Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129122
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción promovida por José Armando Albornoz -continuada, tras su fallecimiento durante el curso del proceso, por sus herederos Selva Marilina Albornoz, Alejandra Gabriela Albornoz, Armando Alfredo Albornoz y Sara del Carmen Heredia- y condenó a Centro de Ingeniería de Seguridad S.R.L. y Papelera Tucumán S.A. -en forma solidaria- a pagar la suma que especificó en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario producto del distracto, vacaciones, indemnizaciones derivadas del despido y las multas previstas en los arts. 45 de la ley 25.345, 2 de la ley 25.323 y 16 de la ley 25.561. Por el contrario, la rechazó respecto de la multa del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización por daño moral y la sanción por temeridad y malicia (v. pronunciamiento de fecha 1-IV-2022).
II. Frente a lo así resuelto, el actor deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-IV-2022) el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resolución de fecha 28-IV-2022).
II.1. En primer lugar, cuestiona la tasa de interés que el tribunal de grado aplicó al capital de condena.
Alega, con apoyo en fallos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la configuración de gravedad institucional y la existencia de cuestión federal para habilitar la instancia extraordinaria local.
Luego, en lo que interesa destacar, aduce que, como consecuencia del proceso inflacionario, la tasa pasiva aplicada en el fallo afecta gravemente el poder adquisitivo del trabajador, violándose de tal modo su derecho de propiedad tanto en materia de capital como de intereses (art. 17 de la Constitución nacional).
En ese orden, enumera como métodos para sortear ese desapoderamiento: la declaración de inconstitucionalidad de las normas que prohíben la indexación de los créditos de dinero; la aplicación de intereses bancarios a la tasa activa con capitalización periódica de los intereses (art. 770, Cód. Civ. y Com.); o bien que se determine un capital indemnizatorio con arreglo al "ingreso actual" del trabajador conforme el criterio delineado por la Suprema Corte en las causas C. 120.536, "Vera" (sent. de 18-IV-2018) y C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018) y L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020).
II.2. Para el supuesto de acogerse la impugnación, plantea que la regulación de honorarios que corresponde percibir al letrado apoderado de la parte actora, se adecue al nuevo monto de condena que resulte, de conformidad con lo explicitado.
II.3. Finalmente, objeta que, a diferencia de lo resuelto por el sentenciante, se encuentran verificados en autos los presupuestos para la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Entiende que, con los recibos adunados a la causa, se probó la retención de los aportes con destino a los organismos de seguridad social y sindicales.
Aduce que la patronal fue quien no acreditó -como era su carga- el ingreso de todos los fondos retenidos, ni siquiera -asegura- ofreció prueba tendiente a cumplimentar esa incumbencia. Concluyó, entonces, que la decisión del juzgador, que rechazó la sanción, fue fruto de una absurda valoración de la prueba.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado -decisión que no fue objeto de cuestionamiento alguno por parte del interesado-, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 105.284, "Martinicorena", sent. de 28-V-2014; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. En este contexto, no prospera la crítica mediante la cual se cuestiona la parcela del pronunciamiento que dispuso la aplicación de intereses.
III.2.a. El tribunal de grado, a fin de calcular los acrecidos, utilizó, desde que cada obligación se hizo exigible la tasa que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días "pasiva-digital".
III.2.b. Esta decisión no es conmovida por el impugnante.
Al efecto, debe señalarse que en las causas C. 119.176, "Cabrera" y L. 118.587, "Trofe" (sentencias de 15-VI-2016) -y las que siguieron su línea directriz- (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), esta Corte declaró que los intereses moratorios aplicados sobre el importe reconocido en la sentencia por el mencionado rubro deben liquidarse mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo deberá ser diario con igual tasa, desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago (arts. 622 y 623, Cód. Civ.; 7 y 768 inc. "c", Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y modif.).
Siendo así, cabe concluir que, en el presente caso, lo decidido en materia de tasa de interés por el tribunal de grado se ajusta -en el contexto de las circunstancias reseñadas durante el período de su aplicación- a la doctrina legal de esta Corte, por lo que corresponde desestimar la réplica en este tramo.
III.3. Tampoco queda margen para ingresar en el análisis de la denunciada inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928 y 4 y 5 de la ley 25.561, ello así, en tanto lo resuelto por el sentenciante guarda armonía con el criterio plasmado en reiterados pronunciamientos de esta Corte en los que se ha declarado la validez constitucional de aquellas normas que prohíben expresamente toda forma de actualización monetaria, indexación de precios o repotenciación de deudas (causas L. 105.189, "Portillo", sent. de 7-IX-2011; L. 107.840, "Cimadoro", sent. de 18-IV-2012; e.o.), sin que el impugnante aporte nuevos argumentos aptos para desvirtuar la aplicación de la doctrina citada.
III.4. Luego, en relación al tercer agravio individualizado, tampoco se advierte configurado el señalado supuesto habilitante previsto en el citado art. 55 de la ley 11.653, desde que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo subordina la aplicación de la sanción conminatoria allí prevista, constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 108.019. "Morell", sent. de 16-V-2012; L. 115.021 "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 118976, "Veroisa", resol. de 28-II-2018 y L. 127.202, Navone, resol. de 29-XI-2021).
III.5. Finalmente, lo dicho es suficiente para dar respuesta a la impugnación traída, lo que nos exime de ingresar en el análisis de los restantes cuestionamientos traídos.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto de los distinguidos colegas que me preceden en la votación, con las siguientes consideraciones.
En primer lugar, y para despejar cualquier equívoco, me permito aclarar que la doctrina legal cuya aplicación propicia el quejoso para el caso examinado (v. punto II.1. parte final del voto que antecede) ha sido elaborada sobre la base de presupuestos distintos de los que aquí se han configurado, luciendo por ello ineficaz (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015 y L. 121.611, "Falcon", sent. de 27-XI-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:18:23 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:27:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:16:25 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:10:47 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:51:52 hs. bajo el número RR-240-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia