Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125466
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.466, "Fraccaro, Mariela Araceli contra García de Palma, Pedro Alberto. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín hizo lugar parcialmente a la acción promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 421/443).
Se dedujeron, por la parte demandada, recursos extraordinarios de nulidad (v. fs. 458/471 vta.) e inaplicabilidad de ley (v. fs. 472/485 vta.), concedidos por el tribunal de grado a fs. 596 y vta.
Oído el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 25-VIII-2020), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo hizo lugar a la demanda promovida por la señora Mariela Araceli Fraccaro y condenó al señor Pedro Alberto García de Palma al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido, integración del mes de despido, preaviso, salarios adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, así como las sanciones previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires. La rechazó, en cambio, en cuanto perseguía el cobro de la indemnización del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, texto según ley 25.345 (v. fs. 421/443).
Con sustento en los distintos elementos probatorios, el órgano de origen juzgó acreditado que la actora ingresó a trabajar bajo las órdenes del demandado el día 12 de julio de 2007, realizando labores de secretaria en su estudio jurídico, y que la finalización del vínculo laboral se produjo con fecha 29 de diciembre de 2014 por despido indirecto, el que resultó justificado. Ello así, por cuanto la actora probó la ausencia de registración del vínculo y la falta de pago de aquellos rubros que reclamó adeudados.
Para así decidir, con apoyo en lo dispuesto por el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, el tribunal de grado ponderó la declaración testimonial rendida en la audiencia de vista de la causa y concluyó que la relación que unió a las partes fue de linaje laboral.
Con fundamento en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, juzgó que el demandado reconoció en forma expresa que la accionante prestaba tareas en su estudio jurídico, aunque adujo que le facilitó el lugar para que desarrollara sus propias labores. En definitiva, sostuvo el tribunal interviniente que la presunta "locación de servicios jurídicos" que el demandado argumentó en su defensa fue desvirtuada por la prueba rendida.
Entendió que la patronal infringió el deber de buena fe, que debe primar en las relaciones, desde que actuó en desmedro de la trabajadora ante la no registración de la relación laboral; la falta de pago de salarios frente al accidente padecido por la trabajadora; la negativa de la naturaleza del vínculo; el pago mermado del salario mensual y las manifestaciones vertidas en el escrito de contestación de la demanda en contra de la actora y su letrado patrocinante.
En virtud de la falta de registro de la vinculación, tuvo presente el juramento estimatorio del art. 39 de la ley 11.653 prestado por la accionante.
Concluyó que el despido indirecto en que se colocó la dependiente resultó justificado y, en consecuencia, declaró procedentes las indemnizaciones derivadas de dicho acto extintivo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. fs. 458/471 vta. y 472/485 vta., respectivamente).
En la vía extraordinaria de nulidad, con denuncia de transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, el recurrente denuncia la omisión de tratamiento de cuestiones que juzga esenciales e imputa al tribunal de grado haber incurrido en un error palmario y fundamental, configurativo del vicio de absurdo.
Alega que aquel no tuvo en consideración las alegaciones formuladas en el escrito de responde, en las que invocó que la reclamante tácitamente había renunciado a prestar servicios (luego de un supuesto accidente) al no comparecer a cumplir sus funciones.
Por otro lado, aduce que el órgano de origen valoró prueba viciada, en tanto -sostiene- la accionante la obtuvo ilegítimamente. Argumenta, asimismo, que omitió considerar elementos necesarios para la correcta solución de la litis.
En ese sentido, señala que pretirió ponderar, con referencia a la prueba informativa producida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que la accionante se encontraba inscripta como monotributista, así como también lo que resultaba del informe de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de donde surge que los horarios en los que la actora manifestó haber prestado servicios para el demandado, cursaba diversas materias en esa casa de altos estudios.
Refiere, además, que la valoración efectuada en el pronunciamiento de origen acerca de los recibos de locación de servicios de fs. 128/146, resulta absurda, vulnerando su derecho de defensa en juicio, circunstancia que -a su criterio- torna nulo el pronunciamiento.
Por otra parte, juzga arbitraria la conclusión del tribunal de origen, de que no puede abonarse locación por servicios jurídicos a una persona que no posee título habilitante para ello, demostrando los magistrados votantes -a su juicio- un absoluto desconocimiento de la actividad de quienes prestan servicios para los abogados.
Refiere igualmente omitida la valoración de los dichos de los testigos que reputa favorables a su parte, y afirma que en el pronunciamiento se concluyó sobre la existencia de la relación de dependencia con apoyo en prueba testimonial que no identificó, al no señalar el nombre ni la declaración de cada uno de los deponentes, lo que descalifica la cita como fundamento probatorio para imponer una condena.
También destaca que el órgano colegiado ignoró deliberadamente en su ponderación probatoria la respuesta a la informativa remitida por diversos juzgados respecto a quién recibía las notificaciones en el domicilio legal del demandado, y si la accionante se encontraba autorizada a realizar gestiones de procuración en los expedientes.
Para finalizar, denuncia vulnerado el principio de congruencia, por cuanto en la decisión recurrida se falló ultra petita al otorgar un monto de condena superior al reclamado en la demanda.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. presentación electrónica de fecha 25-VIII-2020), considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. De inicio, corresponde señalar que el recurso extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019 y L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020).
III.2.a. Sentado lo anterior, en cuanto a la cuestión tocante concretamente al "abandono de tareas" alegado al contestar la demanda, entiendo que de reconocérsele la esencialidad que se pretende en el medio de impugnación, tampoco se evidenciaría omitida.
En efecto, al dar respuesta a la primera cuestión planteada en el veredicto -algo que reiteró al exponer los antecedentes en la sentencia-, el tribunal de origen refirió que, en oportunidad de contestar la demanda y en el marco de la negativa que formuló en orden a la existencia de una relación laboral entre las partes, la accionada alegó que se encontraba "...acreditado un abandono de tareas de locación de servicios por renuncia tácita...". Sin embargo, el sentenciante de grado luego valoró la prueba y juzgó demostrado el vínculo de naturaleza laboral alegado ya por la demandante, además, que previo a su extinción por despido indirecto, la trabajadora había intimado a la accionada para que cumpliera con distintos débitos, ello, en las fechas que se indicaron.
Tal escenario evidentemente muestra que la cuestión que fue llevada al tribunal de la instancia ordinaria bajo la hipótesis de la configuración de un contrato de locación de servicios -y su supuesto abandono por parte de la accionante- fue expresamente descartada en el pronunciamiento de grado. Así, no se configuró aquel soslayo esencial que se denuncia.
III.2.b. Luego, se advierte que bajo la denunciada transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los restantes agravios que trae el interesado lejos de evidenciar la preterición de cuestiones esenciales, remiten a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso en análisis y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.570, "Branco", sent. de 3-X-2018; L. 119.930, "Fernández", sent. de 10-IV-2019 y L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020).
Concretamente, son aplicables al caso aquellas directrices de este Tribunal que indican que resultan extrañas al recurso extraordinario de nulidad las alegaciones relacionadas con la apreciación del material probatorio, así como a la eventual ausencia de su tratamiento o su deficiente ponderación (causas L. 87.736, "Barrios", sent. de 2-XII-2009; L. 91.863, "Gómez", sent. de 17-VIII-2011 y L. 114.776, "Alegre", sent. de 5-VI-2013).
También cabe destacar que no se verifica infracción de la mentada norma de la Constitución provincial si las omisiones que se denuncian no constituyen cuestiones esenciales, sino meros argumentos desarrollados por la parte en apoyo de su posición (causas L. 90.267, "Lazarte", sent. de 15-VI-2011 y L. 103.160, "Macías", sent. de 2-V-2013).
III.3. Finalmente, habiéndose denunciado la violación del art. 171 de la carta magna local, cabe señalar que en autos no se constata la infracción de la norma mencionada, ya que el pronunciamiento recurrido se encuentra fundado en expresas disposiciones legales.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En el recurso de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia violación de los arts. 34 inc. 5, 163 inc. 6, 167 y 384 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, absurdo en la apreciación de la prueba, así como violación del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Se agravia, en lo sustancial, de la definición del tribunal de grado que tuvo por acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes.
En este sentido, alega que el sentenciante invirtió erróneamente la carga de la prueba, ya que al haber negado el accionado la relación laboral invocada por la actora al promover la demanda, correspondía a esta última demostrar los hechos en que fundaba su pretensión.
Considera que todo el material probatorio colectado fue meritado en forma arbitraria por el juzgador, tras una valoración parcializada, obviando elementos que resultaban de validez probatoria a la inexistencia de la relación laboral, máxime cuando el juzgador de grado -insiste- no expuso sus razones para descartarlos.
En apoyo de su postura, sostiene que el tribunal ignoró los siguientes extremos, a saber: a) que la actora estaba inscripta como monotributista autónoma categoría "A" (locación de servicios; v. informe AFIP, fs. 299 y 356); b) la comisión de un delito, toda vez que en la demanda la accionante confiesa haber sustraído escritos del estudio jurídico del demandado y c) la ausencia de desconocimiento por parte de la actora del informe de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), que acredita, en su contestación certificada, que en los horarios que la reclamante decía trabajar para el demandado, cursaba diversas materias en esa entidad educativa (v. fs. 248 y sigs.).
Cuestiona la valoración efectuada por el a quo de los recibos acompañados a fs. 128/156, toda vez que -sin pericial caligráfica-, descartó la "locación de servicios jurídicos" que el demandado argumentó en su defensa. En esa línea, sostiene que la idea de "salario" quedó desvirtuada por los recibos obrantes a fs. 131 y 132, donde obran dos pagos efectuados el mismo mes.
Aduce que el sentenciante incurrió en arbitrariedad, en tanto aplicó la multa del art. 8 de la ley 24.013, pese a que en el escrito de inicio la actora reconoció expresamente que comunicó la intimación a AFIP a los tres días, y no como corresponde, dentro de las veinticuatro horas. Incumplió -insiste- con la carga legal del plazo perentorio del art. 11 de la citada ley.
Destaca haber invocado en subsidio el art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que, señala, la actora desapareció sin aviso, sin notificar ningún accidente, lo que implicaría que, en el supuesto caso de haberse configurado una relación laboral, hubiera operado la renuncia tácita del contrato.
Cuestiona el pronunciamiento de origen porque -afirma- concluyó sobre la existencia de relación de dependencia con apoyo en prueba testimonial que no identificó, puesto que no señaló el nombre ni la declaración de cada uno de los deponentes, lo que descalifica la cita como fundamento probatorio para imponer una condena.
Considera que no fue tenida en cuenta la denuncia ante el Ministerio de Trabajo obrante a fs. 340, donde la actora -destaca- indicó como horario de la supuesta relación laboral de 09:00 a 13:00 hs., y no de 09:00 a 15:00 hs., como recogió la sentencia atacada. Al respecto, apunta el yerro de la sentencia en la medida que se liquidó por seis horas de trabajo, en lugar de cuatro horas (v. fs. 436).
Para finalizar, denuncia vulnerado el principio de congruencia, por cuanto la condena importa una suma mayor a la reclamada en la demanda, lo que constituye -a su juicio- abuso del derecho y de autoridad, y viola los derechos constitucionales de propiedad y del debido proceso.
II. El recurso no prospera.
II.1. De modo liminar, corresponde señalar que, en la especie, el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por el capital de condena-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según el texto de la ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando se ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; L. 119.599, "Silveira Ros", sent. de 11-IV-2018; L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018 y L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019; e.o.).
II.2. Ahora bien, desde la lectura de la réplica se advierte que -en lo sustancial- el quejoso cita doctrina vinculada al vicio de absurdo y relativa al principio de congruencia. Desde esta perspectiva, la impugnación no puede tener andamiaje.
Ello así, toda vez que la alegada violación del criterio definitorio de la anomalía sentencial de referencia carece de eficacia para proveer la revisión del fallo objetado por este estrecho carril de excepción (causas L. 106.305, "Molina", sent. de 18-IV-2012; L. 117.524, "Fernández", sent. de 27-V-2015; L. 118.322, "Farías", sent. de 14-XII-2016; L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017 y L. 120.716, "Jara", resol. de 20-IX-2017; e.o.).
Tampoco es apta, a los fines indicados, la cita de precedentes de este Tribunal que hacen alusión al principio de congruencia, aspecto detraído de revisión a la luz de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653. (causas L. 121.573, "Suarez", resol. de 30-V-2018; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021 y L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021).
II.3. Por lo demás, el antecedente citado a fs. 476, que alude a la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias, no es idóneo para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria en el acotado ámbito de la excepción en tratamiento (causas L. 117.760, "Picco", resol. de 5-III-2014 y L. 120.310, "Ochoa", resol. de 23-V-2017).
II.4. En otro orden, cabe señalar que la cita del tramo del precedente L. 120.284, "Luna" (sent. de 10-IV-2019), realizada por el recurrente no se corresponde con la noción de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por esta Suprema Corte (causas L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 121.578, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020; e.o.).
II.5. Finalmente, es dable recordar que la jurisprudencia de otros tribunales de justicia, la emanada de la Corte nacional y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009 y L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014).
III. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Sólo me permito aclarar que, respecto de los manifestado por el ponente en el apartado II.2. -en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia- participo de la opinión de que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como de las adjetivas o de forma (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes).
La decisión que propuse en dichos precedentes ha sido minoritaria y, puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema y a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias (dejando siempre a salvo mi opinión al respecto), reitero mi adhesión a la propuesta que inaugura el acuerdo.
Así lo voto .
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General respecto del de nulidad, se rechazan los recursos extraordinarios traídos, con costas (arts.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.