Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por la señora Valeria Silvana Marque y condenó al señor Leonardo Daniel Florio al pago de la suma que especificó en concepto de sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales y la multa contenida en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. La rechazó, en cambio, en cuanto procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y demás rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 12-XII-2022 y 13-XII-2022, respectivamente).
Para así decidir, valorando las pruebas producidas en la causa, estimó que el vínculo laboral concluyó en los términos previstos por el art. 241 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, por voluntad recíproca y concurrente de ambas partes quienes hicieron abandono de la relación laboral al no demostrar interés alguno en la prosecución de la misma.
Luego, señaló que la trabajadora no logró comprobar haber realizado tareas propias de una categoría laboral distinta a la que se encontraba registrada, ni percibir una remuneración superior a la consignada en sus recibos de haberes.
Por otro lado, declaró improcedente la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabaj al juzgar no acreditado que el empleador hubiera omitido depositar los importes que fueran retenidos del salario de la trabajadora.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 1-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 2-II-2023).
En su presentación, alega absurdo y arbitrariedad en la valoración de la prueba.
En primer lugar, y en torno de la fecha de ingreso y remuneración percibida por la trabajadora, le objeta al juzgador que no hubiera aplicado la presunción prevista en el art. 39 de la ley 11.653, puesto que el accionado acompañó en forma incompleta la documentación requerida. Al efecto, controvierte la ponderación efectuada sobre la prueba, en particular de las declaraciones testimoniales y la pericia contable.
Además, impugna que el tribunal haya considerado que el vínculo laboral se extinguió en los términos del art. 241, último párrafo, de la Ley de Contrato de Trabajo y que desestimara la sanción prevista en el art. 132 bis de la citada ley.
III. El recurso no prospera.
III.1. A los fines del tratamiento del remedio traído, corresponde invertir el orden de los cuestionamientos ensayados.
III.2.a. De modo liminar, cabe observar que el agravio dirigido a cuestionar la decisión del tribunal de grado en cuanto juzgó que el vínculo laboral se extinguió en los términos del citado art. 241 de la ley 20.744, no resulta atendible.
Corresponde señalar, ante todo, que interpretar y valorar el intercambio postal, los escritos constitutivos, las pruebas producidas y evaluar la conducta de las partes en la fase previa a la rescisión del contrato de trabajo, así como determinar las circunstancias de su extinción y -en suma- como finalizó, constituyen típicas cuestiones de hecho ajenas por regla a la casación, salvo absurdo (causas L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013; L. 117.292, "Cincotta", resol. de 5-VI-2013; L. 121.123, "Etcheverry", resol. de 18-IV-2018 y L. 123.939, "Goitisolo", resol. de 29-VII-2020).
Tal vicio no es eficazmente evidenciado en el recurso deducido, pues las alegaciones que trae la interesada en modo alguno abastecen la carga de demostrar, a través de una concreta argumentación, la efectiva acreditación del error grosero y manifiesto, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa configurativas del absurdo (causas L. 118.372, "Rotolo", sent. de 29-III-2017; L. 118.503, "Piazze", sent. de 7-III-2018; L. 119.966, "Diehl", sent. de 3-V-2018 y L. 128.739, "Gómez", resol. de 10-XI-2022).
III.2.b. En efecto -como se reseñó supra -, el a quo evaluó los elementos probatorios aportados a la causa en orden a establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del vínculo laboral, y juzgó verificado que éste se perfeccionó en los términos del art. 241 -último párrafo- de la ley 20.744. Lo hizo, considerando no sólo los escritos constitutivos del proceso, sino también el comportamiento recíproco y concluyente de las partes y la actitud pasiva asumida por éstas. De esta manera, entendió que los comportamientos omisivos de la trabajadora, que se abstuvo de prestar servicios y de exigir el cumplimiento del pago de la remuneración, como los del empleador de no requerir esa prestación, conllevaron inequívocamente la intención de abandonar la relación laboral, pues en verdad no existen constancias que demuestren que entre mediados de octubre de 2018 y marzo de 2019 la actora haya trabajado o formulado reclamo alguno, ni que el demandado hubiera requerido el cumplimiento de tareas.
Estas esenciales conclusiones del órgano judicial de grado no logran ser descalificadas por la recurrente, por cuanto las alegaciones que formula no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre cómo debieron apreciarse los hechos y las probanzas agregadas a la causa, lo cual -conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En otro orden, también debe indicarse que la apreciación de las circunstancias fácticas -en el caso, referidas a la fecha de ingreso y remuneración de la trabajadora- y la valoración de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso, constituyen facultades privativas de los tribunales de trabajo, excluidas en principio de la revisión extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causa L. 115.833, "Burattini", sent. de 26-VI-2013; L. 121.309, "Fourcade", resol. de 15-VIII-2018 y L. 122.473, "Rimoldi", resol. de 18-IX-2019).
Es dable advertir, que lejos de controvertir frontal y eficazmente las conclusiones a las que arribó el tribunal de origen sobre la base de la valoración de los elementos de juicio adquiridos en la causa (esencialmente, la prueba oral, contable e informativa), la interesada se limita a verificar el asunto desde otra perspectiva, a partir de una crítica afincada en la discrepancia que plantea con relación al valor que le asigna a las probanzas de autos, tratando de lograr ante esta sede judicial modificar el pronunciamiento, sin siquiera evidenciar que el razonamiento del a quo se encuentre viciado por absurdo. Ello revela, sin más, su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado.
III.4. Asimismo, cabe destacar que las alegaciones que formula la compareciente, en relación a la diversa significación que el tribunal debió atribuir a las declaraciones brindadas por los testigos en la audiencia de vista de la causa, en modo alguno resultan aptas para evidenciar el vicio lógico denunciado.
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.984, "Flynn", resol. de 15-IX-2021), que, en el caso, como se anticipó, no logró demostrarse.
Vale añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
III.5. Tampoco resulta atendible el planteo mediante el cual la recurrente pretende hacer cobrar virtualidad a la presunción establecida en el art. 39 de la ley 11.653, puesto que el tribunal de grado no basó su convicción, respecto de la remuneración y la categoría desempeñada, en la declaración jurada allí establecida, sino en el análisis razonado de la prueba colectada en la causa, por lo que, permaneciendo inalterables las motivaciones esenciales sobre las que se sustenta el pronunciamiento de grado, pierde virtualidad la crítica que ensaya la compareciente al respecto.
En este aspecto, dable es recordar, que las presunciones iuris tantum a favor de las afirmaciones de la trabajadora sobre los hechos que debieron consignarse en la documentación laboral de la accionada y la inversión del onus probandi consagrada en la citada norma, ceden ante las conclusiones que resultan de las diferentes constancias probatorias de la causa (causas L. 93.355, "Bonanno", sent. de 23-VII-2008; L. 118.206, "Apa", resol. de 8-X-2014; L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.6. Finalmente, la crítica que gira en torno a la desestimación de la sanción prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo no puede tener favorable recepción; pues a través de escuetas manifestaciones la recurrente plantea -en forma subjetiva- su objeción a la decisión de grado, mas no se encarga de aportar ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar el razonamiento desplegado por el tribunal, transformando su impugnación en una contraposición de criterios que no resultan idóneos a los fines del recurso deducido (causas L. 90.105, "Romero", sent. de 28-9-2005; L. 94.963, "González", sent. de 26-11-2008; L. 110.785, "Dinápoli", sent. de 14-8-2013; L. 116.941, "G., P.A.", sent. de 15-7-2015; L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-11-2016 y L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/10/2023 13:30:28 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/10/2023 12:24:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/10/2023 10:06:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:10:54 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 08:56:01 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/10/2023 11:05:27 hs. bajo el número RR-1339-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia