Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130019
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, rechazó la demanda promovida por Alicia Elisabet Balan contra Centro de Ojos Ituzaingó S.A. y Raúl Multiva, en concepto de indemnización por despido, la reparación por daño moral y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto de fecha 19-V-2022 y sentencia de fecha 15-VI-2022)
Para así decidir, valorando de modo conjunto los distintos elementos probatorios adunados a la causa, consideró que la naturaleza de la prestación de la actora como profesional médica para la institución demandada no respondió a una relación de dependencia laboral. Asimismo, tampoco tuvo por acreditada la existencia del daño psicológico denunciado en el escrito inicial.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 2-VIII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 27-X-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Cuestiona que el órgano de grado concluyó que entre las partes no existió una relación de trabajo.
En este marco alega absurdo en la valoración de la prueba. Objeta la ponderación que realizó el sentenciante de las declaraciones testimoniales y la idoneidad de los testigos. Manifiesta que el juzgador vulneró la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, se alza contra el rechazo del daño moral, calificando -también en este tópico- el fallo como absurdo y criticando la interpretación que realizó el sentenciante de la pericia psicológica.
Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su parte.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar -ante todo- que determinar si entre las partes medió un contrato de trabajo, dependiente o no, constituye una típica cuestión que no resulta revisable en la instancia extraordinaria, salvo que se alegue y además se demuestre que el tribunal de grado ha incurrido en absurda valoración de la prueba (causas L. 122.989, "Mogavero", resol. de 13-XI-2019; L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 129.661, "Manzella", resol. de 21-VI-2023).
Asimismo, tiene dicho esta Corte que para resolver la situación jurídica del profesional médico que presta servicios en un establecimiento, es imprescindible tener en cuenta los elementos de hecho presentes en cada caso, toda vez que vinculaciones de esta índole atraviesan zonas intermedias en las que resulta necesario desbrozar y despejar con nitidez los perfiles que definen la configuración del vínculo jurídico existente entre las partes (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 117.236, "Cassini", sent. de 29-IV-2015; L. 109.467, "Chiappalone", sent. de 24-VI-2015 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020).
Bajo tales lineamientos, también ha reiterado este Tribunal, que le corresponde al órgano judicial de grado, en una labor que es privativa, verificar las circunstancias que concurren en cada controversia a los fines de establecer la eventual existencia de las notas que caracterizan a la relación laboral, y su decisión no puede ser revisada en casación salvo que se demuestre la existencia del referido vicio invalidante (causas L. 122.040, "Severo Frers", resol. de 28-XI-2018; L. 122.166, "Marconcini", resol. de 8-V-2019 y L. 124.345, "Greco", cit.).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2.a. En ese sentido, reiteradamente se ha manifestado este Tribunal señalando que no deviene idónea para demostrar la existencia del mentado vicio la réplica de la recurrente que, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante, se limita a exponer un particular y personal punto de vista en orden a la apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, poniendo en evidencia su intención de disputarle al juzgador de mérito su privativa facultad de hacerlo (causas L. 112.839, "Borsella", sent. de 8-V-2013; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019 y L. 122.473, "Rimoldi", resol. de 18-IX-2019), pues no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurar el absurdo, desde que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema que debe ser eficazmente acreditada por quien la invoca (causas L. 117.961, "Gómez", resol. de 10-XII-2014; L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", cit.).
III.2.b. En el caso, la recurrente, efectuando un desarrollo de cómo entiende debieron analizarse cada uno de los elementos probatorios producidos, no cumple con la carga de demostrar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, sin rebatir frontal y eficazmente las motivaciones esenciales que estructuran el contenido del decisorio de origen.
III.2.c. Recuérdese, además, que los jueces de trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que proponen las partes a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el pronunciamiento, pues al prevalecer la apreciación en conciencia de las probanzas aportadas, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020).
III.2.d. También deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 122.912, "Scardilli", resol. de 18-IX-2019; L. 123.365, "Tunesi", resol. de 19-II-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.3. Asimismo, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III.4. Idéntico resultado adverso ha de correr el agravio dirigido a cuestionar el fallo en crisis en tanto desestimó el daño moral.
Al respecto, sin perjuicio de otras consideraciones, conviene señalar que la valoración de la prueba pericial constituye el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria salvo demostración de absurdo (causas L. 123.939, "Goitizolo", resol. de 29-VII-2020 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020), vicio no evidenciado -tampoco- sobre el tópico.
III.5. Por último, y sin perjuicio de la insuficiencia que porta el recurso respecto al escueto cuestionamiento que trae la interesada respecto de las costas, cierto es que esta Corte, en reiteradas oportunidades ha sostenido que su distribución e imposición, así como su eximición (total o parcial), constituyen atribuciones privativas del tribunal de trabajo y -por tanto- no son revisables en casación, salvo absurdo. Éste se configura si se invoca y demuestra una irrazonable o evidente iniquidad en las pautas utilizadas o la alteración de la calidad de vencido (causas L. 111.997, "Uribe", sent. de 9-IV-2014 y L. 118.555, "Ambrosio", resol. de 18-III-2015), presupuestos no verificados en los actuados.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2023 14:44:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2023 09:54:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2023 10:21:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:24:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:29:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:18:00 hs. bajo el número RR-1022-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia