Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129420
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda deducida por Sergio Matías Ledesma contra Eurotecno S.A. y Gestión Laboral S.A. a quienes condenó a pagar la suma que especificó en concepto de salario del mes de marzo del año 2016, proporcional del haber de abril de 2016, aguinaldo proporcional primer semestre 2016, vacaciones proporcionales año 2016 y sanción prevista en el art. 53 ter de la Ley 11.653. Por el contrario, la desestimó en cuanto perseguía el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, "Ad extraor UOMBRA", diferencias salariales y las multas de los arts. 2 de la ley 25.323; 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo y 45 de la ley 25.345 (v. pronunciamiento de fecha 27-V-2022).
Para así decidir, el a quo tuvo por probado que el actor trabajó en la firma Eurotecno S.A. a través de una contratación de personal temporal con la empresa Gestión Laboral S.A. Juzgó, sin embargo, que el reclamante no había podido demostrar las irregularidades que le dieron motivo para considerarse despedido. Esto es, la diferencia de categoría invocada, el horario extendido por sobre la jornada legal de trabajo y el pago de parte del salario sin registrar.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 13-VI-2022), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción que contempla la norma del artículo 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. resolución del 24-VI-2022).
En su presentación denuncia la violación de las normas y la doctrina legal que cita.
En lo esencial, reprocha la conclusión a la que arribó el juzgador de grado vinculada con la disolución del vínculo laboral. En ese sentido, reputa vulnerado el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, pues alegada por el empleador la existencia de un contrato de trabajo eventual, el a quo debió atribuirle a éste -y no al actor- la carga de la prueba que justifique dicha modalidad contractual. En ese marco, asegura que el trabajador no tenía la obligación de demostrar las irregularidades denunciadas en el intercambio epistolar, justificativas del despido indirecto en los términos del art. 242 de la ley 20.744.
Afirma, además, que la decisión atacada es fruto de una absurda valoración de las comunicaciones postales, los escritos constitutivos de la litis y de las probanzas y constancias de la causa. Asegura que el fallo viola el principio de congruencia.
Asimismo, cuestiona la desestimación de las multas contenidas en los arts. 2 de la ley 25.323, 10 y 15 de la Ley Nacional de Empleo y 80 de la ley 20.744.
Agrega que, entre las diversas infracciones incurridas por el sentenciante, prescindió irrazonablemente de ponderar los efectos procesales de la confesión ficta de las demandadas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 130.128, "Gómez", resol. de 1-VIII-2023), hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020; L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.284, "Silvero", resol. de 21-VI-2023).
III.2. Realizado el examen conforme los lineamientos anteriormente enunciados, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado desde que, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas -como son, la definición en torno a la naturaleza, condiciones y modalidad en que se desenvolvió el vínculo, la evaluación de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del contrato de trabajo, así como determinar las circunstancias de su extinción y el progreso de las multas previstas en los arts. 2 de la ley 25.323, 10 y 15 de la ley 24.013, y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo- asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 113.453, "Fritz", resol. de 3-VIII-2011; L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020 y L. 129.792, "Durandal", resol. de 15-II-2023).
Sumado a ello, los precedentes jurisprudenciales que se citan en el recurso aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.115, "Gaita", resol. de 24-IX-2014; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018 y L. 127.133, "Matos", resol. 20-X-2021).
Por lo demás, cabe recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 129.265, "Rodríguez", resol. de 3-XI-2022).
III.3. Finalmente, tampoco se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional cuando se traen a consideración agravios vinculados a cuestiones estrictamente procesales, como lo son las relativas a la distribución de la carga de la prueba y a la infracción del principio de congruencia, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo en el que se examina la impugnación traída (causas L. 120.013, "Quilodran", resol. de 15-XI-2017; L. 120.040, "Salto", sent. de 3-V-2018; L. 119.551, "Ruiz Acevedo", sent. de 21-VI-2018; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia y al cuestionamiento vinculado a la carga de la prueba que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncalves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:02:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 10:28:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/10/2023 14:11:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 09:25:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/10/2023 11:34:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/10/2023 13:36:30 hs. bajo el número RR-1262-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia