Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130840
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora rechazó íntegramente la acción promovida por Horacio Ariel Aranda contra Carlos Alberto Besseghine en concepto de indemnización por despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 15-V-2023).
Para así decidir, y tras valorar en conciencia la prueba producida en la causa, desechó la tesis esgrimida por la parte actora en la que se denunciaba la existencia de una relación de dependencia laboral entre las partes.
II. Frente a lo así resuelto, el actor dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VI-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 8-VI-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. En sustancia, cuestiona la forma en que el sentenciante distribuyó la carga de la prueba. Invoca violados los arts. 9 y 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Alega absurdo y cita las normas y la doctrina que considera vulnerada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.938, "Martin", resol. de 21-VIII-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 129.209, "Galperín", resol. de 5-XII-2022).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.2. En el caso, el sentenciante -con apoyo en los elementos de juicio obrantes en la causa- consideró no acreditada la existencia de una subordinación técnica, jurídica ni económica entre las partes, y que, en cambio, había quedado demostrada la existencia de un contrato de locación de obra.
III.3.a. Esta esencial conclusión del fallo no logra ser conmovida por el recurrente, pues sus críticas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020), de ese modo sus argumentaciones se disipan en un reproche que tan sólo traduce una mera discrepancia subjetiva con el criterio seguido por el tribunal de grado. Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.030, "Vieyra", resol. de 21-VIII-2020 y L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020).
III.3.b. Igualmente, corresponde destacar que no resulta hábil el cuestionamiento afincado en la ponderación de la prueba oral, pues la valoración de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa queda reservada a los jueces de grado, y ello así, tanto en lo que concierne al mérito como en lo relativo a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo, que el interesado no logra acreditar (causas L. 114.635, "Enrique", resol. de 17-VIII-2011; L. 119.849, "Rojas", resol. de 4-VIII-2016 y L. 128.469, "Areco", resol. de 21-VI-2023).
III.3.c. Por otro lado, en cuanto a la denuncia de transgresión al art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, sabido es, que no resulta de aplicación la regla in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 121.554, "Pique", resol. de 26-IX-2018; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
III.4. Asimismo, el impugnante tampoco evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que, conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 124.364, "Benavidez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por lo demás, este Tribunal tiene dicho que queda desvirtuada la presunción iuris tantum que surge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, si la prueba producida demuestra -como concluyó el a quo - que las tareas prestadas no lo fueron en relación de dependencia (causas L. 119.376, "Struggibinetti", resol. de 11-V-2016; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), definición esta última que -a tenor de lo dicho- no ha resultado conmovida.
III. 5. Finalmente, cabe agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causas L. 122.268, "Carzoglio", resol. de 27-II-2019 y L. 121.938, "Martín", resol. de 21-VIII-2019), supuesto no comprobado en la especie.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 09:27:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2023 10:38:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:23:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 10:04:28 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2023 11:04:15 hs. bajo el número RR-1425-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia