Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, rechazó -por mayoría- íntegramente la demanda promovida por Oscar Alfredo Fariñes y Néstor Fabián Fariñes contra Club de Golf Palihue en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 6-VII-2022).
Para así decidir, los magistrados de grado señalaron que los accionantes no han demostrado el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es, la prestación de servicios bajo relación de dependencia con el club demandado.
II. Frente a lo así resuelto, los actores dedujeron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 3-VIII-2022).
En su exposición relatan los antecedentes de la causa. Citan las normas y la doctrina legal que consideran vulneradas. Alegan absurdo en la valoración de la prueba.
En esencia, en el recurso se alega que, con la prueba producida en autos, en especial la testimonial, se acreditó que los demandantes han trabajado en relación de dependencia del Club de Golf Palihue, cumpliendo funciones de Caddies y en servicios de mantenimiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es, que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2.a. En el caso, el sentenciante juzgó acreditado que, si bien los accionantes realizaron tareas de caddie dentro de la institución demandada, no lograron probar que sus labores hubieran beneficiado al Club de Golf Palihue, sino que, por el contrario, el único favorecido por el trabajo que ellos realizaban era el jugador de golf que requería de sus servicios, con quien -por otra parte- se establecía un vínculo muy particular que por lo general se agotaba al culminar el juego. Además, era el golfista quien paga la retribución convenida, mientras que el caddie además de cargar los palos podía llegar, en algunas circunstancias y según el caso, a instruir o asesorar a su asistido, descartándose en consecuencia la facultad de dirección propia del contrato de trabajo. Para más, ninguno de los actores demostró el cumplimiento de un horario de trabajo ni que el premio, tarifa o suma percibida por parte del juzgador fuera establecida o impuesta por el club. En definitiva, la prueba rendida no alcanzó para acreditar la subordinación jurídica, técnica y económica que caracteriza y tipifica el vínculo laboral.
III.2.b. Esta esencial, conclusión del fallo, no logra ser conmovida por los recurrentes, que, si bien invocan absurdo, no cumplen con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que consideran que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de origen. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
III.2.c. En este aspecto en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020), que, en el caso, como se anticipó, no logró demostrarse.
III.2.d. Por otra parte, cabe señalar que reiteradamente este Tribunal ha dicho que no es idónea, como sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la remisión a los fundamentos del voto que quedó en minoría (causas L. 76.779, "Capitani", sent. de 6-VIII-2003; L. 112.489, "Sartal", resol. de 24-XI-2010; L. 118.164, "Farías", resol. de 20-XI-2014 y L. 126.672, "Rojas", resol. de 29-VI-2021).
III.3. Luego, los impugnantes tampoco evidencian que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por lo demás, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.4. En cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.5. Tampoco se configura en el caso la transgresión del art. 39 de la ley 11.653, habida cuenta que constituye condición previa e indispensable para su aplicación que se demuestre la existencia de una relación laboral entre las partes, careciendo de validez tal dispositivo para acreditar el vínculo contractual (causas L. 120.142, "Casabella", resol. de 8-II-2017; L. 120.842, "Gramigna", resol. de 29-VIII-2017 y L.125.423 "Maldonado", resol. de 12-IV-2021).
III.6. En el marco de la insuficiencia del recurso de la que da cuenta lo señalado precedentemente, queda sin vigor lo dicho por el recurrente con sustento en el principio de primacía de la realidad que consagra el art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2023 09:23:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2023 09:42:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/04/2023 23:21:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 09:44:44 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/04/2023 10:46:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/04/2023 14:11:37 hs. bajo el número RR-336-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia