que prospera, se imponen a la vencida (art. 19, ley 11.653).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.664, "Tejerina, Roberto Antonio contra Distribuidora Falucho SRL y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó.
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-XII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Roberto Antonio Tejerina y condenó a la firma Distribuidora Falucho S.R.L. al pago de la suma que estableció en concepto de sueldo anual complementario, vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, y las penalidades previstas en los arts. 14 de la ley 14.546; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 45, ley 25.345). La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba percibir la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la última ley citada (texto según art. 43, ley cit.), y extender solidariamente la condena respecto del codemandado a Luis Ezequiel Sabas, con sustento en las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.
Interesa destacar -por ser materia de agravio- que, para resolver sobre la improcedencia de la mentada sanción, si bien tuvo por acreditado el pago parcial de ciertas cuotas de obra social y sindicales que retuvo la empleadora, juzgó que la reglamentación impuesta por el decreto 146/01 requería la indicación precisa de importes y períodos. Sostuvo que en autos medió una intimación genérica que no satisfacía adecuadamente dicho recaudo, y -en consecuencia- justificaba el rechazo de la multa pretendida (v. fs. 336).
Luego, para desestimar la responsabilidad solidaria del codemandado Sabas, descartó "...la configuración de los supuestos tipificados y previstos en los arts. 54, 29 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales..." (fs. cit.). Resolvió de este modo porque consideró que, en la especie, no se acompañó prueba de que aquel, en su carácter de socio gerente de la sociedad traída a juicio, hubiese utilizado a la persona jurídica para el logro de fines individuales y, en su caso, que hubiese facilitado la realización de los hechos reprochables previstos en las normas legales, para -eventualmente- permitir el corrimiento del velo societario y aplicar también la responsabilidad a sus representantes.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 144, 726 y 1.725 del Código Civil y Comercial; 9, 132 bis y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo; 59, 157 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales; 163 inc. 5 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d" de la ley 11.653; del decreto 146/01; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 17-XII-2019).
II.1. Señala que el tribunal de grado cuando rechazó la aplicación de la sanción conminatoria mensual prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo incurrió en una absurda valoración de los hechos y las pruebas.
Cuestiona el fundamento que expuso el a quo para sostener dicha decisión, en cuanto declaró que medió una intimación genérica que no satisfacía adecuadamente los recaudos que establece el decreto 146/01 con relación a la indicación precisa de importes y períodos.
Afirma que de las constancias agregadas a fs. 306/308 y 310, surge claro el cumplimiento de las exigencias allí establecidas cuando se remitió a la empleadora el telegrama de fecha 12 de junio de 2017.
Explica que, más allá de que en el emplazamiento se individualizaron correctamente los períodos y conceptos adeudados, ni el mentado art. 132 bis ni su reglamentación imponen los requisitos que invocó el sentenciante de grado en el más extremo e ilógico rigorismo formal.
A su vez, alega que el juzgador soslayó elementos probatorios (así, la documental de fs. 81/103 y la informativa de fs. 254/291, 293 y 321), que -en su opinión- resultan demostrativos tanto de la retención indebida, como de la falta de ingreso de aportes y contribuciones a los organismos respectivos.
II.2. Por otro lado, objeta el rechazo de la pretensión de responsabilizar de modo solidario al coaccionado Luis Ezequiel Sabas.
Aduce que el tribunal incurrió en absurdo y confundió groseramente el planteo formulado en la demanda porque, haciendo alusión a la teoría del corrimiento del velo societario, declaró no configurados los presupuestos de aplicación de los arts. 54, 29 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, a pesar de que no fueron alegados.
Aclara que en el escrito inicial (v. fs. 117/121), solicitó la condena solidaria de dicho codemandado, en su calidad de socio gerente de la firma Distribuidora Falucho S.R.L., con sustento en los arts. 59, 157 y 274 del referido cuerpo legal y 1.725 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Destaca que detalló pormenorizadamente los factores de atribución de responsabilidad en los términos de las citadas normas legales, y que el juzgador analizó la cuestión a la luz de la aplicación de la teoría del corrimiento del velo societario, supuesto que -según dice- no fue planteado en el escrito de inicio.
Asegura que en autos se acreditaron las siguientes circunstancias vinculadas con el señor Saba. En concreto, alega, en primer lugar, que se probó que, además de socio gerente, era propietario de la mitad de las acciones de la sociedad coaccionada. Luego, sostiene que también se demostró que dirigía personalmente las actividades de dicha empresa, daba órdenes e instrucciones, abonaba remuneraciones, y firmaba los recibos y piezas telegráficas. Todos estos extremos, según su criterio, resultan corroborantes de su comportamiento antijurídico y de su participación en actos fraudulentos.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. El agravio orientado a cuestionar el rechazo de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) resulta procedente.
En efecto, considero que asiste la razón a la recurrente cuando descalifica el tramo del fallo en el que se declaró que la intimación formulada por el actor, en los términos del art. 1 del decreto 146/01 no abasteció los recaudos impuestos por la norma.
La citada disposición establece que para que resulte procedente la sanción conminatoria mensual en favor del trabajador, este "...deberá previamente intimar al empleador para que, dentro del término de treinta (30) días corridos contados a partir de la recepción de la intimación fehaciente que aquél deberá cursarle a este último, ingrese los importes adeudados, más los intereses y multas que pudieren corresponder, a los respectivos organismos recaudadores...".
Bajo esa directriz, se colige que el órgano jurisdiccional de grado desestimó la pretensión dirigida al cobro de la sanción legal de marras, por conducto de exigir al actor el cumplimiento de requisitos, tales como la indicación precisa de importes y períodos, que no reconocen sustento en la correcta exégesis del texto de la norma (causa L. 124.998, "Oviedo", sent. de 26-V-2021; e.o.). Más allá de lo dicho, de la lectura de las misivas remitidas por el actor se desprende que indicó el período en el que se habría situado la infracción (v. fs. 7) y la cifra reclamada (v. fs. 11).
III.1.b. Debiéndose casar entonces la parcela del pronunciamiento recién examinada, ocupa ahora en virtud de la regla de la "adhesión a la apelación" (causas L. 116.143, "Zapata", sent. de 15-VII-2015; L. 80.404, "Daneri", sent. de 13-IX-2016 y L. 124.462, "Balderrama Guzmán", sent. de 28-XII-2021), analizar si concurren los sustanciales recaudos que hacen a la procedencia de la sanción pretendida. Ello así, pues la parte demandada (que, vale recordar, en oportunidad de contestar la demanda, negó "...que exista retención indebida de aportes..." y solicitó el rechazo de las sumas reclamadas con sustento en el art 132 bis de la LCT; v. fs. 152 vta. y 155 vta., respectivamente) no pudo recurrir esa decisión toda vez que la sentencia, en fin, le resultó favorable en este tópico.
Ha declarado esta Corte que para la procedencia de la mencionada sanción deben concurrir los siguientes presupuestos: (i) la retención por parte del empleador de algunos de los aportes o contribuciones a los que la norma hace referencia; (ii) la omisión de ingresar en tiempo propio, total o parcialmente los mencionados aportes ante el organismo, entidad o institución a que estuvieran destinados; y (iii) que dicha omisión persista al momento de extinguirse el contrato de trabajo (causas L. 108.019, "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 112.404, "Pastorini", sent. de 11-XII-2013; L. 117.623, "Alarcón", sent. de 2-IX-2015; L. 123.665, "Martinez", sent. de 7-III-2022; e.o.).
Bajo esas pautas surge nítido que, en el caso, concurren tales exigencias.
El órgano judicial de grado al dictar el veredicto, con apoyo en las conclusiones establecidas en el informe pericial contable con relación a los aportes y contribuciones de obra social para el período comprendido entre los meses de octubre de 2014 y mayo de 2017, "...verificó que quedan pendientes unas pequeñas diferencias de los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2016, y marzo abril y mayo del año 2017..." (fs. 332 vta.). Asimismo, con la prueba informativa brindada por la Federación Única de Viajantes de la Argentina, corroboró "...el historial de deuda de la accionada..." (fs. cit.).
En base a esas circunstancias fácticas, en la sentencia, incluso destacó "...el pago parcial de ciertas cuotas de Obra social y cuotas sindicales, de las que resulta retenedor la empleadora..." (fs. 336).
Por otro lado, el a quo declaró acreditado que con fecha 12 de junio de 2017, Tejerina intimó a su empleadora para que en el plazo de treinta días procediera a ingresar los aportes y contribuciones a los organismos a los que hace referencia el art. 132 bis de la ley de fondo citada supra , bajo apercibimiento de reclamar judicialmente la sanción conminatoria (v. fs. 7 y 332).
Más allá de otras consideraciones que podrían formularse, lo expuesto basta para evidenciar, en el caso, el cumplimiento de los requisitos para la aplicación de la penalidad prevista en la norma legal indicada.
III.2.a. En cambio, debe desestimarse la crítica que ensaya el recurrente con relación al rechazo de la condena solidaria contra el codemandado Sabas, toda vez que se halla insuficientemente fundada (art. 279, CPCC).
El interesado impugna este tramo de la decisión de origen por conducto de objetar, de un lado, el encuadre normativo que de la pretensión realizó el a quo, y, por otro, la valoración de diferentes circunstancias fácticas, que -a su juicio- evidencian el comportamiento antijurídico del mencionado codemandado, contrario a los deberes de lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios que impone el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales.
III.2.b. Desde esa óptica, en primer lugar, debo señalar que con la finalidad de desvirtuar el encuadre legal en el cual el juzgador de mérito entendió fundado el pedimento introducido en el escrito liminar, prescinde el interesado invocar la configuración de absurdo en su interpretación.
El cumplimiento de esa carga resulta ineludible para que en esta sede extraordinaria puede ingresarse a revisar lo decidido en ese aspecto, toda vez que la exégesis que de la demanda realiza el tribunal de trabajo importa el ejercicio de facultades privativas, sujetas a examen solo si se denuncia -y, luego, se demuestra- que el sentenciante incurrió en absurdo.
Al respecto, cabe recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la citas que debió efectuar el interesado para abastecer su impugnación (causas L. 116.160, "Franganillo", sent. de 17-XII-2014; L. 117.044, "Varales", sent. de 27-V-2015; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019; L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; e.o.).
III.2.c. En segundo lugar, tampoco logra ser conmovida la desestimación de la responsabilidad solidaria del codemandado Sabas a la vista del segundo tramo del reseñado planteo que porta la impugnación, dirigido -en rigor- a poner en evidencia la configuración del supuesto previsto en el art. 59 de la Ley de Sociedades Comerciales.
A tenor de lo dicho en el apartado anterior, toda vez que subsiste firme el encuadre normativo efectuado por el tribunal de grado, no queda margen para evaluar los argumentos de este fragmento de la réplica.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345), cuya procedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta sede extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC), y las de la instancia ordinaria, por el rubro que prospera, a la vencida (art. 19, ley 11.653).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Torres.
Al respecto -y en lo que hace al agravio vinculado con el encuadre fáctico y normativo en el que se apoyó el pedido de extensión de la condena contra el señor Sabas- he de señalar que, como se desprende del relato efectuado por el ponente, este embate implica, en definitiva, un reproche a la interpretación que efectuó el sentenciante de los términos del reclamo contenido en la demanda -tarea que, en principio, le compete en forma privativa y solo excepcionalmente podría ser revisada por esta Corte- y, a esos fines, debió haberse denunciado y demostrado no solamente la absurda valoración de dicho escrito constitutivo del proceso, sino también la violación del principio de congruencia y de las normas que lo receptan, cargas estas últimas que el quejoso tampoco satisfizo.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, sustentado -en rigor- en la presunta vulneración del principio de congruencia, omite denunciar la transgresión del referido postulado y de las normas rituales que lo receptan, así como también la concurrencia de absurdo en la valoración e interpretación de los escritos constitutivos del proceso (causas L. 116.453, "B., I. E.", sent. de 4-VI-2014; L. 117.778, "Abadie", sent. de 18-V-2016; e.o.).
Ello así, y reiterando mi sustancial aquiescencia con el voto del doctor Torres -incluso en materia de costas-, doy el mío también por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio del ponente conforme lo hace mi colega doctora Kogan en el suyo.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de esta sede extraordinaria se imponen por su orden, en atención al progreso parcial de la impugnación (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC), y las de la instancia ordinaria, por el rubro que prospera, se imponen a la vencida (art. 19, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:07:23 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/03/2023 10:27:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/03/2023 15:43:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 11:38:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/03/2023 13:33:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 14/03/2023 14:05:22 hs. bajo el número RS-17-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia