Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130272
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó íntegramente la demanda promovida por Natacha Soledad Magallanes contra Aegis Argentina S.A. en concepto de indemnización por despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 26-XII-2022).
Para así decidir, juzgó acreditada la injuria invocada por la empleadora como justificativa del despido directo, la cual, por su gravedad impidió la prosecución de la relación laboral, de conformidad con lo dispuesto por el art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así decidido, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 6-II-2023).
En su impugnación, relata los antecedentes del caso, cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas. En sustancia, alega absurdo en la apreciación de las pruebas pues entiende que el juzgador de grado consideró una causal injuriante no invocada por la demandada para justificar el despido.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia, por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por el monto reclamado en la demanda- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 121.352, "Castro", resol. de 6-XII-2017 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
Asimismo, no ha expuesto el impugnante razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 120.108, "Campo Dell'Orto", resol. de 12-VII-2017; L. 125.836, "Espinoza", resol. de 6-XI-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.443, "Sosa", resol. de 29-VI-2022).
Para más, corresponde dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha resaltado esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020).
Además, resta recordar que este Tribunal tiene dicho que la obligatoriedad de la doble instancia judicial prevista en el art. 8 apartado 2 inc. "h" de la Convención Americana de Derechos Humanos está establecida como tal exclusivamente para el proceso penal, por lo que no puede ser extendida a los litigios laborales (causas L. 114.953, "Ledesma", resol. de 7-IX-2011 y L. 106.055, "Pellejero", sent. de 14-XII-2011).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se produce cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda" y L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020 y L. 127.097, "Ayala", resol. de 30-VIII-2021).
III.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la impugnante trae a consideración agravios insoslayablemente relacionados a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a la valoración de la injuria con aptitud para justificar la rescisión del contrato de trabajo y el examen de las constancias de la causa, asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 103.756, "Davila", sent. de 6-VII-2011; L. 121.369, "Santonassimo", resol. de 26-IX-2018; L. 121.828, "Giménez", resol. de 17-X-2018 y L. 123.725, "Martínez", resol. de 14-VII-2021).
Asimismo, cabe destacar que la denuncia de violación de doctrina legal relativa al vicio de absurdo no resulta idónea en el contexto revisor del citado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 124.476, "Rodas", resol. de 16-X-2020).
Asimismo, no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 127.711, "Zapata", resol. de 11-II-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art.289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/06/2023 16:24:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:23:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 09:24:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 15:43:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/06/2023 16:00:13 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 21/06/2023 21:43:29 hs. bajo el número RR-712-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia