Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129469
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Julio Alejandro Cruz y, en consecuencia, condenó a Bertone Hermanos S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales. Asimismo, acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por Omar Antonio Bertone, Carlos Alberto Bertone y Pablo Daniel Bertone (v. fs. 156/170 vta.).
Para así decidir, consideró injustificado el despido dispuesto por la empleadora, toda vez que juzgó no acreditado el supuesto de "fuerza mayor" invocado como causa del cese de la relación laboral. Del mismo modo, puntualizó que la accionada tampoco probó haber efectuado el procedimiento preventivo de crisis de empresa, elemento formal y necesario para validar el distracto con justa causa por falta o disminución de trabajo (art. 247, LCT).
Por otra parte, desestimó el planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionada con relación a la normativa legal que impone dicho recaudo, en tanto -a su criterio- no acreditó la existencia de agravio constitucional alguno que se vincule con los arts. 98 a 105 de la Ley Nacional de Empleo.
II. Frente a lo así resuelto, Bertone Hermanos S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-V-2019), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 14-VII-2022).
Mediante denuncia de absurdo en la valoración de las pruebas, objeta que el sentenciante consideró el despido como incausado. Sostiene que el tribunal de grado transgredió lo normado en el citado art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, impugna el rechazo al planteo de invalidez constitucional de los preceptos que regulan el procedimiento preventivo de crisis.
Finalmente, cuestiona la aplicación in totum de la multa establecida en el art. 2 de la ley 25.323.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la diferencia entre el importe de condena fijado por el por el a quo y el que correspondería según el planteo de la impugnante-, no excede el monto mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal (causa L. 123.801, "Montovio", resol. de 20-V-2020 y L. 129.471, "Silva", resol. de 29-XI-2022).
En consecuencia, la función revisora de la Suprema Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha fijado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012; L. 107.416, "Pedrozo", sent. de 27-III-2013; L. 121.206, "Villagra", resol. de 20-XII-2017; L. 123.801 y 129.471, cits.).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la interesada trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado, tales como son la determinación de las circunstancias fácticas en que se produjo el distracto y el ejercicio de la facultad de eximir a la empleadora -total o parcialmente- del pago del incremento indemnizatorio previsto en el citado art. 2 de la ley 25.323, (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 119.456; "Lofredo", resol. de 22-III-2016; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017 y L. 125.961, "López", resol. de 10-V-2021).
Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
Por lo demás, corresponde destacar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este Superior Tribunal, la mención de la opinión personal de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.3. Para terminar, respecto al agravio relativo a la desestimación del planteo de la inconstitucionalidad de las normas que regulan el procedimiento preventivo de crisis, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, lo cierto es que las genéricas imputaciones que porta la vía extraordinaria bajo análisis -las cuales, para más, se desentienden de esa definición- en modo alguno resultarían aptas para dar sustento a la pretendida existencia de un agravio constitucional (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 121.167, "Cabral Rondan", resol. de 6-VI-2018; L. 121.814, "Folmer", resol. de 14-XI-2018; L. 121.836, "Álvarez", resol. de 7-III-2019 y L. 127.703, "Soraire", resol. de 29-XII-2021).
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2023 14:09:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:11:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/04/2023 10:38:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2023 10:04:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/04/2023 11:03:05 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 17/04/2023 13:41:54 hs. bajo el número RR-417-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia