Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129267
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2Denegar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el accionado, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por Juan Manuel Elicabe y condenó a Rodolfo Luis Martín al pago de la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. En cambio, la desestimó respecto de Remis Universitario S.R.L. (v. pronunciamiento de fecha 24-IX-2020).
Para así decidir, en primer lugar, juzgó acreditado que el actor se desempeñó en una relación de dependencia laboral a órdenes de Rodolfo Luis Martín -titular de un registro de remis- cumpliendo tareas de chófer o conductor de vehículo afectado al fin empresarial y en una jornada legal completa. Asimismo, señaló que el vínculo concluyó el día el 3 de abril de 2018 por despido directo injustificado de la patronal.
Por otro lado, también tuvo por probado que Elicabe había desplegado idénticas labores a órdenes de la codemandada Remis Universitario S.R.L. entre el 11 de enero de 2010 y hasta el 1 de agosto de 2011, relación que culminó por renuncia del trabajador.
Asimismo, señaló que el actor tampoco logró demostrar la cesión o transferencia del establecimiento en los términos del art. 229 de la Ley de Contrato de Trabajo, no verificándose que haya trabajado de forma ininterrumpida y sin solución de continuidad para ambas codemandadas, ni menos aún el fraude laboral invocado.
Luego, descartó que existiera responsabilidad solidaria de Remis Universitario S.R.L. en los términos del art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo y Rodolfo Luis Martin dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 14-X-2020 y 20-X-2020; respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo , el último de ellos, en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resoluciones del 15-X-2020 y 27-V-2022).
III.1. En la vía articulada por la parte actora, bajo la denuncia de absurdo, cuestiona la labor axiológica desplegada por los jueces de grado, en cuanto, primeramente, declinó la responsabilidad solidaria de la sociedad coaccionada Remis Universitario S.R.L., pues ello -afirma- lesiona las reglas de la carga probatoria.
Luego, en relación al codemandado Martin, se disconforma con la denegación de las multas contenidas en los arts. 8, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo, acusando un excesivo rigor formal por parte del sentenciante.
Asimismo, asegura que resulta absurda la conclusión del fallo en la que se tuvo por acreditado que el trabajador se desempeñó solamente en una jornada laboral de 8 horas.
Finalmente, cuestiona que no prosperaran los reclamos por diferencias salariales y el sueldo anual complementario.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. De modo preliminar, corresponde recordar que la determinación de si en un caso específico se configuran o no los presupuestos de la transferencia del establecimiento que tornen viable la aplicación de la solidaridad que para tal supuesto la legislación impone, constituye una típica cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria e irrevisable en casación, salvo que se demuestre que la decisión es absurda (causas L. 113.768, "Ponce", resol. de 11-V-2011; L. 112.842, "Romero", resol. de 9-XII-2010; L. 116.196, "Medina", resol. de 6-V-2015 y L. 121.217, "Loncon", resol. de 10-IV-2019).
Del mismo modo, se impone destacar que la evaluación de las circunstancias fácticas necesarias para la configuración de la situación contemplada por el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo constituye una típica cuestión de hecho y prueba, propia de los jueces de la instancia ordinaria, salvo que se configure la hipótesis de absurdo (causas L. 94.507, "Rodríguez Betelu", sent. de 15-IV-2009; L. 93.235, "Ercorena", sent. de 11-II-2009; L. 117.502, "Bayo", resol. de 30-IV-2014 y L. 129.830, "Scheffer", resol. de 27-VI-2023).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 115.148 "Fazzari", resol. de 26-X-2011; L. 117.891 "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.065 "Ferrari", resol. de 3-XII-2014 y L. 127.871, "Martínez", resol. de 7-III-2022), situación que -en el caso- el quejoso no logra demostrar, pues sólo pone en evidencia su pretensión de disputarle al tribunal del trabajo el ejercicio de la facultad de seleccionar y jerarquizar los instrumentos probatorios que la ley ritual le otorga, toda vez que, apartándose de la línea reflexiva que llevó a los jueces de grado a la decisión objetada, efectúa -de manera paralela- un nuevo análisis de los hechos y de los elementos probatorios según su propio y personal criterio valorativo, sistema que reiteradamente se ha considerado inhábil para evidenciar el mencionado vicio invalidante (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020 y L. 128.442, "Cirmi", resol. de 7-VI-2022).
Además, en lo vinculado a la valoración de la prueba testimonial, cabe recordar que ésta queda reservada a los jueces de la causa, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023), que, como se adelantó, el impugnante no logró demostrar.
Para más, deviene ineficaz para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la denuncia de infracción de normas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (causas L. 114.805, "Montiel", resol. de 28-IX-2011; L. 112.983, "Aragón", resol. de 1-XII-2010; L. 121.320, "Nayar", resol. de 11-VII-2018 y L. 129.503, "Lezcano", resol. de 22-XII-2022).
III.3.a. De igual manera, no es de recibo el reproche dirigido a cuestionar la declarada improcedencia de las multas de la ley 24.013 solicitadas por el accionante.
El desarrollo que contiene este tramo del recurso, a través de afirmaciones teñidas de dogmatismo, desencontradas de las concretas motivaciones brindadas por el juzgador de grado con relación al comprobado incumplimiento de los requisitos previstos en la legislación aplicable a los fines de la imposición de las multas previstas en la Ley Nacional de Empleo, sólo exterioriza la oposición del interesado y no resulta eficaz para descalificar tales definitorias conclusiones. Ello así, pues el impugnante a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos no logra evidenciar que las motivaciones expuestas en el fallo atacado luzcan apartadas de las constancias de la causa, o que el juzgador hubiera transgredido las normas que denuncia violadas.
Cabe recordar, en ese sentido, que reiteradamente esta Corte ha declarado que es insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir en forma concreta, directa y eficaz las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020 y L. 128.508, "Britos", resol. de 29-XII-2022).
III.3.b. Por último, no obsta a lo expresado la alegación de excesivo rigor formal, pues si bien es cierto que la interpretación de las normas procesales debe ser hecha en consonancia con su finalidad para evitar excesos incompatibles con el adecuado servicio de justicia (causas Ac. 82.685, "Palazzo de Rucci", sent. de 23-XII-2003 y L. 130.574, "Castaño", resol. de 30-V-2023), no lo es menos que la doctrina del exceso ritual no importa avalar ni respaldar comportamientos negligentes (causas L. 113.481, "Ulzurrum", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.712, "Pancani", resol. de 1-VI-2016; L. 122.577, "Serantes", resol de 5-VI-2019 y L. 128.700, "Giuliano", resol. de 1-IV-2022).
III.4. Tampoco pueden prosperar el resto de los agravios traídos por el recurrente.
III.4.a. Al respecto, tiene dicho esta Corte que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, referidas a la jornada laboral del trabajador, al análisis y establecimiento de conclusiones referidas al salario, así como determinar si le corresponde percibir alguna suma de dinero en concepto de diferencias salariales- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria salvo la cabal demostración de absurdo (causas L 108.100, "González", sent. de 13-XI-2012; L. 113.329, "Auzoategui", sent. de 20-VIII-2014; L. 116.884, "Contín", sent. de 3-XII-2014; L. 118.397, "Massigoge", resol. de 11-II-2015; L. 121.276, "Moyano", resol. de 20-XII-2017 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019; L. 128.508, "Britos", resol. de 29-XII-2022).
III.4.b. En el caso, el a quo -ejerciendo facultades que le son privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653)- evaluó los escritos constitutivos del proceso y la prueba aportada y producida en la causa y, sobre tales premisas, juzgó que ninguna probanza presentó el actor tendiente a acreditar los extremos denunciados.
III.4.c. Tales conclusiones, tampoco logran ser descalificadas por el recurrente, pues también en este tramo de su impugnación, la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 123.148, "Grecco", resol. de 27-V-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.644, "Shteinberg", resol. de 1-IX-2022).
En efecto, se advierte que el recurrente en modo alguno controvierte de forma frontal, concreta y eficaz la esencial motivación del fallo recurrido, en tanto, apartándose de la línea argumental de éste- desatendiendo así de su verdadero contenido y alcance- y siguiendo el hilo de su propio razonamiento, sólo exhibe su disconformidad con la decisión impugnada (causas L. 123.336, "Velazque", resol. de 13-XI-2019; L. 127.448, "Marconato", resol. de 29-XI-2021; L. 127.534, "Benitez", resol. de 13-XII-2021 y L. 129.558, "Martínez", resol. de 8-V-2023).
III.5. Aun cuando lo expuesto basta para sellar la suerte adversa de la impugnación, cabe señalar que -situándonos en la mejor hipótesis para la recurrente- el eventual silencio del demandado frente a los referidos reclamos del accionante en modo alguno implicaba que debiera necesariamente tenerse por probada la existencia de los incumplimientos denunciados, pues si bien es cierto que el silencio del empleador ante la intimación formulada por el trabajador relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo constituye una presunción en contra de aquél (art. 57, LCT), no lo es menos que se trata de una presunción iuris tantum que, en tanto tal, admite prueba en contrario (causas L. 73.921 "Gagliostro de Polimeni", sent. de 6-VI-2001; L. 101.721 "Luciano", sent. de 26-X-2011; L. 117.153 "Di Benedetto", sent. de 10-XII-2014 y L. 123.835, "Tiberio", resol. de 18-XII-2019).
III.6. Finalmente, el agravio vinculado con la forma en que el sentenciante de grado distribuyó la carga de la prueba no corre mejor suerte.
En ese contexto, es oportuno recordar que esta Corte ha dicho que el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial solo se quebranta cuando el juzgador, alterando aquellas reglas, impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.218, "Zaffaroni", resol. de 3-XII-2014; L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 128.478, "Cortez", resol. de 1-IX-2022 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023), lo que no acontece en el presente caso.
IV. El canal extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por el demandado Rodolfo Luis Martín tampoco puede prosperar.
En su presentación, invoca absurdo y las normas y doctrina legal que considera transgredidas. En lo sustancial, denunciando violación al principio de congruencia, controvierte la conclusión de grado en lo referido al encuadre convencional otorgado al accionante.
También objeta la mejor remuneración mensual, normal y habitual fijada en el fallo.
Por último, controvierte lo decidido por el tribunal de origen en torno al modo en que se extinguió el vínculo laboral.
IV.1. Liminarmente se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el órgano de grado insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 125.912, "Melgar", resol. de 12-II-2021), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 128.119, "Barragán", resol. de 4-VII-2022).
V.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativo a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020; L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.778, "Dubois", resol. de 23-II-2022).
V.3. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. de 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 130.106, "Heredia", resol. de 27-VI-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado V.3.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
2. Denegar el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por el accionado, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley cit.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/08/2023 14:44:40 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2023 09:54:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/08/2023 10:21:11 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:24:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:29:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:17:54 hs. bajo el número RR-1016-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia