Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129472
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Gustavo Bernardo Mingo y, en consecuencia, condenó a Bullblack S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral. Asimismo, hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por los codemandados Néstor Omar Cejas y Mariano Omar Cejas (v. pronunciamiento 13-V-2022).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el actor trabajó únicamente para la demandada Bullblack S.A. en el comercio que gira con el nombre de "Frigorífico 90" de la ciudad de Mar del Plata y que el contrato laboral nunca estuvo registrado.
Asimismo, concluyó que el vínculo se extinguió justificadamente por decisión del trabajador con fecha 8 de abril de 2019.
Luego, determinó las indemnizaciones correspondientes y sobre la suma resultante aplicó intereses desde la fecha en que cada suma fue debida y hasta la notificación de la demanda (19-XII-2019) a la tasa pasiva digital que el Banco Provincia de Buenos Aires paga en sus operaciones de depósito a plazo fijo a 30 días vigentes en los distintos periodos de aplicación (art. 770 inc. "b", CCCN). Seguidamente, dispuso que el importe resultante de esa acumulación de capital más intereses, devengue el mismo tipo de interés moratorio referido hasta el 20 de abril de 2022.
II. Contra dicho pronunciamiento, Bullblack S.A. interpone recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 30-V-2022), los que fueron concedidos por el a quo (v. resol. de 6-VI-2022).
III.1. En la primera de las vías interpuestas, denuncia la violación del art. 171 de la Constitución provincial, así, alega que los jueces que componen el tribunal no cumplieron con el procedimiento establecido en el art. 47 in fine de la ley 11.653. Por otra parte, asegura que fueron vulnerados los derechos de defensa del codemandado Néstor Omar Cejas en la audiencia de vista de la causa.
III.2. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020; L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.092, "Mink", resol. de 4-X-2022).
En ese marco, y sin perjuicio de otras consideraciones, la argumentación formulada resulta improcedente, desde que los agravios vinculados a supuestas irregularidades cometidas en el acta de audiencia de vista de la causa, remiten al análisis de cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia definitiva, y, como tales, extraños a la vía establecida en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial (causas L. 118.720 "Villalba", resol. de 27-V-2015; L. 117.734 "Latorre", sent. de 1-VII-2015; L. 114.397 "Perrota", sent. de 14-X-2015; L. 119.136, "Roldan", resol. de 2-III-2016 y L. 120.988, "Martínez Vera", resol. de 25-IX-2019).
Importa agregar, además, que no constituye tema que pueda someterse a juzgamiento a través del canal extraordinario de nulidad, la acusación de la impugnante vinculada al presunto quebranto de garantías de raigambre constitucional (causas L. 106.409, "Di Yorio", sent. de 8-V-2013; L. 117.924, "Caballero", resol. de 16-VII-2014; L. 124.771, "Ruiz", resol. de 21-IX-2020 y L. 128.412, "Florentín", resol. de 4-VII-2022).
III.3. Finalmente, el fallo se encuentra fundado en expresas disposiciones legales (causas L. 122.167, "Bizzanelli", resol. de 24-IV-2019; L. 124.835, "Gavilán González", resol. de 16-X-2020 y L. 126.589, "González", resol. de 5-V-2022).
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denuncia violación al principio de congruencia y absurdo en la interpretación de las comunicaciones telegráficas.
Luego, se agravia de que haya tenido por desistida de la prueba pendiente de producción respecto del codemandado Néstor Omar Cejas.
Por otra parte, considera que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la apreciación de las pruebas documental, testimonial y confesional, así como también que tuvo en consideración elementos que fueron expresamente negados por su parte.
Por otra parte, impugna los rubros indemnizatorios que prosperaron los que, entiende, fueron establecidos sin criterio ni fundamento en ley o jurisprudencia alguna.
Finalmente, refuta la fecha de inicio de cómputo de los intereses moratorios que fueron acumulados al capital.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso, y más allá de lo expuesto por la recurrente en el punto III.e. de su impugnación- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por el monto del capital de condena más la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses acumulados que fijo el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que postula la recurrente-no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.781, "Mora" y L. 125.785, "Bordoy", resols. de 17-II-2021).
IV.2.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que, a través de la cita de doctrina legal, el interesado trae a análisis, en definitiva, cuestiones de hecho y prueba -como son aquellas vinculadas al envío y recepción de las piezas postales, la decisión relativa al modo en que se produjo la extinción de la vinculación laboral y la forma y modo como han sido liquidados los rubros indemnizatorios que prosperaron- ajenas a la revisión casatoria por el indicado carril (causas L. 125.962, "Monsalvo", resol. de 10-V-2021; L. 127.681, "Maluendez", resol. de 10-II-2022 y L. 127.709, "Lusarreta", resol. de 11-II-2022).
Por lo demás, sabido es que la doctrina legal sobre el vicio de absurdo resulta carente de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo supra referido (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018; L. 124.450, "Sandoval", resol. de 30-VI-2020 y L. 128.586, "Arana", resol. de 15-VI-2022).
IV.2.b. Igualmente inhábil resulta la doctrina legal que se denuncia vulnerada referida al principio de congruencia, cuyo examen, como reiteradamente ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del mencionado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020; L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021 y L. 128.564, "Ponce", resol. de 29-VI-2022).
IV.2.c. Por lo demás, cabe recordar que no constituye doctrina legal, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 127.788, "Sansiviero", resol. de 23-II-2022).
IV.3. Finalmente, respecto al agravio dirigido a atacar la fecha de inicio del cómputo de los intereses que fueron capitalizados al capital, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral local se impone nítida, desde que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de los agravios propuestos en la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 127.799, "Avellaneda", resol. de 29-VI-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en apartado IV.2.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 22/09/2023 10:51:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/09/2023 11:08:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/09/2023 16:38:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:27:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:31:18 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:34:33 hs. bajo el número RR-1227-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia