Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130320
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Olavarría, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, por mayoría, hizo lugar a la demanda promovida por Norberto Oscar Buceta -hoy seguida por sus sucesoras Iris Raquel Díaz y Amparo Buceta- y, en consecuencia, condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 por la incapacidad derivada del accidente que protagonizó el trabajador día 27 de mayo de 2013, juzgando aplicable al caso las disposiciones del decreto 669/19 (v. pronunciamiento de fecha 22-IV-2022).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar, consideró que las partes se hallaban unidas por una relación de empleo público, no resultando de recibo los postulados esbozados en el escrito de inicio y que derivan de la consideración dependiente de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, consideró demostrado el siniestro padecido por el señor Buceta en ocasión del trabajo por el que juzgó debía ser resarcido, resultando de aplicación la ley del sistema de riesgos del trabajo.
II. Contra dicho pronunciamiento ambas partes deducen recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 5-V-2022 y 10-V-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resoluciones del 17-V-2022).
III.1. En la vía articulada por las legitimadas activas (v. presentación de 10-V-2022), las interesadas denuncian absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina que citan.
En lo sustancial, se agravian de que el a quo hubiera tenido por acreditada la existencia de una relación de empleo público entre las partes y, a partir de ello, rechazar las indemnizaciones derivadas del despido, reclamadas en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.
En ese sentido, alegan que después de un vínculo de veintisiete años si el juzgador no consideraba de aplicación el art. 245 de la citada ley, al menos debió ser indemnizarlo en los términos del art. 30 de la ley 10.430.
III.2. El recurso no prospera.
III.2.a. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, y de cuyo rechazo se agravia-, no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 115.569, "Bergna", resol. de 28-XII-2011; L. 117.738, "Steimberg", resol. de 27-V-2015; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 128.795, "Alborno", resol. de 7-VI-2022), por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y (causa L. 130.080, "Sposato", resol. de 11-VII-2023).
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
III.2.b. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las recurrentes ni siquiera han denunciado como vulnerada, respecto a los agravios que esgrime, doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 125.492, "Sartor", resol. 29-III-2021 y L. 130.101, "Alonso", resol. de 14-III-2023).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021 y L. 128.838, "García", resol. de 27-VI-2023).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley articulado por la legitimada pasiva (v. presentación de fecha 5-V-2022), se denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de las normas y la doctrina legal que cita, así como vulnerado el principio de congruencia.
En esencia, la interesada objeta que el a quo haya juzgado acreditado un vínculo de empleo público entre las partes, siendo que no existe un acto administrativo emanado de autoridad competente de donde surga el nombramiento de Buceta. En este sentido, asegura que se omite considerar que fue el propio accionante quien, en su escrito de inicio, alegó la existencia de una relación laboral en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Como fundamento de su réplica manifiesta que Buceta únicamente realizaba reparaciones eléctricas de pequeña envergadura, en las cuales los responsables de las sucursales de la entidad bancaria accionada lo contactaban ocasionalmente en forma directa a efectos de resolver inconvenientes diarios para poder continuar con la operatividad de la filial, siendo retribuido por cada uno de los trabajos que realizaba.
También objeta el modo en que el tribunal de origen interpretó los alcances del informe que elaboró el perito contador respecto de la facturación emitida por el actor.
Finalmente, invoca que, ante la inexistencia de relación, tanto de empleo público como privado, corresponde el rechazo de las prestaciones con sustento en el supuesto accidente laboral.
IV.2 El presente recurso tampoco prospera.
IV.3. En el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el capital de condena- tampoco excede el mínimo fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto ley 14.141-. En consecuencia, y como se adelantó al abordar el recurso introducido por la parte actora, la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla en el artículo 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.4.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas legales denunciadas por la quejosa en apoyo de su pretensión han sido elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020; L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021; L. 130.190, "Bisjarra", resol. de 21-VI-2023).
IV.4.b. En otro orden, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe recordarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.276, "Casco", resol. de 29-XI-2022).
IV.4.c. Finalmente, resta señalar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado IV.4.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021). (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021; L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021; L. 129.382, "Moura", resol. de 22-XI-2022 y L. 127.329, "Niz", resol. de 8-V-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2023 10:49:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/08/2023 12:12:07 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2023 16:24:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:26:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:33:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:19:57 hs. bajo el número RR-1069-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia