Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129026
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar a la demanda deducida por Marina Hondeville y condenó a Cepas Argentinas S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de diferencias en el pago de las indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 11-IV-2022).
Para así decidir, y en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, concluyó que, a fin de determinar la mejor remuneración normal y habitual percibida por el trabajador, no debían considerarse ciertos importes de carácter no remunerativos. En consecuencia, juzgó no probado que existieran diferencias salariales e indemnizatorias relacionadas con la extinción del vínculo laboral a favor del trabajador.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-IV-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 2-V-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina que denuncia vulnerada.
En lo esencial, alega que resulta fruto de una absurda valoración de la prueba la decisión de grado que tuvo por no probados los rubros no remunerativos percibidos por la actora.
Por lo demás, cuestiona que el a quo no aplicó el principio de la carga dinámica de la prueba.
III. El recurso no ha de prosperar.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, las referidas determinación del salario base para liquidar las indemnizaciones derivadas del despido- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los jueces que integran los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 123.369 "Adet", resol. de 1-VI-2020; L. 126.227 " Poggio", resol. del 26-V-2021 y L. 127.099, "Merigo", resol. de 23-XI-2021).
En ese contexto, corresponde recordar que no basta con denunciar aquel vicio invalidante y exponer -de manera paralela- la propia versión de los hechos e interpretación de los mismos, sino que es necesario demostrar, contundentemente, que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación ilógica de las constancias y las pruebas arrimadas a la causa. No cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el absurdo, ni tampoco puede la Suprema Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (causas L. 121.264, "Vivas", resol. de 8-VIII-2018 y L. 119.990, "Andrini", sent. de 6-XI-2019).
III.2. En el caso, como se anticipó, el juzgador de grado al definir la remuneración de la trabajadora, a fin de establecer si las indemnizaciones derivas del despido habían sido -o no- abonadas correctamente por su empleadora, concluyó que no probó que los conceptos denunciados por la actora como no remunerativos referidos "al programa de auto, patente, seguro y viáticos" fueran abonados en su totalidad y durante toda la relación laboral por parte de la accionada. Lo mismo sucedió respecto del rubro "teléfono celular" en tanto no pudo constatarse quién estaba a cargo de abonar tal servicio. Por su parte, en referencia a la cobertura OSDE, concluyó que -en autos- obran solamente algunos pagos parciales por parte de la accionada, más la trabajadora no invocó un detalle de los mismos, colocando tan sólo una cifra global en su liquidación. Finalmente, en relación al "bono corporativo", tuvo por probado que Hondeville no los percibió en forma continua. Asimismo, y en relación a cada uno de estos rubros, concluyó que la parte interesada no formuló en su demanda un especifico y detallado cálculo de los importes reclamados.
III.3. Las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, pues lejos de controvertir frontal y eficazmente las definiciones a las que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en la causa, la interesada se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva, a partir de una crítica afincada en la discrepancia que plantea con relación al valor que le asigna a los elementos de juicio obrantes en la causa, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el pronunciamiento, sin siquiera evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo. Ello revela, sin más, su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 123.057, "Jaldin", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.739, "Gómez", resol. 10-XI-2022).
En este orden, resulta de aplicación la doctrina de este Tribunal que tacha de insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, apartándose de la línea argumental del fallo -desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada, dejando sin réplica las conclusiones esenciales de la decisión (causas L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. 29-XI-2021 y L. 127.534, "Benitez", resol. 13-XII-2021).
Recuérdese, además, que la apreciación, jerarquización y selección del material probatorio aportado a la causa es tarea exclusiva del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011 y L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012).
III.4. Finalmente, la cita de doctrina legal formulada por la recurrente deviene ineficaz si -como ocurre en el caso- los precedentes invocados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley fueron elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 123.730, "Benítez ", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/04/2023 09:37:35 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 09:04:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/05/2023 13:23:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:04:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/05/2023 14:20:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 08/05/2023 16:49:42 hs. bajo el número RR-485-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia