Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129558
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo N° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción promovida por Daniel Alberto Martínez contra la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) mediante la cual procuraba el cobro de la indemnización por despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 29-VI-2022).
Para así decidir juzgó, con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso, que el vínculo laboral habido entre las partes finalizó por despido directo sin justa causa y que las acreencias verificadas en autos en favor del actor resultaron totalmente absorbidas y canceladas con la gratificación por cese abonada por el principal tras la disolución del contrato de trabajo.
En relación al reclamo de diferencias salariales, señaló que el cálculo efectuado por el actor en su demanda parte de una remuneración correspondiente a un convenio colectivo que no le resultaba aplicable, a la vez que, no sólo incluye rubros que no fueron devengados, sino que también constituye un pedimento global y abstracto.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 5-VIII-2022).
En primer lugar, cuestiona el rechazo del reclamo en concepto de diferencias salariales. En tal sentido, objeta el pronunciamiento en cuanto juzgó no acreditadas las tareas desempeñadas por el trabajador y la categoría profesional denunciadas en el escrito de inicio.
Luego, impugna la decisión adoptada por el sentenciante en torno a una supuesta gratificación extraordinaria percibida por el actor al tiempo del cese de la relación. Argumenta que dicha conclusión resulta absurda, toda vez que el a quo apoyó su decisión en constancias documentales que no han sido reconocidas por su parte, sumado a que, en una clara violación del derecho de defensa, tal documentación no fue debidamente ingresada en la etapa procesal oportuna. Puntualiza también, que resultó desacertado tener por reconocido el supuesto pago de una gratificación que nunca se probó haber sido abonada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar -inicialmente- que esta Corte ha dicho que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020).
La demostración del vicio señalado requiere de la configuración del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020). Pues, no lo constituye cualquier yerro ni la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En el presente, y a partir del análisis de los escritos constitutivos del proceso y el material probatorio, el órgano de origen tuvo por no acreditado que Martínez haya cumplido funciones de conductor de locomotora y si bien se demostró que realizó labores de “ayudante de conductor (escala 217 CCT 26/75)”, dicha tarea dejó de cumplirla a partir de su ingreso en carpeta médica en el año 2003.
Luego, señaló que el reclamo de diferencias salariales no debía acogerse, en tanto se acreditó que el mismo se calculó partiendo de una remuneración correspondiente a un convenio colectivo que no le es aplicable al trabajador, resultando improcedente la aplicación analógica como lo solicita en el escrito liminar. Además, la petición incluye rubros que no fueron nunca devengados por el trabajador.
Finalmente, concluyó que el vínculo laboral finalizó por despido directo sin causa. Respecto de esta pretensión, juzgó que la gratificación percibida por Martínez, en virtud de un acuerdo al que arribaron las partes al tiempo de la extinción, compensó el importe reclamado en concepto de las indemnizaciones derivadas del distracto. Para así decidir, tuvo en consideración que el actor no negó en el escrito de demanda, ni al contestar el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, haber recibido aquella suma de dinero. Por lo demás, respecto de los recibos de pago incorporados a la causa, aseguró que el accionante ni siquiera argumentó haberlos firmados en blanco o que el dinero percibido no haya ingresado a su patrimonio, a pesar de que tuvo la oportunidad de hacerlo a lo largo del proceso.
III.3. Estas esenciales conclusiones del fallo, no logran ser rebatidas por el interesado, quien, a partir de su particular apreciación de las constancias de la causa, se limita a verificar el asunto debatido desde su propia óptica, y en dicha labor (de suyo inhábil para evidenciar la existencia del vicio de absurdo que denuncia) soslaya rebatir eficazmente los motivos que llevaron al juzgador a concluir que las indemnizaciones derivadas del despido que le correspondía percibir al accionante resultaron totalmente absorbidas y canceladas con la gratificación que abonó el principal al cese de la relación.
Ello así, pues, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento, sólo expone su oposición a tales conclusiones, a través de un nuevo análisis del material probatorio, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante denunciado.
En definitiva, la impugnación no aporta elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
III.4. Igual déficit se exhibe en lo concerniente al rechazo del rubro diferencias salariales.
En efecto, en lo que respecta a las definiciones del pronunciamiento relativas a la categoría laboral cumplida por el trabajador y la remuneración percibida, es dable advertir que lejos de controvertir frontal y eficazmente las conclusiones a las que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en la causa, el interesado, nuevamente en esta parcela de la impugnación, se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva, a partir de una crítica afincada en la discrepancia que plantea con relación al valor que le asigna a los elementos de juicio obrantes en la causa, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el pronunciamiento, sin siquiera evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo. Ello revela, sin más, su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado.
III.5. Finalmente, cabe agregar, que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019; L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019 y L. 127.317, "Contreras", resol. de 7-VI-2022), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:46 hs. bajo el número RR-489-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia