Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125857
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, pondere la prueba aportada a la causa y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.857, "Gabe Tricarico, Matías Eduardo contra Asociación de Clubes de Básquet. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y dispuso el archivo de las actuaciones (v. fs. 65/67).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 72/74).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El señor Matías Eduardo Gabe Tricarico promovió demanda contra la Asociación de Clubes de Básquet en procura del cobro de los rubros derivados del despido, vacaciones, y las penalidades previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013, 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345; v. fs. 5/14 vta.).
En lo que interesa, el actor promovió la demanda ante los tribunales de trabajo del Departamento Judicial de Mar del Plata. Ello, en tanto señaló que, en el marco del vínculo laboral que mantuvo con la Asociación de Clubes de Básquet, si bien la actividad -arbitro- se desarrolló en todo el país, la ciudad de Mar del Plata fue uno de los lugares de prestación de tareas por resultar sede histórica de los torneos.
Alegó que existen dos equipos en dicha ciudad, los clubes Peñarol y Atlético Quilmes, los cuales ejercen su localía deportiva en el Polideportivo municipal "Islas Malvinas" y en el estadio del Club Once Unidos -respectivamente- situados en la ciudad de Mar del Plata, y que desempeñó tareas en ambas instituciones.
La demandada opuso excepción de incompetencia territorial, solicitando la remisión de las actuaciones a la Justicia Nacional del Trabajo con asiento en la Capital Federal.
Expresó -como fundamento de esta- que tal como dispone el art. 3 de la ley 11.653, el actor debió promover la presente acción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que allí se celebró el contrato, se encuentra radicado el domicilio legal de la entidad accionada y es el lugar principal donde se prestó la actividad arbitral.
En oportunidad de responder el traslado del art. 29 de la ley 11.653, la actora solicitó el rechazo de la excepción, con fundamento en que el referido art. 3 de la ley citada autoriza al trabajador a entablar la demanda, indistintamente y a su elección, ante la jurisdicción sita en alguno de los lugares que enumera.
Allí también adujo que el art. 4 del estatuto de la Asociación de Clubes de Básquet expresa que la misma tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires, con la facultad de tener delegaciones en cualquier punto del país, lo que pone de relieve -explicó- que la actividad se desarrolle en el ámbito de todo el territorio nacional.
I.2. A la hora de resolver, el tribunal de grado -como anticipé- se declaró incompetente para conocer en la litis, toda vez que no encontró configurado ninguno de los supuestos que autorizan admitir la competencia territorial conforme lo estatuido en el ya mencionado art. 3 de la ley 11.653 (v. fs. 65/67), y dispuso el archivo de las actuaciones.
Juzgó que tanto el domicilio de la demandada como el lugar de celebración del contrato remitían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; mientras que el promotor del juicio denunció haber prestado servicios en diferentes localidades del país, entre ellas en la ciudad de Mar del Plata. Seguidamente, como dije, entendió no verificados ninguno de los puntos establecidos en dicha norma, atribuyendo la competencia a la justicia nacional del trabajo.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y arbitrariedad en la apreciación de las pruebas y violación del art. 3 de la ley 11.653.
En lo esencial, se agravia de que el tribunal de grado se haya declarado incompetente para entender en las actuaciones por considerar que no resultan aplicables al caso ninguna de las tres opciones brindadas por el texto legal.
Manifiesta que surge claro de la demanda, como de la contestación de la excepción de incompetencia, que el actor desarrolló la actividad arbitral en todo el país, y que entre los lugares en los que la desempeñó se encuentra la ciudad de Mar de Plata, puesto que realizó su labor en partidos locales de los equipos de básquet de los clubes Atlético Quilmes y Peñarol, con sede en dicha localidad.
Explica que a tenor de la triple opción que consagra la ley procesal laboral, eligió la jurisdicción del lugar de prestación del trabajo.
Expone que la incongruencia de la decisión que ataca es evidente, ya que su parte individualizó puntualmente las actividades laborales desarrolladas en el Estadio Polideportivo municipal "Islas Malvinas" de la ciudad de Mar del Plata, acompañando junto con el escrito de inicio documentación oficial que respalda sus dichos.
Por último, expone que la subordinación como factor propio de la relación laboral trae aparejadas desigualdades, que deben ser equilibradas aplicando los principios protectorios del derecho del trabajo. Sostiene que en la hipótesis de que, en el caso, se obligara al actor a litigar fuera de la ciudad de Mar del Plata, se dificultaría la instrumentación de un reclamo y la posibilidad de hacer valer sus derechos.
Por ello, y con sustento en tales principios rectores, considera que el fallo del órgano de origen debe revocarse y declararse su competencia para conocer en autos.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo preliminar, no resulta ocioso memorar que reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 101.056, "Díaz", sent. de 3-VI-2009; L. 117.445, "Municipalidad de Bragado", sent. de 8-IV-2015 y L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021).
En el caso, en que se controvierte la aptitud jurisdiccional del fuero provincial para entender en el pleito, hallándose en juego -conforme resulta de los antecedentes expuestos- la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe considerarse asimilable a definitivo (causas L. 115.653, "Torres", sent. de 6-III-2013; L. 121.232, "Arquilla", resol. de 30-V-2018 y L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019).
III.2. Sentado lo anterior, estimo que acierta el recurrente al impugnar las conclusiones a las que arribó el tribunal de la instancia ordinaria mediante la invocación de absurdo y la denuncia de quebranto del art. 3 de la ley 11.653.
III.2.a. La citada norma de la ley de rito reconoce al trabajador el denominado "derecho a una triple opción", esto es, la posibilidad de entablar su demanda ante: i) el tribunal del domicilio del demandado; ii) el del lugar donde se prestó el trabajo; o bien, iii) el del lugar de celebración del contrato.
Sabido es que dicha norma, en cuanto destinada a solucionar las cuestiones de competencia que se susciten en las causas entre empleadores y trabajadores, resulta inspirada por el propósito evidente de proteger a éstos (causas L. 96.266, "Souto", sent. de 4-XI-2009; L. 109.402, "Cuellar", sent. de 4-V-2011; L. 117.767, "Kreitzer", sent. de 10-XII-2014 y L. 118.650, "L., M. N. y o.", sent. de 23-XI-2016).
III.2.b. En este orden de ideas, en el caso bajo examen, el trabajador optó por uno de los puntos establecidos por el referido precepto al promover la demanda ante la jurisdicción de los tribunales laborales con asiento en el Departamento Judicial de Mar del Plata, pues afirmó haber prestado tareas en dicha ciudad. En este orden, individualizó que realizó actividades laborales en el Estadio Polideportivo municipal "Islas Malvinas" de la localidad mencionada.
A su turno, conforme lo reseñado, el juzgador de origen expuso que, del relato de los hechos narrados por las partes en la demanda y la contestación, se desprendía que el domicilio de la demandada estaba situado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al igual que el lugar de celebración del contrato, y -asimismo- que el actor denunció que desempeñó tareas en diferentes localidades del país, entre las cuales se encontraba la ciudad de Mar del Plata. Luego, sin brindar mayores fundamentos, concluyó que no resultaban aplicables al caso ninguna de las opciones consagradas por el texto del art. 3 de la ley 11.653.
III.2.c. En estas condiciones, considero -como anticipé- que asiste la razón al recurrente cuando censura la decisión de origen por considerarla incongruente y absurda, atribuyéndole al juzgador de grado haber soslayado valorar la documentación aportada con la demanda.
Ello es así puesto que mal pudo el tribunal de grado arribar a esa conclusión y desprenderse de su competencia en los términos en que lo hizo, sin siquiera evaluar tal prueba instrumental acompañada por el ahora quejoso al iniciar el juicio con la finalidad de avalar su postura, destinada a fijar la competencia del fuero del trabajo provincial.
La motivación que porta el fallo atacado permite colegir que -en efecto- aquel presenta el error grave, grosero y fundamental que caracteriza al vicio de absurdo, patentizado, en la especie, por la existencia de una decisión fundada de modo aparente, en tanto soslaya evaluar pruebas conducentes que obran en las actuaciones.
Al respecto, conviene señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que constituye un supuesto de absurdo el prescindir o restar eficacia irrazonablemente a la prueba esencial obrante en la causa (causas L. 107.351, "Baute", sent. de 23-XII-2013; L. 121.272, "F., G. E.", sent. de 17-XI-2020).
III.2.d. En este contexto, también advierto que el razonamiento desplegado por el tribunal de origen para declarar su incompetencia, sin realizar un análisis acabado de las pruebas aportadas a la causa, no guarda armonía con la finalidad tuitiva que inspira la previsión del citado art. 3 de la ley 11.653, cuya violación -como dije- también invoca el quejoso.
Sobre el particular, no es ocioso recordar que ha declarado esta Corte que los fines de la legislación laboral responden a un principio protectorio en beneficio del trabajador, que encuentra fundamento constitucional en el art. 14 bis de la Constitución nacional y que ha sido receptado en la Ley de Contrato de Trabajo y en el ordenamiento procesal laboral local: la ley 11.653 (causa L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión impugnada en cuanto el órgano de grado declaró su incompetencia para intervenir en la causa y dispuso su archivo. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, pondere la prueba aportada a la causa y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con los alcances expuestos, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres , Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, pondere la prueba aportada a la causa y dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el contenido de la presente decisión (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2023 16:41:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:59:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 11:45:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:23:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 13:19:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:42:47 hs. bajo el número RS-27-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia