Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128139
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda interpuesta por Josefina Margarita Urquiza contra Caritas Argentina La Plata y el Arzobispado de La Plata, a quienes condenó solidariamente a abonar la suma de dinero que indicó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales, con más intereses. Asimismo, ordenó a las codemandadas hacer entrega al actor de los certificados a los que refiere el art. 80 de la ley 20.744 (v. fs. 306/329 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, el Arzobispado de La Plata, mediante su apoderado, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 342/358), el que concedido por el a quo (v. fs. 361) fue luego rechazado por la Suprema Corte (v. pronunciamiento de 19-II-2020).
Devuelta la causa a la instancia de grado, la parte actora practicó liquidación de los intereses sobre el capital de condena y los honorarios profesionales, a la vez que calculó el monto de la sanción conminatoria por falta de otorgamiento en tiempo oportuno de la certificación de marras (v. escrito electrónico de 30-III-2021).
Sustanciado el pedido por el tribunal de grado, la demandada cuestionó -por improcedente- la liquidación practicada. A su turno, el a quo hizo lugar -parcialmente- a la impugnación en cuanto objetó los intereses liquidados según la tasa activa sobre los honorarios fijados. En cambio, desestimó los restantes reproches desplegados (v. pronunciamiento de fecha 17-VI-2021).
Frente a esta última decisión, la representación letrada del Arzobispado de La Plata, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 28-VI-2021), el que denegado por el a quo (v. pronunciamiento de 1-XI-2021), dio lugar a la articulación de una queja por ante este Máximo Tribunal (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 8-XI-2021). Seguidamente, esta Corte acogió la vía articulada y dispuso anular de oficio la decisión dictada el 17 de junio de 2021 (art. 168, Const. prov.) remitiendo las actuaciones al tribunal de origen para que, con renovada integración, dicte nuevo pronunciamiento (v. resol. de 13-VI-2022).
Radicada la causa en la instancia de grado, en cumplimiento de la señalada manda, el tribunal de trabajo -debidamente integrado y por mayoría- practicó liquidación en concepto de capital, intereses y astreintes, teniendo en cuenta que la sentencia de mérito adquirió firmeza el 4 de marzo de 2020 (v. resol. de 11-X-2022).
Contra la decisión de grado, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 24-X-2022), los que fueron concedidos -por mayoría- por el a quo (v. resoluciones de fecha 15-XI-2022 y 4-IV-2023).
II. Arribadas nuevamente las actuaciones a esta sede, se impone señalar que las impugnaciones traídas no pueden ser abordadas, en atención a su fundamentación promiscua (arts. 279 y 296, CPCC; 31 bis, ley 5.827 y modif.).
En efecto, esta Corte ha sostenido que son de tal manera distintas las fuentes de los medios de impugnación a que se refieren los arts. 279 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial que el hecho de pretender fundarlos en los mismos argumentos o entrelazándolos -salvo supuestos excepcionales que en el caso no concurren- es totalmente inadmisible (causas L. 122.178, "Manriquez", resol. de 27-II-2019; L. 125.694, "Mele", resol. de 22-X-2020; L. 125.040, "López", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.135, "Marchioni", resol. de 27-II-2023).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los embates cuya promiscuidad argumental -como en el caso- genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 124.372, "Carosella" y L. 124.343, "Piñero", resols. de 29-VI-2020; L. 124.841, "Rodríguez", resol. de 2-X-2020 y L. 129.135, cit.), no resultando función de este Tribunal suplir esta clase de deficiencias.
Es que los recursos extraordinarios tienen exigencias técnico-formales propias, de insoslayable cumplimiento, que la Suprema Corte no puede dejar de lado pues, de lo contrario, se infringen las normas de carácter constitucional y legal que lo sustentan (arts. 161, Const. prov.; 279 y 296, CPCC; causas L. 122.383, "Rodríguez Paez", resol. de 29-V-2019; L. 123.171, "Margot", resol. de 15-IV-2020; 124.211, "Almeida", resol. de 16-VI-2020 y L. 129.135, cit.), motivos por los cuales deben desestimarse ambas impugnaciones (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley incoados, por encontrarse insuficientemente fundados (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:00 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:41 hs. bajo el número RR-483-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia