Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130249
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo N° 3 del Departamento Judicial La Matanza hizo lugar, parcialmente, a la demanda deducida por Roberto Carlos Ledesma y condenó a Pablo Ariel Cano Ponte a pagar la suma que indicó en concepto de haberes adeudados, sueldo anual complementario, vacaciones, el recargo indemnizatorio del art. 53 ter de la ley 11.653, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción conminatoria del art. 132 bis prevista en esta última ley. En cambio, rechazó los reclamos tendientes al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y la multa del art. 2 de la ley 25.323 (v. vered. y sent. de fecha 22-VIII-2022).
Para así decidir, en lo que resulta esencial por ser materia de agravio, juzgó que el accionante no acreditó que los incumplimientos laborales, imputados al empleador, tuvieran la magnitud necesaria para habilitarlo a denunciar el contrato de trabajo con justa causa.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación 1-IX-2022), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 14-X-2022), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de 24-VIII-2023).
III. En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, bajo la denuncia de una aparente omisión de cuestión esencial, el impugnante objeta la valoración de cuestiones de hecho y prueba llevadas a cabo por el sentenciante. Concretamente, alega transgresión del principio de congruencia, en cuanto tuvo por no probada la jornada de trabajo denunciada en la demanda y consecuentemente el cumplimiento de las horas extras que la propia accionada reconoció al contestar la acción.
Por lo demás, estima que el pronunciamiento carece de la debida fundamentación.
III.1. El recurso, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, no puede prosperar.
III.2. Sabido es, que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial, únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021 y L. 129.595, "Palenzona", resol. de 10-IV-2023).
III.3. En la especie, la impugnación no puede subsumirse en ninguno de los señalados supuestos.
III.3.a. De la simple lectura de la sentencia en crisis y de los términos de la impugnación contra ella deducida, fácil resulta advertir que el interesado, bajo la denuncia de la supuesta omisión de cuestiones esenciales, en rigor de verdad dirige su crítica a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento propio del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
Resta señalar que también son asuntos ajenos al remedio en examen la denuncia de violación de garantías consagradas en la Constitución nacional y la supuesta transgresión del principio de congruencia derivada de eventuales decisiones ultra petita o errores in iudicando (causas L. 127.874, "Chelia", resol. de 1-IV-2022 y L. 129.394, "González", resol. de 10-IV-2023).
III.3.b. Finalmente, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020; L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021 y L. 129.219, "Barbuto", resol. de 5-XII-2022).
IV. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el compareciente denuncia absurdo en la valoración de la prueba y dirige su crítica a objetarle al sentenciante su decisión de haber condenado al empleador al pago de la sanción conminatoria del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo sólo hasta la fecha de la interposición de la demanda.
Por otro lado, cuestiona que se tuviera por no acreditada la injuria invocada como justificativa del despido indirecto, como así también el rechazo de las horas extras reclamadas en el líbelo de inicio.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Liminarmente se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 125.843, "Aguirre", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 125.826, "Veinticinco", resol. de 17-II-2021).
IV.3.a. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto de todas la argumentaciones y cuestionamientos dirigidos a objetar la forma en que el juzgador de grado calculó la sanción prevista en el art. 132 bis de la ley 20.744, desde que la doctrina traída por el recurrente, en apoyo de su pretensión, no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 121.174, "Fariña", resol. de 17-X-2018; L. 122.363, "Del Negro", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.499, "Cabrera", resol. de 16-VI-2020).
IV.3.b. Por otro lado, y en relación a los restantes agravios, tampoco se observa el supuesto de excepción previsto en el art. 55 de la ley 11.653, desde que mediante la denuncia de violación de doctrina legal el recurrente trae a consideración cuestiones de índole fáctico, como lo son aquellas vinculadas a las circunstancias en las que se desenvolvió y extinguió el vínculo laboral (puntualmente las relativas a la jornada laboral y la existencia y apreciación de la injuria legitimante del despido). Cuestiones éstas -como es sabido- detraídas de revisión en el estrecho marco cognitivo del remedio procesal intentado (causas L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018; L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019 y L. 121.381, "Abagnale", sent. de 31-VIII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad a lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2023 11:59:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2023 10:04:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:09:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 16:29:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2023 08:53:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/10/2023 10:26:55 hs. bajo el número RR-1371-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia