Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130322
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Ramiro La Frossia condenando a Santiago Rafael Martínez Larrea al pago de la suma que especificó en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales al año 2017. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía la percepción de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 6-XII-2022).
Para así decidir, por mayoría, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó el trabajador.
II. Contra dicha decisión, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 26-XII-2022), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 2-II-2023).
En su presentación alega absurdo en la valoración de la prueba. Cita las normas y doctrina legal que considera violadas.
En primer lugar, cuestiona que el juzgador tuviera por no acreditada la injuria alegada como causal de despido.
Luego, dirige su crítica a objetar la conclusión del fallo en torno a la fecha de inicio de la relación laboral, las tareas desempeñadas por el actor, la duración de sus jornadas de trabajo y la remuneración percibida.
Por otro lado, cuestiona el rechazo de las multas previstas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
III.2. Luego, luce infructuoso el planteo de inconstitucionalidad del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, rectius : 278, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, y a propósito de los argumentos desplegados por el impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
III.3. Realizado el examen conforme los lineamientos enunciados, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del primer y segundo agravio traído, desde que el quejoso trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, como son, aquellas vinculadas a las circunstancias en las que se desenvolvió y extinguió el vínculo laboral (puntualmente las relativas a la fecha de inicio del contrato de trabajo, las tareas desempeñadas, la jornada laboral, la remuneración y la existencia y apreciación de la injuria legitimante del despido), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 118.595, "Machado", resol. de 9-IX-2021 y L. 127.700, "Guinea", resol. de 10-II-2022).
Luego, importa destacar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
III.4. Además, corresponde advertir que no se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando los precedentes traídos se encuentran relacionados con la supuesta alteración de las reglas del onus probandi y la interpretación de preceptos de carácter adjetivo, como lo es el art. 39 de la ley 11.653 (causas L. 121.519, "Gómez", resol. 6-VI-2018; L. 121.631, "Sosa", resol. de 27-II-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 128.903, "Lineros", resol. de 19-IX-2022).
III.5. Por otro lado, en cuanto a los restantes cuestionamientos traídos, vinculados a las multas de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323 y 80 de la ley 20.744, el interesado prescinde de citar como transgredida doctrina legal de esta Suprema Corte a su respecto, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020; L. 127.018, "Flores", resol. de 26-IV-2022 y L. 129.043, "Rubira", resol. de 19-IX-2022).
En ese sentido, cabe recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia (causas L. 118.616, "Tisseira", resol. de 13-V-2015; L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.514, "Pardo", resol. de 26-IX-2018 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/10/2023 11:59:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 23/10/2023 10:04:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 00:09:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/10/2023 16:29:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/10/2023 08:53:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/10/2023 10:26:56 hs. bajo el número RR-1372-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia