Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130288
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Carlos Ariel Lo Presti; Mariano Nicolás Lo Presti; Transporte Ariel y Bebu S.R.L., Transporte Nube y Ar S.A. y Romina Gisella Méndez por sí y en representación de su hijo menor de edad. En consecuencia, rechazó la demanda promovida por Marcelo Fabián Giudice, mediante la cual procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 15-XII-2022).
Para así decidir, apreciadas en conciencia las pruebas reunidas en la causa, consideró que el actor no logró acreditar la relación laboral de dependencia denunciada en el escrito de inicio contra los aquí demandados como así tampoco respecto del fallecido Cayetano Lo Presi.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-XII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 2-II-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 31-VIII-2023).
En su presentación alega arbitrariedad y la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
En sustancia, afirma que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las probanzas de autos -en especial de la documental e informativa- al juzgar no demostrada la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes. Asimismo, denuncia errónea apreciación de los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa y la transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Por otro lado, se agravia de la regulación de los honorarios profesionales, pues entiende que se ha superado el límite fijado en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.478, "Cortez", resol. de 1-IX-2022).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
III.2. Si bien el recurrente ha denunciado el referido vicio, el cuestionamiento expuesto no es hábil para demostrar su existencia.
En ese orden, el sentenciante de grado, tal como se anticipó, con apoyo en los elementos probatorios colectados en autos -principalmente mediante la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa y la documental acompañada por el actor- declaró que el accionante no logró acreditar la existencia de una relación de trabajo dependiente y subordinada con ninguno de los codemandados.
III.3. Tal conclusión no logra ser conmovida por el impugnante, pues si bien ha denunciado el vicio de absurdo, el cuestionamiento expuesto en el escrito recursivo no es hábil para demostrar su existencia, ya que las alegaciones formuladas no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración de dicho vicio (causas "Girimonti", resol. de 5-VI-2019; L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 126.986, "Giménez", resol. de 29-XI-2021).
De este modo, la argumentación que formula no exhibe otro sustento más que su disconformidad con la decisión de grado, señalando posibles deficiencias en la evaluación realizada por el sentenciante, pretendiendo esencialmente hacer prevalecer su opinión sobre la de aquel en lo que atañe a la facultad de interpretar las probanzas del proceso, método totalmente inapropiado para evidenciar el absurdo invocado (causas L. 126.316, "Schwindt", resol. de 20-X-2021 y L. 127.628, "Benítez", resol. de 28-XII-2021).
III.4. Cabe destacar, además, que las alegaciones que formula el recurrente, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016 y L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020), que -como se dijo- el interesado no logra demostrar.
III.5. Asimismo, no salva la insuficiencia de la impugnación la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que esta Corte tiene dicho que la duda a la que alude la citada norma es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juzgador al tiempo de dictar sentencia: por lo tanto, no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 118.188, "Calabresi", resol. de 15-X-2014 y L. 128.293, "Orbe", resol. de 4-VII-2022), tal y como acontece en el caso.
III.6. No mejor suerte ha de correr el planteo relativo a que la condena en costas ha superado el límite establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
En efecto, no se detiene el recurrente a explicar cuál sería el exceso que se habría configurado en relación al límite contemplado en el citado precepto, surgiendo indudable la ineficacia del agravio en tanto no ha cumplido con la carga de demostrar en qué consiste el error que atribuye a esta parcela del fallo (art. 279, CPCC).
Ello así, pues el interesado se limita a señalar que se traspasó el tope allí establecido, más ningún cálculo formula a fin de evidenciar la denunciada configuración del exceso, lo que prueba la orfandad de la crítica, pues corresponde a la parte que lo invoca -y no a esta Suprema Corte- demostrar que se ha transgredido el porcentaje establecido en la referida norma como límite a la responsabilidad por el pago de las costas procesales (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 104.960, "Morales", sent. de 30-V-2012 y L. 123.944, "Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:31:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:21:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:03:01 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:14:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:48:53 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:05:16 hs. bajo el número RR-1184-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia