Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128796
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Hernán Ezequiel Busquet contra Jorge Raúl Cuadrado -hoy sus herederos Jorge Raúl Cuadrado, Luciano Cuadrado, Liliana Edith Belletrutti y Mariano Cuadrado- en concepto de los rubros días trabajados en el mes de marzo del año 2020; vacaciones; sueldo anual complementario; multas establecidas en los arts. 53 ter de la ley 11.653 y 80 de la ley 20.744. Asimismo, condenó a los accionados a la entrega de las certificaciones de trabajo previstas en la última de las normas citadas. Por el contrario, desestimó la acción en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y las multas de los 10 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323, como así también la duplicación resarcitoria prevista en el decreto 34/2019 (v. pronunciamiento de fecha 14-II-2022).
Para así decidir, tras analizar el intercambio epistolar y los escritos constitutivos de la litis, juzgó justificado el distracto dispuesto por el empleador fundado en el abandono de trabajo.
Luego, consideró que la relación habida entre las partes se encontraba correctamente encuadrada en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 ostentando el trabajador la categoría de vendedor.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución del 8-III-2022), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 25-X-2022).
III.1. En el primero de los remedios mencionados, el interesado solicita la nulidad del pronunciamiento atacado por carecer de parte dispositiva.
Luego, con denuncia de violación del art. 168 de la Constitución provincial, afirma que el sentenciante de grado omitió el tratamiento de cuestiones esenciales conducentes para la resolución del litigio. En este sentido, asegura que ninguna manifestación se formuló en el fallo respecto del reclamo relativo a la entrega del certificado previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.2. De conformidad con lo dictaminado con el Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3.a. En principio corresponde recordar que, el remedio extraordinario de nulidad, sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. En primer lugar, el planteo realizado en el punto II. del escrito recursivo, en el que se solicita la nulidad del pronunciamiento por la ausencia de la parte dispositiva de la sentencia, deviene infundado. Ello así, pues –sin perjuicio de otras consideraciones- conforme surge de las constancias del sistema informático "Augusta" obra un documento electrónico denominado "honorarios-se regulan" en el cual consta la referida parte dispositiva de la sentencia, seguida de la regulación de los estipendios de los profesionales intervinientes (v. providencia de fecha 14-II-2022).
III.3.c. Tampoco genera la nulidad del fallo la restante objeción vinculada con la omisión de tratamiento del reclamo relacionado con la entrega de los certificados de trabajo previstos en el art. 80 de la ley 20.744.
Efectivamente, esta Corte ha dicho que una sentencia es un todo compuesto de diversas partes consideradas entre sí armónicas y solidarias, de tal manera que lo que se dejara de decir en la parte dispositiva, que es sin duda donde se polariza el mandato del juez, debe suplirse o interpretarse por lo que el mismo Juez ha dicho claramente al fundar su resolución (causas L. 62.109, "Figueroa", sent. de 11-II-1997; L. 66.588, "Espinosa", sent. de 6-VII-1999; L. 117.023, "Villalba", sent. de 8-X-2014 y L. 127.821, "Lauro", resol. de 15-VI-2022).
En la especie, no es posible afirmar que el sentenciante haya omitido abordar la temática que se alega como preterida, en tanto una interpretación integral de las diversas partes que conforman el fallo definitivo permite inferir que se ha dado respuesta favorable a condenar a los accionados a entregar la documentación prevista por el art. 80 de la ley 20.744 pretendida por el actor (v. pág. 75/79 de la sentencia).
IV.1 En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el compareciente denuncia absurdo y la violación del principio de congruencia, así como las normas y la doctrina legal que cita.
Se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen consideró justificado el despido dispuesto por la empleadora, pues -a su criterio- aquel efectuó una absurda valoración de los escritos constitutivos del proceso y de los elementos probatorios colectados, en especial del intercambio epistolar entre las partes. En esa inteligencia alega que el sentenciante desatiende el modo en que quedó trabada la litis, vulnerando la congruencia y el sistema de apreciación en conciencia de la prueba que rige en materia laboral.
Asimismo, y en relación también a la forma en que se extinguió el contrato de trabajo, denuncia la transgresión de la doctrina de esta Suprema Corte vinculada al abandono de trabajo y una interpretación errónea del art. 124 de la Ley de Contrato de Trabajo y su decreto reglamentario.
Finalmente, la crítica final se orienta a objetar la decisión del tribunal de origen en cuanto desestimó el encuadramiento convencional pretendido por el actor.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3.a. De manera preliminar, se impone recordar que esta Suprema Corte tiene dicho que la evaluación de la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo laboral, como así también la apreciación y ponderación de las circunstancias fácticas y de la prueba arrimada a la causa para determinar si en el caso existió o no abandono de trabajo, constituye una labor que le compete privativamente a los tribunales de trabajo y ajenas -por ende- al ámbito de la casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo (causas L. 121.742, "Mayer", resol. de 20-II-2019; L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019 y L. 125.919, "Martínez", resol. de 11-V-2021).
Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 121.523, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020)
IV.3.b. En el caso, tras valorar en conciencia los elementos de convicción arrimados a la causa, el a quo tuvo por acreditado que el trabajador no justificó su decisión de retener tareas durante más de 45 días. En este contexto, juzgó que existiendo una manifiesta intención del actor en no regresar a cumplir con su debito laboral, a pesar de la intimación que al efecto le cursó el empleador, la cesantía por abandono de trabajo dispuesta por éste resultó adecuada y el distracto, en consecuencia, devino justificado.
Asimismo, el sentenciante señaló que el actor, al iniciar la demanda, incorporó una nueva situación fáctica y jurídica -no contemplada en las comunicaciones intercambiadas por las partes-, esto es, que se encontraba -con o sin razón- reteniendo tareas por el incumplimiento patronal que denunció oportunamente en sus telegramas, pretendiendo con ello modificar su postura anterior con un nuevo hecho no alegado en su momento, en abierta transgresión a lo dispuesto por el artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV.3.c. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por el impugnante, toda vez que se limita a contraponer a la valoración del material probatorio que ha realizado el tribunal de grado, una argumentación basada exclusivamente sobre sus propios criterios, insuficientes por lo tanto para determinar la apertura de la instancia extraordinaria en lo que concierne a cuestiones de hecho y de prueba como las aquí ventiladas (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019 y L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020).
IV.3.d. Lo expuesto es suficiente para desestimar el agravio deducido, sin que corresponda avanzar en otras consideraciones.
IV.4.a. En cuanto al encuadramiento convencional, la impugnación nuevamente luce inhábil.
Sabido es que esta Corte ha dicho que el análisis del material probatorio y la apreciación de los hechos que determinen el convenio colectivo aplicable a una específica relación laboral, constituyen cuestiones privativas reservadas a la instancia ordinaria y, en consecuencia, marginadas de la casación, salvo cabal y suficiente demostración del absurdo (causas L. 97.961, "Pérez", sent. de 27-IV-2011; L. 98.481, "Pagano", sent. de 14-III-2012; L. 116.975, "Kilimik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 128.644, "Shteinberg", resol. de 1-IX-2022), extremo que no se verifica en la especie.
En el caso, el recurrente no consigue acreditar que el pronunciamiento resulte portador de dicha anomalía, puesto que nuevamente en esta parcela del recurso se limita a exponer su particular criterio frente a las motivaciones esenciales que sustentan el decisorio.
Así, el sentenciante juzgó que la pretensión del actor de encuadrar su actividad en el convenio colectivo 152/91 no tenía sustento normativo ni fáctico que lo avale, toda vez que la actividad de la empresa y las tareas que cumplía el trabajador no se encontraban incluidas en el citado convenio.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que sólo denota un simple contrapunto valorativo del impugnante, ineficaz para desbaratar por absurdo el fallo que motivó su alzamiento (causas L. 98.481, "Pagano", cit.; L. 115073, "Diaz", resol. de 3-V-2012 y L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019).
En definitiva, la formulación sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020 y L. 129.661, "Manzella", resol. de 21-VI-2023).
IV.5. Finalmente, no se observa que el juzgador de origen haya incurrido en violación del principio de congruencia.
El señalado postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación ausente en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019; L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos, y desestimar el de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/08/2023 09:20:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2023 10:56:02 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/08/2023 10:03:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:28:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:36:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/08/2023 10:01:14 hs. bajo el número RR-931-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia