Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126832
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en los términos y los alcances establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y emita nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.832, "Velazco, Carlos Marcelo contra Yoldi Marta y otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, acogió parcialmente la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 694/702 y aclaratoria de fs. 768/770).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-I-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Carlos Marcelo Velazco y condenó a Marta Yoldi; José Ignacio Passini y "Yoldi y Passini Sociedad de hecho", al pago de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva de preaviso, con más el sueldo anual complementario sobre estos rubros y los correspondientes a los años 2013, 2014 y proporcional del 2015; haberes adeudados de los meses de septiembre y octubre de este último año; vacaciones proporcionales del mismo período; con más los resarcimientos previstos en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La desestimó, en cambio, en cuanto procuraba el cobro de vacaciones no gozadas de los años 2013 y 2014; diferencias salariales; adicionales por antigüedad; presentismo; horas extras adeudadas y salarios por enfermedad (v. fs. 694/702 y aclaratoria de fs. 768/770).
A su vez -en lo que interesa destacar- al no haberse comprobado la existencia de relación laboral entre el actor y la "Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas Nueva Era Limitada", desestimó la acción instaurada contra esta última, por carecer de causa jurídica que la sustente (arts. 726, Cód. Civ. y Com. y 19, ley 11.653; v. fs. cit.).
Para así decidir, con apoyo en las constancias de la causa, consideró acreditado que el accionante se desempeñó en la estación de trenes de la localidad de Glew, cumpliendo tareas de vendedor de diarios bajo las órdenes de los codemandados mencionados inicialmente, desde el día 2 de enero de 2002 hasta el 28 de octubre de 2015, fecha esta en la que el trabajador se consideró despedido indirectamente ante el desconocimiento de la vinculación laboral por parte de estos últimos coaccionados (v. vered., fs. 694/696 y sent., fs. 699 vta./700 vta.).
Sobre esa base, efectuó el cálculo de las indemnizaciones que le correspondían percibir al trabajador como consecuencia del distracto (v. sent., fs. 699 vta./700 vta.).
Por otra parte, meritó que la prueba producida en los autos resultó insuficiente para demostrar la existencia de relación de trabajo entre el actor y la citada Cooperativa, al no surgir por parte de aquella "el pago de salarios, las órdenes impuestas, la fijación de horarios, ni el conocimiento siquiera del accionante". En consecuencia, como se dijo, desestimó la acción dirigida contra esta (v. vered., fs. 696 y sent., fs. 699 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 1, 5, 18, 31, 75 inc. 12, 122 y 123 de la Constitución nacional; 1, 18 y 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1 y 2 de la ley 11.653; 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 31-I-2020).
II.1. En esencia, cuestiona la conclusión del juzgador de grado en cuanto, fundado en la inexistencia de vínculo laboral entre la accionante y la codemandada "Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas Nueva Era Limitada", desestimó la acción intentada contra esta última.
En tal sentido, postula que, en virtud de lo peticionado en el escrito inicial, el razonamiento del sentenciante sobre el punto resulta absurdo, toda vez que -explica- el pedimento formulado en aquel se dirigía a extender solidariamente la responsabilidad de la empleadora a la Cooperativa coaccionada, con fundamento en el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. escrito de demanda, puntos II y III.c.).
De este modo, manifiesta que lo resuelto por el juzgador sobre el punto no se compadece con las normas constitucionales y legales aplicables al sub lite, todo lo cual -a su juicio- demuestra la arbitrariedad del fallo recurrido.
Puntualiza que el tribunal de origen debió analizar el caso de autos a la luz de las circunstancias de hecho y de derecho obrantes en la causa; y, ello, conforme lo normado en el mencionado art. 30 de la citada ley. Así, alega vulneradas las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio, propiedad, acceso a la justicia y juez natural.
Reitera que la valoración efectuada respecto al vínculo jurídico habido entre las partes evidencia el error palmario y grosero en el que incurrió el juzgador de origen, característico del vicio lógico denunciado.
II.2. Por otro lado, refiere que los magistrados integrantes del tribunal de grado transgredieron el principio dispositivo que rige el proceso, al fallar sobre un thema decidendum disímil al delimitado por las partes, sin invocación alguna de motivos excepcionales destinados a justificar tal decisión y, en clara transgresión de la previsión contenida en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Finalmente, en virtud de lo expuesto, solicita la revocación del fallo en crisis y el dictado de un nuevo pronunciamiento, ajustado a la petición inicial formulada respecto a la condena propiciada con relación a la Cooperativa, de acuerdo a lo normado en el referido art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso prospera.
III.1. Considero que asiste la razón al impugnante en cuanto denuncia que el tribunal de grado incurrió en absurdo y desatendió los planteos propuestos por los litigantes al desestimar -por las razones que expuso- la demanda promovida contra la Cooperativa traída a juicio.
III.1.a. En efecto, como acertadamente se expone en el recurso, de la presentación inicial se desprende que la parte actora alegó haberse desempeñado bajo las órdenes de los codemandados José Ignacio Passini, Marta Yoldi y para la sociedad de hecho constituida a nombre de esta última ("Yoldi Marta y Passini José Ignacio"), realizando las tareas de expendio de diarios y revistas del kiosco de la estación de tren de la localidad de Glew, cumpliendo su jornada de lunes a domingo y recibiendo un pago diario fijo, sin haber sido debidamente registrado. Precisó allí, la real remuneración que debió haber percibido por sus labores, de acuerdo a la categoría del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (vendedor B; v. fs. 139 vta. y 140).
Denunció también que, en ocasión de encontrarse con licencia médica por enfermedad inculpable, sus empleadores dejaron de abonarle su salario; lo que motivó que los intimara telegráficamente a fin de que se le abonen las sumas especificadas como adeudadas y para que se regularice su situación laboral; razón por la cual, ante la negativa a sus reclamos, se consideró en situación de despido indirecto (v. fs. 141).
En lo cardinal, consideró que debía extenderse solidariamente la responsabilidad a la "Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas Nueva Era Limitada", en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, por entender que la actividad normal y específica propia del establecimiento donde cumplía sus funciones no podía llevarse a cabo sin la posterior venta de los productos por ella distribuidos; sosteniendo por tanto que ambas actividades resultaban inescindibles.
Refirió que el servicio de venta no era accesorio sino más bien relevante para el cumplimiento de su objeto principal, máxime -según señaló- teniendo en consideración que el establecimiento en el cual el accionante desempeñaba sus tareas, sólo podía adquirir los productos de esa distribuidora, debido al carácter exclusivo de las zonas de actuación de aquellas (v. fs. 141 vta.).
En dicho marco, con sustento en la jurisprudencia que individualizó y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 30, segundo párrafo del dispositivo legal citado, adujo que la distribuidora jamás cumplió con su obligación de controlar el cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de la seguridad social, por lo cual debía ser condenada solidariamente junto a los otros demandados (v. fs. 141 vta. y 142).
Tales fueron los extremos que cimentaron la demanda respecto a la Cooperativa de Trabajo Distribuidora y concitaron la defensa argüida por esta última, comprensiva de la pretendida extensión de responsabilidad solidaria en los términos del mentado art. 30 de la ley 20.744 (t.o.).
En su réplica, en lo que aquí resulta relevante, la citada codemandada efectuó una pormenorizada negativa de los hechos alegados por la contraparte y brindó especial tratamiento al planteo deducido, con el fin de desarticular los dichos de la contraria (v. fs. 221/226).
III.1.b. Como surge de lo expuesto, de la lectura de los escritos constitutivos del proceso surge que la Cooperativa fue traída a juicio en su calidad de responsable solidaria y que dicho punto fue objeto de especifica réplica por la misma.
Dicho tema debatido entre las partes fue puesto a consideración del sentenciante de mérito, siendo -como con acierto se encarga de poner en evidencia la interesada- uno de los asuntos litigiosos definir si efectivamente dicha entidad accionada resultaba responsable -o no- en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, para hacer extensiva la solidaridad de los restantes codemandados.
El análisis de los escritos postulatorios vislumbran el desacierto en que incurrió el tribunal actuante al desestimar la acción promovida contra la citada coaccionada, en el equívoco razonamiento afincado en la falta de acreditación de relación laboral directa entre ambas partes y, en consecuencia, de causa jurídica que la sustente.
Ello así, puesto que desinterpretó el esquema jurídico planteado puntualmente en la demanda y receptado -conforme se ha visto- en su contestación, cometiendo absurdo en la interpretación de los supuestos constitutivos y quebrantando, a la vez, el principio de congruencia consagrado en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial, cuya violación se acredita en la especie.
III.1.c. No resulta ocioso memorar que esta Suprema Corte reiteradamente ha sostenido que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 36.452, "Montañez", sent. de 19-VIII-1986; L. 42.917, "Pizzo", sent. de 21-XI-1989; L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008; L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017 y L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e.o.). Asimismo, ha sostenido este Tribunal que para encontrar configurada dicha anomalía se requiere la verificación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018 y L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; e.o.), circunstancias que, por concurrir en el caso, habilitan a tenerlo por cometido.
III.2.a. Sin abrir juicio respecto de la solución que corresponda adoptar en cuanto a la cuestión sustancial sometida a conocimiento del juzgador de mérito, considero que éste no reparó adecuadamente en el planteo contenido en la postulación inicial, por lo que incurrió en su absurda valoración, y -con ello- infringió el principio de congruencia procesal contenido en la norma del código adjetivo que se alega transgredida.
Lo expuesto resulta suficiente para revocar la sentencia impugnada en cuanto -a partir del yerro cometido- rechazó la demanda entablada contra la "Cooperativa de Trabajo Distribuidora de Diarios y Revistas Nueva Era Limitada".
III.2.b. Si mi opinión es compartida, corresponderá devolver los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y emita nuevo pronunciamiento en torno a la procedencia de la acción señalada, teniendo en cuenta los planteos y defensas articulados por las partes.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia en los términos y con los alcances indicados en el punto III.2.b. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada en los términos y los alcances establecidos en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, renueve los actos procesales que considere necesarios y emita nuevo pronunciamiento.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión tratada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/03/2023 09:17:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/03/2023 15:52:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/03/2023 13:49:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 08:57:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/03/2023 12:19:00 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 27/03/2023 13:03:00 hs. bajo el número RS-21-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia