Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130002
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Julian Alejandro González contra Embotelladora del Atlántico S.A. en concepto de indemnización por despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 21-IX-2022).
Para así decidir, juzgó acreditada la injuria invocada por la empleadora como justificativa del despido directo, la cual por su gravedad impidió la prosecución de la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así decidido, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 11-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 21-X-2022).
En primer lugar, con denuncia absurdo y violación de los arts. 9, 242 y 243 de la ley 20.744, impugna el modo en que el tribunal interpreta la prueba producida. Entiende que la sentencia en crisis no se encuentra apoyada correctamente en su base lógica, toda vez que omite considerar elementos sustanciales e insoslayables de la comunicación del distracto.
Afirma que el razonamiento seguido por los jueces en el fallo es equivocado, en tanto no se configuró la pérdida de confianza invocada como causal de despido, toda vez que no se probó el hecho doloso que ha sido imputado al actor.
Luego, reputa vulnerada la carga de la prueba, pues considera que era responsabilidad de la accionada demostrar el accionar desleal, intencional e ilícito supuestamente cometido por el señor González, situación que no fuera acreditada, lo que imponía hacer lugar a la demanda, en función de lo prescripto por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
Asimismo, impugna el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el reclamo en concepto de daño moral.
III. El recurso no prospera.
III.1. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda de cuyo rechazo se agravia- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.042, "Blanco", resol. de 1-IV-2022).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, porque, mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal de esta Corte, el recurrente trae a consideración agravios relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, tales como son, las vinculadas a la valoración de la prueba, al cumplimiento de las formalidades del art. 243 de la Ley de Contrato de Trabajo, a la configuración y determinación de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del vínculo en los términos del art. 242 de la citada ley y la demostración de las circunstancias denunciadas como presupuestos de procedencia de la indemnización por daño moral, asuntos todos ellos detraídos de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado. (causas L. 118.354, "Ayala", resol. de 25-II-2015; L. 119.907, "Coronel", resol. de 4-VIII-2016; L. 120.475, "Torres", resol. de 14-VI-2017; L. 121.246, "Pernas", resol. de 6-XII-2017; L. 121.828, "Giménez", resol. de 17-X-2018 y L. 123.725, "Martínez", resol. de 14-VII-2021),
Por lo demás, la cita de doctrina legal que se denuncia transgredida en el recurso deviene ineficaz, en tanto los precedentes invocados fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Además, no resultan hábiles para justificar la revisión casatoria, en el acotado marco de revisión por el que transita el recurso, las citas de doctrina definitorias del vicio de absurdo (causas L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020 y L. 127.212, "Acuña", resol. de 9-XI-2021).
III.3. Por otra parte, respecto del agravio relativo a la denunciada transgresión a las reglas relativas a la carga de la prueba, no se observa el supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653, desde que el recurrente no denuncia doctrina legal vinculada con las objeciones que formula, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020).
III.4. Asimismo, inhábil resulta el reproche relacionado con el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744, pues sabido es que la definición relativa a la concurrencia -o no- de los presupuestos a los que la norma subordina la aplicación de la sanción pecuniaria allí prevista constituye un asunto detraído de revisión en el acotado marco cognitivo en el que el recurso fue concedido (causas L. 114.166, "Giordano", sent. de 15-VII-2015 y L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020).
III.5. Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.892, "Moreno", resol. de 19-IX-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2023 11:18:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/03/2023 12:27:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 10:16:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 14:16:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/03/2023 18:10:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/03/2023 10:52:27 hs. bajo el número RR-254-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia