Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129215
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción deducida por Alberto José Tórtora y, en consecuencia, condenó a la Provincia de Buenos Aires (Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial) a abonarle la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido, entrega de los certificados del art. 80 de la ley 20.744 y su multa, vacaciones y las sanciones establecidas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323; con más los intereses fijados en la forma que estableció (v. pronunciamiento de fecha 2-V-2022).
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 19-V-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 1-VI-2022).
En lo esencial se agravia de la decisión de grado en cuanto, con fundamento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, dispuso la acumulación de los intereses al capital de condena.
Por otro lado, objeta la imposición de intereses punitorios para el caso de incumplimiento del fallo dictado en autos, afirmando que ello atenta contra la doctrina legal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente se impone observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que la recurrente postula-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2. Bajo las señaladas premisas, en cuanto al agravio destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al importe de condena, no se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que se advierte que las doctrinas que se denuncian como vulneradas han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.024, "Ali", resol. de 17-X-2022).
III.3. El planteo vinculado a la tasa de interés dispuesta para el caso de incumplimiento de la manda judicial también debe ser desestimado.
Ello así, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente, toda vez que la crítica se dirige a impugnar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:39:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 09:01:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:43:01 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:24:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:17:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 15:37:09 hs. bajo el número RR-288-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia