Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129063
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.063, "Gómez, Rubén Darío contra Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la acción entablada e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento del 31-III-2022).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 19-IV-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda interpuesta por Rubén Darío Gómez contra el Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad, en cuanto reclamaba el pago de indemnización por antigüedad y sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones del año 2018, diferencias salariales devengadas entre diciembre de 2017 y mayo de 2018, horas extraordinarias por el período comprendido entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, sanción del art. 15 de la ley 24.013, multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), y recargo indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. En cambio, rechazó las horas extraordinarias reclamadas por el período comprendido entre enero de 1999 y abril de 2016, la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) y las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 10 de la ley 24.013. A las sumas de condena, ordenó la aplicación de intereses según la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días. Asimismo, con sustento en el art. 770 inc. "b" del Código Civil y Comercial dispuso la capitalización de los intereses devengados desde el 1 de junio de 2018 hasta el 29 de noviembre de 2018, y sobre tal base capitalizada, los devengados desde la notificación de la demanda hasta la fecha de la sentencia. Luego, a partir de que el pronunciamiento quedara firme y hasta su efectivo pago, estableció la aplicación de la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuentos comerciales a treinta días.
Para así decidir, en el veredicto estableció que no fue materia de controversia la existencia del vínculo laboral habido entre las partes ni que la demandada hubiera estado sujeta a una intervención judicial entre enero de 2018 y noviembre de 2019.
Luego, en cuanto al salario percibido por el trabajador, puntualizó que si bien el dictamen contable presentado daba cuenta de que los libros laborales de la demandada eran llevados en debida forma legal, resultaba "contundente y asombroso" que el oficio contestado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 96/108 informara que Gómez cobró normal y habitualmente remuneraciones mensuales muy superiores a las registradas, alcanzando la mejor durante el último año de la relación laboral a la suma de $33.450.
Con relación a la fecha de inicio de la vinculación, refirió que los testigos Marchesi, Vasconi y Rodríguez fueron convincentes cuando declararon que el actor trabajaba en y para el sindicato demandado desde antes del año 2006, que es el que figuraba en los registros laborales. En este sentido, dijo el sentenciante que el primero de los testigos referidos fue asertivo cuando manifestó que ingresó a trabajar para el sindicato en febrero de 2006 y el actor ya estaba laborando allí. En tanto que Vasconi, según precisó, manifestó haber compartido tareas esporádicas para la demandada con el actor, quien se vinculó con aquella desde el año 2002. Por su lado, refirió que Rodríguez declaró haberlo visto en tareas de custodio de "los Balcedo" en el sindicato desde el año 2002. Consecuentemente, atento al juramento prestado en la demanda y lo normado en el art. 39 de la ley 11.653, tuvo por cierto que el actor ingresó a trabajar para la accionada el 1 de enero de 1999, tal como se denunció en el escrito de inicio.
A continuación, con sustento en el dictamen contable, el informe bancario de fs. 96/108 y la ausencia de prueba en contrario, tuvo por probado que a partir de diciembre de 2018 inclusive, la accionada redujo sustancialmente la remuneración del promotor del pleito, pagándole solo la que figuraba en los recibos de sueldo y libros laborales.
En lo tocante a las horas suplementarias, expresó el órgano a quo que los testigos Marchesi, Vasconi y Landini fueron nuevamente convincentes en cuanto al hecho de que Gómez trabajaba en exceso de la jornada normal de cuarenta y ocho horas semanales. Sin perjuicio de ello, sostuvo que, dada la naturaleza de la actividad laboral de aquel, sus distintos horarios y puestos de trabajo y cierta parcialidad de los declarantes, estos habían sido imprecisos y contradictorios en relación a la extensión de la jornada. Respecto de los dos últimos años de trabajo del actor hasta el inicio de la intervención de la entidad sindical, estableció el tribunal de grado que el testigo Marchesi se mostró convincente en cuanto a las jornadas extendidas "...en el diario hoy, 'en espejo' con el actor, esto es una semana alterna cada uno...". En lo atingente a estos dos últimos años, tal testimonio -indicó- resultaba apto para descalificar las otras declaraciones. De allí que tuvo por cierto que hasta la fecha de la intervención del sindicato demandado en el mes de enero de 2018 y durante los dos años anteriores a la extinción del contrato de trabajo del actor, este trabajó de lunes a sábados de 07:00 a 00:00 hs., como denunció en la demanda, aunque semana por medio. Ello arrojaba -dijo- un total de ciento ocho horas extraordinarias mensuales, de las cuales veintidós horas debieron remunerarse al 100% y ochenta y seis al 50% (art. 201, LCT). Asimismo, concluyó que mediante el testimonio de Marchesi se acreditó que a partir de la intervención del sindicato ya no se trabajaron horas suplementarias.
Concerniente al modo de extinción del contrato de trabajo, el órgano de origen arribó a la conclusión de que la relación se disolvió por despido indirecto dispuesto por el trabajador el 1 de junio de 2018. Al respecto, sostuvo que si bien la demandada negó la autenticidad y recepción de las comunicaciones postales que el actor le remitió, no se produjo informe del Correo y las supuestas hojas de seguimiento de fs. 3 y 7 -aseveró- carecían de todo valor probatorio. Sin perjuicio de ello, detalló que la accionada en su responde reconoció la configuración del despido indirecto, y alegó -y acreditó- haber respondido las dos intimaciones efectuadas por el actor. Con los telegramas obrantes a fs. 2, 6 y 9 y las cartas documento de fs. 10, 12 y 63/65, tuvo por cierto que el dependiente, con fecha 15 de mayo de 2018 intimó a la demandada a fin de que le brindara tareas, registrara correctamente la relación laboral, abonara diferencias de haberes y horas extraordinarias, bajo apercibimiento de considerarse despedido; y que, ante el silencio de la empleadora hizo efectivo su apercibimiento el 1 de junio de 2018 e intimó el pago de las indemnizaciones correspondientes, y -asimismo- transcurridos treinta días del distracto intimó la entrega del certificado de trabajo y constancia de pago de "cargas sociales (aportes y contribuciones)". La respuesta de la empleadora a la primera intimación fue remitida el 1 de junio de 2018 y recibida el 6 de junio de 2018 (v. fs. 64/65). En este orden, descartó -a la par- el abandono de trabajo invocado por la empleadora, toda vez que cuando esta, conforme a las comunicaciones postales que acompaña, comenzó a configurar tal ruptura, ya se habían puesto en evidencia sus graves incumplimientos contractuales y cuando pretendió extinguir la relación, la misma ya estaba resuelta.
Por otro lado, consideró no acreditado que el actor comunicara a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la intimación de correcto registro que le hiciera a la demandada, pues manifestó que no se produjo informe al respecto y que la constancia de fs. 5 se hallaba despojada de toda eficacia probatoria. Tampoco juzgó probado que la accionada omitiera ingresar a las instituciones respectivas las retenciones de haberes del actor con destino a la seguridad social ni la entrega del certificado de trabajo previsto en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345), porque -adujo- la documentación de fs. 66/69 no reunía los requisitos y contenido que dispone la norma aludida.
En la etapa de sentencia, en lo que resulta relevante, el órgano jurisdiccional de mérito entendió que la significativa posdatación del vínculo, así como la drástica reducción de las remuneraciones mensuales del actor y la contumacia en el desconocimiento de esenciales obligaciones puestas en evidencia a tenor de las circunstancias que se tuvieron por probadas en el veredicto, constituyó injuria suficiente para justificar el despido indirecto dispuesto por el trabajador en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo. Consecuentemente, acogió el reclamo por los rubros indemnizatorios y salariales ya detallados.
Asimismo, toda vez que tuvo por probado que desde el mes de diciembre de 2017 la empleadora redujo injustificadamente la remuneración normal y habitual que percibía el trabajador, declaró -con fundamentos en los arts. 66 y 103 de la Ley de Contrato de Trabajo- la procedencia de las diferencias respectivas hasta mayo de 2018 inclusive.
En otro orden, sostuvo que, no obstante se demostró que aquel trabajó habitualmente en exceso de la jornada ordinaria, correspondía hacer lugar a la defensa de prescripción opuesta por la accionada respecto a las devengadas hasta mayo de 2016 (art. 256, ley cit.). En cambio, estableció no prescripta la acción respecto de las horas extraordinarias trabajadas a razón de veintidós mensuales al 100% y ochenta y seis al 50% (art. 201, ley cit.), por lo que declaró procedente esta parcela del reclamo por tal concepto.
Seguidamente, atento que -según consideró- el despido indirecto se produjo dentro de los plazos previstos en el art. 15 de la ley 24.013, respecto a la intimación de correcta registración, determinó el acogimiento de la pretensión amparada en dicho precepto. De igual modo, desde que -según dijo- el actor intimó tan oportuna como infructuosamente, el pago de las indemnizaciones correspondientes al despido y la entrega de su certificado de trabajo hizo lugar a las sanciones previstas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345).
II. Contra el fallo de grado, la parte demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia infracción de los arts. 44 incs. "d" y "e" y 63 de la ley 11.653; 384 del Código Procesal Civil y Comercial, y de la doctrina legal sobre los principios de primacía de la realidad, buena fe, dispositivo y de congruencia procesal. Asimismo, alega violación de la doctrina legal atingente a cuestiones prejudiciales. También invoca absurdo en la valoración de las probanzas.
Los agravios ensayados pueden sintetizarse del siguiente modo.
II.1. Cuestiona el quejoso la valoración de la prueba testimonial efectuada por el tribunal de origen.
Aduce que, sin hacer aclaración alguna, aquel otorgó plena validez a las manifestaciones de testigos que poseen juicio pendiente con la demandada, por idéntico objeto y fundados en los mismos hechos causales, a cuyo fin detalla las causas y los tribunales ante los cuales tramitan.
Sostiene que las declaraciones prestadas son parciales y contradictorias, y que no obstante el órgano de grado prácticamente basó la decisión en ellas.
Considera que los testimonios carecen de eficacia probatoria.
II.2. En cuanto a la fijación de la fecha de ingreso del actor, invoca que el a quo utilizó de modo incorrecto lo dispuesto en el art. 39 de la ley 11.653.
En este sentido, destaca que luego de indicar lo dicho por los testigos Marchesi, Rodríguez y Vasconi, y de referirse al juramento prestado en la demanda, dispuso aplicar la citada norma procesal.
Asegura que ninguno de los deponentes ubicó el inicio de la relación laboral en la fecha denunciada por el actor, esto es, el 1 de enero de 1999, de modo que -afirma- resulta de aplicación la doctrina legal que establece que las presunciones a favor de las afirmaciones del trabajador sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral consagradas en los arts. 55 de la Ley de Contrato de Trabajo y 39 de la ley 11.653, ceden cuando los datos que resultan de las constancias probatorias de la causa desvirtúan la aplicación de tales normas. A tal fin, cita las causas L. 76.749, "Alonso" (sent. de 16-VII-2003); L. 82.199, "Haller" (sent. de 30-III-2005) y L. 82.788, "Martínez" (sent. de 27-XII-2006). En este orden, sostiene que es el interesado quien debe demostrar que media absurdo en la apreciación de los elementos probatorios considerados por el tribunal de grado.
En este marco, recuerda que la presunción establecida en el art. 39 de la ley 11.653 no resulta absoluta, y debe estarse a las circunstancias de la prueba.
Remarca que para el a quo no se halló controvertido que el dictamen pericial estableció que los libros eran llevados en debida forma, y que los testigos poseen procesos pendientes con la accionada, sin que ninguno de ellos pudiera dar -siquiera- una misma fecha de ingreso respecto del actor. Asimismo, destaca que uno de los testigos dijo que prestaba labores para "los Balcedo".
Sostiene que en tales condiciones no puede decirse que el actor ingresó en la fecha indicada en la demanda ni que prestaba labores para el sindicato, desde que -en rigor- Gómez trabajaba para la "familia Balcedo".
II.3. Se queja de la conclusión con arreglo a la cual se concluyó que el trabajador laboraba horas extraordinarias.
En este aspecto, apunta que en el mismo veredicto se afirma que los testigos no fueron convincentes sobre tal cuestión. No obstante, sin perjuicio de hacer lugar a la excepción de prescripción, resolvió condenar a la accionada a abonar tal concepto.
Asegura que este tramo de la decisión impugnada es portador de una anomalía intrínseca, en tanto se aparta de uno de los principios fundamentales de la lógica, como es el de no contradicción: las declaraciones no pueden ser y no ser convincentes a la vez.
El fallo de los hechos dice que los testigos son convincentes, pero párrafo seguido los tacha de incongruentes por la actividad del actor, sus diferentes horarios y sus puestos de trabajo. Además -enfatiza- ratifica la parcialidad de los declarantes y denuncia que son imprecisos y contradictorios. En este orden, plantea que la sentencia de grado viola la doctrina legal emergente de las causas L. 92.043, "Isoardi" (sent. de 5-XI-2008) y L. 116.961, "Rajoy" (sent. de 13-XI-2013).
En definitiva, argumenta que el tribunal de grado decidió tener por ciertas las horas extraordinarias a partir de una única declaración, la cual además de estar tachada de parcial y contradictoria, refiere la realización de labores para otro empleador.
II.4. Controvierte la remuneración que se tuvo por probada ante la supuesta existencia de pagos no registrados.
Manifiesta que conforme la entidad sindical demandada fue denunciando en autos, mediante el expediente identificado como FLP 2436/2015/27 de actuaciones complementarias seguida en autos "S.O.E.M.E. y otros s/ inf. art. 303 y asoc. ilícita", en trámite por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal de La Plata n° 3, el magistrado interviniente, el doctor Ernesto Kreplak, emitió con fecha 29 de enero de 2018 sentencia ordenando la intervención del Sindicato de Obreros y Empleados de la Educación y la Minoridad (SOEME), suspendiendo en el ejercicio de sus funciones estatutarias a la totalidad de las autoridades integrantes de los órganos de gobierno, administración y fiscalización de aquel.
En consecuencia, indica que en virtud de un resolutorio de fecha 2 de febrero de 2018, dictado en los mencionados autos, el Cuerpo Colegiado de Intervención Judicial asumió el cargo de interventores, iniciando las pertinentes tareas de fiscalización, administración y gobierno.
Por lo expuesto, denuncia que el sindicato encaró en un proceso de regularización y una exhaustiva auditoría, a los efectos de normalizar su funcionamiento y detectar las irregularidades y situaciones anómalas objeto de investigación.
Destaca, a su vez, que, sin perjuicio de las fechas señaladas, las sedes centrales de la entidad sindical permanecieron formalmente clausuradas y bajo custodia de gendarmería durante las veinticuatro horas del día, desde el 6 de enero de 2018 hasta el 6 de febrero de 2018.
Afirma que recién a partir de esta última fecha, la intervención tomó formal posesión del cargo, dando comienzo -con posterioridad- al proceso de auditoría mencionado, integrando para tal fin y de manera paulatina, diferentes grupos de profesionales de diversas materias; y de manera, también gradual, comenzó a reincorporarse al propio personal del sindicato.
Resalta que la intervención, desde el momento de la toma de posesión, se encontró con una entidad sindical prácticamente despojada de constancias documentales, tanto producto del propio allanamiento oportunamente ordenado por la justicia federal, en el marco de la causa ya mencionada, como del vaciamiento del que habría resultado objeto con anterioridad a la actuación directa de la justicia.
Asegura que, desde el inicio de la auditoría integral correspondiente, fue necesario recuperar y/o reconstruir los elementos necesarios para avanzar con la tarea encomendada. Al mismo tiempo, comenzar a atender el gran cúmulo de reclamos de diversa índole instrumentados en telegramas, cartas documentos, requerimientos de diversos organismos, etcétera.
En ese marco, manifiesta que la autoridad a cargo de la intervención judicial, al tomar conocimiento de la existencia de la intimación del actor, procedió a responderla con base en los datos objetivos recabados hasta el momento por la auditoría iniciada, rechazando y/o desconociendo todo aquel que no guardara correlación con los verificados en la documentación relevada a tales efectos.
Alega que el sindicato registró a Gómez por las labores que prestaba bajo su órbita, no así por servicios prestados por fuera del negocio jurídico celebrado con la demandada, por resultar inoponibles.
Al respecto, refiere los fragmentos del fallo en los que se hace alusión a tareas prestadas para el "diario Hoy" y la "familia Balcedo".
Arguye que los pagos no registrados y la situación descripta ponen en evidencia que existió una desviación de fondos que resulta inoponible a la accionada y que será motivo de su denuncia en el expediente criminal.
II.5. Se agravia de la definición por conducto de la cual el órgano de origen consideró verificada la injuria motivante del despido indirecto.
Plantea que el despacho en crisis señala como injurias, las faltas en la registración del vínculo y la reducción del salario concretada a partir de la entrada en vigencia de la intervención judicial considerando que para que se las entienda configuradas debe cumplirse el requisito de causalidad, es decir, la relación causal entre el autor del hecho y la falta imputada.
En principio, indica que el sindicato no es ni fue nunca la "familia Balcedo" y tampoco el "diario Hoy", por lo cual tampoco generó el negocio jurídico que permita vincularlos.
De allí que -concluye- el hecho q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.