Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130600
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda deducida por Gabriela Nicolasa Parente contra Néstor Cesar Berrutti, en cuanto pretendía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 7-XI-2022).
Para así decidir, valorando esencialmente los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa, juzgó que la actora no logró demostrar el elemental y sustancial punto de apoyo de su acción, cual es la existencia de una relación laboral invocada.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-XI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 16-XII-2022).
En su presentación, alega absurdo y cita las normas y la doctrina legal que considera vulnerada. En sustancia, se agravia de la conclusión a la que arribó el sentenciante de grado de tener por no probado el vínculo de trabajo denunciado en autos. Asimismo, refiere que el juzgador, se apartó de las reglas de la sana crítica e incurre en arbitrariedad en la apreciación de las pruebas, fundamentalmente la oral.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 130.215, "Rey", resol. de 11-VII-2023).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.2. En el caso, la impugnante no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 101.679, "Fioritti", sent. de 17-VIII-2011; L. 120.175, "Bravo", resol. de 8-II-2017 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), en tanto su argumentación se disipa en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el a quo y, en ese derrotero, no logra conmover la motivación sobre la que se estructura la decisión de grado, esto es, la inexistencia de una relación de trabajo entre las partes. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En este orden, conviene recordar que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que la formulación de su crítica se reduce -en rigor- a una simple divergencia de opinión con las motivaciones que inspiran el pronunciamiento de grado (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 122.101, "Girimonti", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Además, las alegaciones que formula, particularmente en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
Ello así, pues en razón del sistema de apreciación "en conciencia", la valoración de las declaraciones queda reservada a los jueces de origen y, ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que la interesada -como se dijo- no demostró (causas L. 120.145, "Valinoti", resol. de 7-XII-2016; L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022).
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
III.4. Por su parte, en lo relativo a la denuncia de infracción a la regla in dubio pro operario, corresponde aclarar que esta Suprema Corte ha declarado que la duda a la que alude el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo es un estado de ánimo que se produce -o no- en el juez al tiempo de dictar sentencia y por lo tanto, no resulta de aplicación tal principio si -como en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/09/2023 09:31:27 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2023 11:22:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/09/2023 17:03:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/09/2023 20:14:44 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/09/2023 08:48:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/09/2023 10:05:55 hs. bajo el número RR-1196-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia