Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130149
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 cit. y Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazarlo (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la demanda promovida por Juan Ángel Salazar contra Agropecuaria El Patriarca S.A. en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. sent. de 1-XII-2022).
Resolvió de esta manera por entender que el actor no logró acreditar las conductas injuriantes endilgadas a su empleador, por lo que la retención de tareas efectuadas lo fue sin asidero alguno, al igual que el despido indirecto en que se colocara éste.
En punto a la certificación prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, concluyó que el accionante no efectuó la intimación fehaciente prevista en la norma a los fines de la procedencia de la multa allí establecida.
II. Contra dicha decisión, el actor interpuso sendos recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos de 21-XII-2022). El primero fue rechazado por entender el a quo que las cuestiones denunciadas como preteridas fueron expresamente tratadas en el pronunciamiento puesto en tela de juicio. En cambio, concedió el segundo de los remedios extraordinarios intentados en el estrecho marco que regula el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resol. de 27-XII-2022).
La denegatoria cursada respecto de la vía de nulidad incoada motivó la articulación de una queja directa ante esta instancia de casación (art. 292, CPCC; v. presentación de 29-XII-2022), ocasión en que, el impugnante denuncia que el tribunal de grado se extralimitó en sus funciones, en tanto debió constatar si se encontraban cumplidos los requisitos formales de admisibilidad, mas no efectuar un estudio de su procedencia, tal como lo hizo.
III. La queja prospera.
IV. En efecto, el tribunal de grado excedió su competencia al formular un juicio vinculado a la procedencia de la vía extraordinaria de nulidad incoada, materia privativa de esta Suprema Corte (causas L. 123.558, "Ruíz de Galarreta", resol. de 21-IX-2020; L. 125.164, "Sindicato de trabajadores de la industria del hielo", resol. de 22-X-2020 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020; e.o.), pues debió limitarse a juzgar si estaban o no reunidos los requisitos de admisibilidad (arts. 55, 56 y 63, ley 11.653; y 281, CPCC), los que se advierten cumplidos en la especie.
Por lo tanto, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el recurso extraordinario de nulidad deducido, el que se concede (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; y Acuerdo 4068/2022 y Resolución 24/20).
IV.1. Ahora bien, ingresando en el estudio de las nulidades argüidas por aquella vía, cabe anticipar que se observan improcedentes (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.).
En esencia, el impugnante alegó la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial, argumentando que se configura en la especie omisión de cuestión esencial y falta de fundamentación legal.
Sobre el particular, denunció que el tribunal omitió expedirse en torno al argumento nulitivo introducido en el segundo traslado conferido en el proceso ante la falta de personería para actuar de la representante de Agropecuaria El Patriarca S.A., impugnando la estimación de los honorarios devengados por la profesional interviniente a su respecto. Luego, afirmó que el a quo soslayó valorar el material probatorio producido en la causa, conducente a fin de tener por acreditada la procedencia de la injuria que caracterizó para colocarse en situación de despido, como así también aquel sustanciado que demuestra la real fecha de ingreso y salario alegados en el escrito liminar, como las circunstancias particulares comprobadas en sede administrativa.
IV.2. Al respecto, corresponde recordar que aquel canal recursivo sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.515, "Morales", resol. de 26-IX-2018 y L. 123.543, "Municipalidad de Coronel Pringles", resol. de 11-XII-2019).
IV.2.a. En primer lugar, la argumentación formulada sobre la supuesta falta de personería endilgada resulta improcedente, desde que los agravios traídos remiten al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia del mérito de la causa y, como tales, extraños a la vía establecida en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial (causas L. 118.720 "Villalba", resol. de 27-V-2015; L. 117.734 "Latorre", sent. de 1-VII-2015; L. 114.397 "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 119.136, "Roldan", resol. de 2-III-2016; L. 120.988, "Martinez Vera", resol. de 25-IX-2019 y L. 128.412, "Florentín", resol. de 4-VII-2022 y L. 128.966, "Oviedo", resol. de 22-XII-2022).
IV.2.b. En lo demás, el embate deducido deviene improcedente pues se advierte que, bajo el aparente reproche de omisa consideración de cuestiones esenciales, la crítica se dirige, en rigor, a objetar el modo cómo el tribunal de grado abordó y resolvió la cuestión ventilada en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 123.499, "Hernando", resol. de 16-III-2020 y L. 125.493, cit.).
En definitiva, como se anticipó, la improcedencia señalada se exhibe manifiesta, toda vez que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla referida a la ausencia de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 124.758, "País", resol. de 16-X-2020 y L. 127.837, "Monrroy", resol. de 7-III-2022), no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019; L. 122.633, "Caputo", resol. de 29-V-2019 y L. 124.856, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina", resol. de 22-X-2020).
IV.3. Por otra parte, tampoco son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 120.337, "Gisler", resol. de 10-V-2017 y L. 120.683, "Autotransportes Andesmar S.A.", resol. de 17-X-2018), hipótesis que no concurre en el pronunciamiento atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
V. En cuanto al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, de su análisis se observa que, en esencia, alega conculcado el art. 24 de la ley 11.653, reeditando el planteo de nulidad de lo actuado por la representante de la demandada. Asimismo, denuncia absurdo en la interpretación de las pruebas y constancias de la causa en lo vinculado a la evidencia de la fecha real de ingreso, las horas extraordinaria y jornada laboral, como así también, las circunstancias que -a su modo de ver- acredita la dolencia alegada y la falta de tratamiento del control previsto en el art. 210 de la Ley de Contrato de Trabajo.
V.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por el importe reclamado en la demanda que ha sido rechazada y es motivo de agravio-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. fs. 17 del escrito liminar, causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020 y L. 128.000, "Flores", resol. de 19-IX-2022).
V.2. En este contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, desde que la impugnante trae a consideración agravios relacionados a la valoración de los hechos y las pruebas -especialmente la documental y la informativa-, y el supuesto absurdo en que habría incurrido el juzgador al apreciar las circunstancias de la litis, detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017; L. 122.333, "Tisera", resol. de 29-V-2019; L. 125.642, "Eseiza", resol. 4-III-2021 y L. 129.435, "Maldonado", resol. de 29-XI-2022).
Tampoco abastece dicho cometido la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo, pues resultan inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021 y L. 129.471, "Silva", resol. de 29-XI-2022).
V.3. Tampoco puede prosperar el agravio dirigido a impugnar la supuesta falta de personería del apoderado de la demandada, toda vez que se advierte que la doctrina que se denuncia como vulnerada ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.141, "Amarilla", resol. de 2-XI-2020 y L. 129.024, "Ali", resol. de 17-X-2022).
V.4. Por último, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018, L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022 y L. 129.590, "Fischer", resol. de 29-XII-2022).
I. Hacer lugar a la queja interpuesta y conceder el recurso extraordinario de nulidad (art. 292 cit. y Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art. 63, ley 11.653) y habiéndose planteado un agravio desestimado por esta Corte en otros casos sustancialmente análogos, rechazarlo (arts. 31 bis ley 5.827, y modif.; 298, CPCC y 63, ley 11.653). Costas al recurrente vencido (art. 68, CPCC).
II. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley concedido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", Resol. 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:24:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:23:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:24:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 15:43:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 16:00:12 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 21:43:27 hs. bajo el número RR-709-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia