Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130141
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
2Remitir estos actuados al Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata a los fines establecidos en la presente resolución.
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
El señor Juez doctor Soria, dijo:
I. En el caso, el señor Juan Carlos Torres promovió demanda contra los cónyuges Marta Nélida Berón y Eduardo Vargas, mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de carácter laboral, denunciando prestación de tareas como peón rural a sus órdenes (v. escrito de 2-VIII-2021).
Contestada la acción únicamente por la señora Berón (v. escrito de 12-X-2021), el Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, decretó la rebeldía del señalado codemandado (v. pronunciamiento de 20-X-2021). Más adelante, se presentó el letrado de la parte actora y, tras denunciar el fallecimiento del colegitimado pasivo declarado rebelde, solicitó se intime a la parte demandada a denunciar los datos de los herederos correspondientes (v. escrito de 3-III-2022), siendo efectivizado el requerimiento el 8 de marzo de 2022 (v. escrito de 14-III-2022 y providencia de 15-III-2022).
En ese contexto, la Presidenta del Tribunal Laboral citó a estar a derecho a Marta Elizabeth Vargas, a Eduardo Abel Vargas y a Norma Susana Vargas, en el carácter de sucesores universales del demandado fallecido Eduardo Vargas, bajo apercibimiento de ley (art. 53 inc. "5" del CPCC), decisión que fue notificada (v. archivos adjuntos de 22-IX-2022, 25-IX-2022 y 27-IX-2022), siendo informada como devuelta la cédula dirigida sólo respecto de Marta Elizabeth Vargas (v. cédula adjuntada el 25-IX-2022).
II. Así las cosas, se presentó la coheredera Norma Susana Vargas y planteó incidente de nulidad de todo lo actuado a partir del decreto de rebeldía de su difunto padre, alegando su falta de anoticiamiento (v. escrito del 29-IX-2022) y el tribunal de grado lo desestimó (v. resol. de 6-X-2022).
Resolvió de esta manera por entender que, en el caso, pese a que no se observaba cometida irregularidad alguna en el trámite del diligenciamiento de la notificación del traslado de la demanda, la incidentista no hubo de cumplir con los requisitos de admisibilidad exigidos por la norma legal para obtener la declaración judicial de invalidez del acto atacado, sobre el particular, el momento de toma conocimiento del acto cuya nulidad pretendió.
III. En fecha 14 de noviembre de 2022, la Presidenta del Tribunal abrió la causa a prueba, proveyendo los medios probatorios ofrecidos por los sucesores universales en sus contestaciones de demanda, acto que fue atacado mediante revocatoria por la parte actora alegando la transferencia a los sucesores de la declaración de rebeldía dictada sobre el señor Néstor Vargas (v. escrito de 15-XI-2022), impugnación que fue acogida por el tribunal de grado, quien dejó parcialmente sin efecto el auto de apertura a prueba (v. resol. de 17-XI-2022).
La señora Norma Susana Vargas, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Rafael Luena, dedujo reposición contra las providencias dictadas el 14 y 17 de noviembre de 2022 y, contra lo decidido el 6 de octubre de 2022. Asimismo, en subsidio, presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ocasión en que denunció su anoticiamiento en forma espontánea respecto de la última de las decisiones reseñadas, atento no haber sido formalmente notificada de la decisión que rechazó el incidente de nulidad de notificación señalado (v. escrito de 23-XI-2022).
A su turno, el sentenciante de mérito rechazó la revocatoria incoada (v. resol. de 28-XI-2022) y, con posterioridad, desestimó el remedio extraordinario con fundamento en la carencia de la nota de definitividad del pronunciamiento puesto en tela de juicio (v. resol. de 14-XII-2022), dando lugar a la articulación de la presente queja por la señora Norma Susana Vargas (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 28-XII-2022).
En la vía deducida de modo directo ante esta sede, la interesada cuestiona el decreto de inadmisibilidad del recurso extraordinario deducido y aduce que lo resuelto en materia de nulidad de actuaciones, en razón de la naturaleza y la entidad de la garantía de defensa en juicio que se encuentra controvertida, permite ser revisado en instancia extraordinaria de casación. Denuncia que la decisión del Tribunal se afinca en una afirmación arbitraria: asevera que una resolución dictada en el marco de un incidente de nulidad sería irrecurrible, ante la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, por no ser sentencia definitiva, principio general que reconoce excepciones, como en la especie.
IV. La queja prospera.
IV.1. De inicio, corresponde poner de resalto que en numerosos precedentes de aristas similares esta Corte ha entendido, por mayoría que he integrado, que si bien los pronunciamientos que tienen por no contestada la demanda y declaran perdido el derecho a hacerlo no constituyen -en principio- sentencia definitiva o equiparable a tal en los términos de los arts. 278 y 296 del Código Procesal Civil y Comercial, ya que tales decisiones no ponen fin al pleito ni impiden su continuación (causas Ac. 84.846, "Soveny", resol. de 05-VI-2002 y Ac. 87.467, "C., L.I.", resol. de 11-VI-2003; e.o.), tal criterio ha de ceder cuando -como en el sub iudice - la decisión que lo contenga o que por sus efectos lo confirme traiga aparejado un perjuicio de insusceptible reparación ulterior, no pudiendo soslayarse la particular significación que reviste la falta de contestación de demanda en tanto puede incidir en el resultado final del pleito.
Es ésta, por otra parte, la tesis que en supuestos análogos al presente siguiera la Corte Suprema de la Nación al ingresar al conocimiento del recurso extraordinario interpuesto contra la decisión de la Cámara que revocó el pronunciamiento de grado que había desestimado la revocatoria contra el auto que tuvo al letrado por presentado, parte y por interpuestas las excepciones, y ordenó el desglose del escrito presentado por aquél. En dicho precedente, sostuvo el Alto Tribunal que la decisión atacada puede ser equiparada a definitiva si concurre un supuesto de privación de justicia que afecta en forma directa al derecho de defensa en juicio, ocasionándole al demandado un perjuicio de imposible reparación ulterior, pues éste carecerá de otra oportunidad procesal para hacer valer sus derechos (cfr. CSJN, causa C.1649.XXXVI, in re "Carosella", sent. de 20-III-2003, Fallos 326:697).
Pues bien, en la especie, arguye la interesada que la resolución impugnada la coloca en estado de indefensión, causándole un irreparable perjuicio, impidiéndole estar a derecho y esgrimir en estos autos ningún tipo de defensa, no existiendo otra oportunidad procesal para hacerlo valer.
De allí que en el caso debe equipararse a una sentencia definitiva en los términos de los arts. 278 -último párrafo- y 281 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653) lo resuelto el día 6 de octubre de 2022.
IV.2. Asimismo, corresponde memorar que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, debe interponerse ante el tribunal que la dictó dentro del plazo perentorio de diez días, contados a partir de la notificación respectiva (arts. 279, CPCC, 55 y 63, ley 11.653; causas L. 110.871, "Rossanigo", resol. de 7-VII-2010; L. 116.548, "Monzón", resol. de 18-IV-2012; L. 118.659, "Ontiveros", resol. de 13-V-2015 y L. 119.867, "Di Biasi", resol. de 24-V-2016).
En razón de lo señalado y en la medida que no surge de las constancias de autos actividad jurisdiccional alguna tendiente a notificar a la interesada en forma expresa (personal o por cédula) el pronunciamiento impugnado o, en su caso, conocimiento inequívoco del mismo por la parte demandada antes de la interposición del recurso extraordinario, cabe concluir que el escrito mediante el que se instrumentó su presentación se observa temporáneo (arts. 135, inc. 12 y 16, ley 11.653; causas Ac. 58.533, "Pietrovito", sent. de 31-III-1998; Ac. 84.619, "Caja de Seguridad Social para Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 9-XII-2004; Ac. 92.798, "Sandoval", resol. de 15-XII-2004; Ac. 95.562, "Beltrame", resol. de 25-IV-2007 y L. 123.902, "Balbuena", resol. de 15-XI-2020) a tenor de la notificación espontánea -coincidente con la presentación de fecha 23 de noviembre de 2022- por lo que, cabe concluir, corresponde hacer lugar a la queja traída.
IV.3. Finalmente, no obstante, se ha manifestado la interposición subsidiaria del libelo recursivo, lo cierto es que de la lectura de aquel escrito se advierte que el intento recursivo cuenta con fundamentación autónoma a los fines de su admisibilidad (art. 279, Cód. cit.; cfr. doctr. L. 114.906, "Ramos", resol. de 2-XI-2011; Ac. 99.517, "Ose", resol. de 14-II-2007; L 115.946, "Obregón", resol. de 11-VII-2012; L. 122.726, "Aballay", resol. de 27-V-2020 y L. 128.130, "Bazán", resol. de 22-XII-2022).
IV.4. En consecuencia, más allá de lo que con posterioridad se resuelva sobre la procedencia de los agravios fundantes del recurso incoado, se hace lugar a la queja traída y se declara mal denegado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, el que en estos términos se concede (art. 292, CPCC, art. 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022; art. 63, ley 11.653).
V.1. Pasando a verificar el cumplimiento de la carga prevista en el art. 280 del Código de forma, se advierte que al interponer la impugnación extraordinaria la recurrente, tras impugnar la validez constitucional de las normas instrumentales que regulan la exigencia a cumplir con un depósito previo para recurrir (art. 56, de la ley 11.653 y 280 del Código Procesal Civil y Comercial) solicitó el inicio de un incidente de beneficio de litigar sin gastos a fin de ser eximida de dicha carga (v. presentación electrónica del 23-XI-2022).
V.1.a. En relación a la carga prevista en el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial, en cuanto a los planteos formulados con respecto a tal exigencia -peticionando su inaplicabilidad o inconstitucionalidad-, cabe observar que este Tribunal tiene dicho, reiteradamente, que la misma no conculca derechos o garantías constitucionales pues, de acuerdo con el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución de la Provincia, la Corte conoce de este recurso con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas Ac. 98.938, "Morena", resol. de 8-VII-2008; Ac. 105.470, "Banco Patagonia Sudameris", resol. de 10-XII-2008; C. 119.022, "U., N. A.", resol. de 6-IV-2016; C. 120.941, "Mihanovich", resol. de 26-X-2016; C. 121.498, "Dos As Servicios Agropecuarios S.A.", resol. de 28-VI-2017 y C. 123.625, "De los Santos", resol. de 11-III-2020).
Asimismo, también se ha resuelto que tal carga económica no vulnera las garantías de defensa en juicio, ni de la igualdad ante la ley (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1957-II-182; 1957-IV-254; 1958-II-435 y 1959-I-526; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
En tal sentido se ha juzgado que el mencionado recaudo no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiera considerarse contraria a la Constitución, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentran en las mismas condiciones (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1959-III-198; 1960-IV-489; Ac. 92.929, resol. de 20-IV-2005; Ac. 98.938; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
Además, el derecho de defensa sólo exige que se oiga a las partes en la forma y oportunidad prescriptas por la ley y su ejercicio puede ser reglamentado por las normas de procedimiento a fin de hacerlo compatible con el análogo de los demás litigantes y con el interés social de obtener una garantía eficaz (conf. doctr. "Acuerdos y Sentencias", 1964-I-389; Ac. 98.938, Ac. 105.470, C. 119.022; C. 120.941 y C. 123.625, cits.).
V.1.b. Sentado ello, cabe señalar que, en relación al momento de promoción de la mentada franquicia para su consideración en el marco de aquel recaudo de admisibilidad, esta Corte extendidamente ha referido a la doctrina emergente de la causa "Rojas" (C. 103.495, resol. de 22-VI-2011).
Sin embargo, lo resuelto por la Corte Federal en el expediente "Club de Regatas Bella Vista Asoc. Civil c/ Gutiérrez Guido Spano, Alejandro s/ reivindicación" (sent. de 27-XI-2018, Fallos: 341:1704) fruto de la lectura de los arts. 78 y 280 del CPCC -y al que por razones de brevedad remito-, me lleva a descartar el criterio que se inclina por exigir que al tiempo de interponer el recurso de inaplicabilidad de ley debe hallarse promovida la solicitud de la concesión del beneficio de litigar sin gastos. Razones de economía procesal me conducen a tal definición, en armonía con la tesitura adoptada por este Tribunal en la causa C. 123.030 "Garaicochea" (res. int. de 19-II-2020).
V.2. Teniendo en vista el mencionado camino emprendido por la impugnante en relación con el beneficio de litigar sin gastos, cabe señalar que este Tribunal ha establecido en el precedente registrado como Ac. 84.210 ("Crozzoli, Mirta c/ Alexandre, Alfredo s/ Escrituración. Rec. de queja", resol. de 28-VIII-2002) y los que siguieron su doctrina, que en tales supuestos corresponde constatar el resultado del respectivo incidente en un plazo prudencial, que se fijó en tres meses por considerarlo razonable para el desenvolvimiento de los trámites necesarios en la obtención de la franquicia (doctr. causa Ac. 84.210, cit.).
Así, deviene conducente reenviar los actuados al órgano anterior en grado a fin de que, dentro del marco del art. 281 del Código mencionado reencauce el control del requisito de admisibilidad faltante (doctr. causa C. 119.405, "Viviendas 18 de Julio II etapa", resol. de 20-V-2015 y L. 123439, "Candau", resol. de 4-VIII-2020).
En tal línea, colocada la parte impugnante en la tesitura de obtener el beneficio de litigar sin gastos y sortear el aludido recaudo (art. 280, CPCC), en la instancia de grado habrá de notificársele la intimación pertinente, dándole el lapso referido a fin de la acreditación del otorgamiento definitivo de la franquicia invocada y luego comprobar su cumplimiento, constatando el resultado del respectivo trámite en el plazo de tres meses fijado por esta Corte en el antecedente ya señalado (causa C. 122.570, "Riccillo", resol. de 19-IX-2018 y L. 123.439, cit.).
Completo el requerimiento, devuélvase el expediente a esta sede. En el supuesto de proceder a la declaración de deserción de la vía, póngase en conocimiento a este Tribunal, a fin de dar de baja las actuaciones en los registros del Sistema Augusta.
El señor juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan adhieren, por los fundamentos que expone, al voto del doctor Soria.
El señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero al voto de mi distinguido colega doctor Soria dejando a salvo mi opinión en lo relativo a lo resuelto en el punto IV., en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por los jueces preopinantes, en tanto refleja el criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art.292 del CPCC; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20; art.63, ley 11.653).
2. Remitir estos actuados al Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata a los fines establecidos en la presente resolución.
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 09:27:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2023 10:38:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:23:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:01 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 10:04:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2023 11:02:52 hs. bajo el número RR-1406-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia