Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129317
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III. han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.5. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Matanza rechazó, en todos sus términos, la demanda interpuesta por Jorge Ramón Aquino contra Transporte Ideal San Justo S.A. en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás ítems de naturaleza laboral (v. pronunciamiento de fecha 16-V-2022).
Para así decidir juzgó, con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso, que el vínculo laboral habido entre las partes finalizó por despido directo sin justa causa, habiendo percibido el trabajador los rubros indemnizatorios y salariales en concepto de liquidación final.
Por otro lado, por las razones que expuso, rechazó la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 13-VI-2022).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que entiende vulneradas. Asimismo, se queja de que el a quo no aplicó el principio de la carga dinámica de la prueba. Finalmente, reputa conculcada la presunción que emana del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En lo sustancial, y con denuncia de absurdo y arbitraria valoración de la prueba producida, considera que el juzgador apoyó su decisión, acerca de que el trabajador percibió las indemnizaciones derivadas del despido y liquidación final, sobre la base de un recibo de haberes que fue incorporado por la demandada y cuya firma inserta en el mismo fue desconocida por el accionante. En ese sentido, controvierte la ponderación efectuada sobre las declaraciones testimoniales, las pericias caligráficas y contables, así como el intercambio epistolar entre las partes.
Por otro lado, se agravia del rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la ley 20.744 (texto según ley 25.345), objetando los argumentos esgrimidos por el a quo sobre el particular.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, fundamentalmente lo que atañe a su selección, jerarquización, mérito y eficacia, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019; L. 128.508, "Britos", resol. de 29-XII-2022).
III.2.a. Ello exige la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 115.148 "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 117.891 "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.065 "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 127.871, "Martínez", resol. de 7-III-2022), pues no lo constituye cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20- VIII-2014 y L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020).
III.2.b. Como se anticipó, en el caso, el órgano judicial de grado, en el marco de sus facultades privativas, analizó el material probatorio aportado al proceso y juzgó acreditada la relación laboral entre las partes la que culminó por despido directo sin causa del trabajador.
Luego señaló que la cuestión litigiosa se centraba sobre dos cuestiones esenciales, la primera, respecto de la validez probatoria del recibo que fue incorporado en autos por la demandada cuya firma fue desconocida por el accionante y, la segunda, si la parte actora percibió efectivamente los rubros indemnizatorios y la liquidación final como consecuencia de la extinción del vínculo laboral. En este sentido, y sobre la base de la prueba documental, caligráfica y la pericial contable, el juzgador concluyó que el documento en cuestión cumplía con las formalidades que prevé la normativa legal y fue suscripto de puño y letra por el señor Aquino, de ahí que, en virtud de lo dispuesto por los arts. 138, 139, 140, 141 y 142 de la Ley de Contrato de Trabajo, correspondía otorgarles plena validez a las manifestaciones contenidas en aquel instrumento cuya firma resultó auténtica.
Finalmente, respecto de la modalidad de pago elegida -efectivo- señaló que si bien la Resolución 360/01 del Ministerio de Trabajo, en su art. 1° exige que las remuneraciones sean abonadas mediante cuenta bancaria, dicha resolución nada dispone en cuanto a las indemnizaciones derivadas del despido.
III.2.c. Estas esenciales conclusiones del fallo, no logran ser conmovidas por el recurrente, que, si bien invoca absurdo, no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traducen una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de origen. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
Por lo demás, sabido es, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que propongan las partes a su consideración, sino únicamente a los que -a su criterio- fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros (causas L. 102.237 "Villate", sent. de 5-IV-2013; L. 117.687, "García", resol. de 22- X-2014 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
Igualmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, ya que cabe recordar que la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023).
También, conviene señalar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria salvo demostración de dicha anomalía sentencial (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020), no evidenciado -tampoco- sobre el tópico.
III.3. Por otro lado, el agravio vinculado con la forma en que el sentenciante de grado distribuyó la carga de la prueba no corre mejor suerte.
En ese contexto, es oportuno recordar que esta Corte ha dicho que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se quebranta cuando el juzgador, alterando aquellas reglas, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 116.063, "Peralta", sent. de 29-V-2013; L. 117.758, "Pío", resol. de 29-X-2014 y L. 128.478, "Cortez", resol. de 1-IX-2022), lo que no acontece en el presente caso.
Siendo así, deviene inatendible el cuestionamiento vinculado con la doctrina de las cargas probatorias dinámicas.
III.4. En cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 117.908, "Diani", resol. de 3-IX-2014; L. 118.046, "Ruggiero", resol. de 5-XI-2014 y L. 128.293, "Orbe", resol. de 4-VII-2022).
III.5. Tampoco puede prosperar el agravio dirigido a objetar el rechazo de la multa prevista en el art. 80 de la 20.744 (texto conf. ley 25.345).
Respecto de tal objeción, corresponde señalar -siguiendo, en sustancia, lo resuelto por esta Corte en los precedentes L. 117.357, "Genetti" sent. de 8-X-2014 y L. 117.524, "Fernández" sent. de 27-V-2015, entre muchos otros-, que tratándose de un supuesto de acumulación objetiva de pretensiones (arts. 15, ley 11.653 y 87, CPCC), y puesto que por esta parcela del reclamo el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el artículo 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), el intento recursivo sobre este tópico debe ser analizado dentro del marco definido en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley ritual del fuero.
Sentado lo expuesto, se advierte que no se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la citada norma, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020), puesto que los precedentes invocados por el recurrente no guardan correspondencia con las motivaciones del a quo que constituyeron factores esenciales de su decisión ni se trata de situaciones similares, atento su distinto contenido fáctico (causas L. 121.174, "Fariña", resol. de 17-X-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 130.769, "Corallini", y L. 130.639, "Guevara", resols. de 27-VI-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
A tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 (y modif.) -y dejando a salvo mi opinión expuesta en las causas L. 97.082, "Santisteban" (sent. de 30-III-2011) y L. 108.498, "Carabajal" (sent. de 22-V-2013), entre otras-, acompaño lo decidido en el punto III.5 por los colegas que me preceden en la votación
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que los planteos introducidos en el punto III. han sido insuficientemente fundados y el tratado en el III.5. no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/08/2023 21:29:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/08/2023 11:46:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/08/2023 15:32:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 13:40:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2023 14:03:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/08/2023 10:53:38 hs. bajo el número RR-975-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia