Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130094
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida Gustavo Damián Severini condenando a Chisap S.A. al pago de la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y a la entrega de las certificaciones de trabajo previstas en la citada norma. Por el contrario, la desestimó en cuento perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 24-X-2022 y aclaratoria de fecha 31-X-2022).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador. Ello así, pues en el contexto de las circunstancias fácticas en que se produjo y las características de la relación laboral, el único incumplimiento de la patronal demostrado en autos resultó desproporcionado e injustificado para disolver el vínculo laboral.
II. Contra la decisión de grado, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 7-XI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 30-XI-2022).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo y arbitrariedad e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo esencial, dirige su embate a censurar la conclusión del sentenciante de grado que tuvo por no justificado el despido indirecto en que se colocó el accionante. A tal efecto, sostiene que dicha decisión resulta absurda toda vez que, con las pruebas aportadas a la causa, se acreditó que parte de la remuneración que percibía el trabajador se encontraba sin registrar, que la jornada de trabajo era superior a la consignada en el fallo y que las horas extras que se abonaban no estaban registradas.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tenerlo por disuelto, y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada, no obstante haber sido denunciado el vicio invalidante.
En el caso, el sentenciante juzgó que el actor no acreditó que su empleadora hubiera abonado parte de su remuneración por fuera de lo consignado en sus recibos de haberes. Asimismo, indicó que teniendo en cuenta las tareas desempeñadas como chofer o ayudante, no resultaban de aplicación los adicionales convencionales que denunció percibir. Por el contrario, dado el horario de trabajo acreditado, considero que el actor devengó la suma descripta en la demanda y liquidada en la pericia contable en concepto de refrigerio.
Por su parte, también señaló que la desvinculación tuvo lugar por despido indirecto del trabajador con fecha 27 de mayo de 2020, luego de que la demandada le comunicara su reincorporación con motivo del acuerdo celebrado con el sindicato en la conciliación obligatoria en el contexto de la pandemia por Covid 19. Sin embargo, de los hechos invocados para decidir su distracto, el actor sólo probó la existencia de deuda por el pago del adicional "refrigerio" previsto por el convenio colectivo aplicable. Sin embargo, para el a quo , en el contexto de las circunstancias fácticas apunadas, el importe adeudado por aquel concepto no representó una injuria de tal entidad que habilitara al actor a considerarse despedido. Por lo tanto, juzgó desproporcionada e injustificada la decisión de disolver el vínculo de trabajo (art. 242 LCT).
III.3. Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que no se observa el error flagrante en la ponderación de los hechos y prueba de la causa, desde que la impugnación transita sobre la exposición de meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, formulando un análisis de los hechos según su propio criterio valorativo, y -esencialmente- reiterando cada uno de los argumentos vertidos en el escrito de demanda, lo que resulta estéril para rebatir el argumento central sobre el que se sustenta el fallo, esto es, que la conducta que el trabajador le imputó a la empleadora para considerarse injuriada y despedida no resulto de entidad suficiente para justificar la disolución del contrato de trabajo.
Al respecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
III.4. En particular, ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
III.5. En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación del quejoso se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar la prueba rendida, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/09/2023 12:07:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/09/2023 10:21:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/09/2023 13:15:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2023 13:31:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/09/2023 08:36:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/09/2023 15:21:43 hs. bajo el número RR-1113-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia