Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130150
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por César Antonio Santillán contra Empresa del Oeste S.A. de Transporte y Aseguradora de Riesgos del Trabajo Liderar S.A. en la que procuraba el cobro de una indemnización por despido injustificado y enfermedad profesional (v. pronunciamiento de fecha 10-VIII-2022).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que, si bien la parte actora había impulsado el proceso, luego de la intimación cursada al respecto, dejó trascurrir -con posterioridad- nuevamente el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653 sin realizar actividad procesal útil.
II. Frente a dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 25-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. 17-X-2022).
En su presentación denuncia absurdo y violación de doctrina legal. Esencialmente se agravia de la decisión del sentenciante que declaró la caducidad de instancia, alegando que, contrariamente a lo afirmado en el fallo, no existía impedimento alguno para que el órgano judicial de grado procediera a dar traslado de demanda.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal intentado. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
III.2. Asimismo, no ha expuesto el impugnante razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell'Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
III.3. Así, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022).
III.4. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es, la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018, L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 128.443, cit.).
Finalmente, cabe destacar que no constituye doctrina legal la que deriva de los pronunciamientos de la Corte nacional (causas L. 114.725, "Cruz", resol. de 13-VII-2011; L. 121.113, "Albarracín", resol. de 11-IV-2018; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021 y L. 127.414, "Cardoso", resol. de 29-XI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/05/2023 14:52:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 08:34:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2023 13:36:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/05/2023 18:29:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/05/2023 08:37:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/05/2023 10:45:13 hs. bajo el número RR-534-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia