Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Ester Antonia Oses y, en consecuencia, condenó a Héctor Morales al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 16-II-2023 y su aclaratoria de fecha 28-II-2023).
Para así decidir, juzgó que el distracto se produjo por la denuncia que efectuó la trabajadora en virtud a la negativa de tareas y falta de inscripción del contrato laboral. Asimismo, a fin de realizar el cálculo indemnizatorio tuvo en consideración el valor horario determinado en la resolución 3/20 de la Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares y su anexo.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-III-2023), el que fue concedido en el marco de la excepción que contempla la norma del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 9-III-2023).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa, cita normas y doctrinas que considera vulneradas.
En lo esencial, alega que el juzgador incurrió en una desacertada valoración de los elementos fácticos obrantes en la causa, quebrantó la carga de la prueba y omitió aplicar la presunción contenida en el art. 39 de la ley 11.653. Ello así, pues tomó como salario de la actora el que surge de las escalas publicadas por la Comisión Nacional del Trabajo en Casas Particulares, cuando en el escrito de demanda se denunció una remuneración mayor que había sido convenida entre las partes.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 113.436, "Núñez", resol. de 16-III-2011; L. 113.743, "Pérez", resol. de 17-VIII-2011; L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
III.2. Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
III.3. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, desde que las doctrinas que se invocan como violadas -además de haber sido elaboradas sobre presupuestos fácticos disímiles a los del caso en juzgamiento- se hallan relacionadas a cuestiones fácticas y probatorias, vinculadas a determinar la remuneración de la trabajadora para establecer la base de cálculo de las indemnizaciones por las que prospera la acción, resultando en consecuencia inhábiles a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020).
III.4. Tampoco es apta para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la conculcación de doctrina legal citada por la interesada referida al vicio de absurdo (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 130.050, "Fernández", resol. de 30-IV-2023).
III.5. Asimismo, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.5.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/06/2023 21:29:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/06/2023 09:27:26 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 10:06:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:01:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2023 14:13:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/06/2023 16:49:09 hs. bajo el número RR-778-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia