Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130226
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el señor Mario Gilberto Zanetti y, en consecuencia, condenó a Refinería Bahía Blanca S.A.U. a pagar la suma que estableció en concepto de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el agravamiento resarcitorio del art. 52 de la Ley 23.551, a la vez que le ordenó entregar al trabajador el certificado de servicios y remuneraciones y constancias de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social y sindical en los términos y alcances que dispone el citado art. 80 y las resoluciones 2.316 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 601 de la Administración Nacional de la seguridad Social (ANSES).
Por el contrario, la desestimó en cuanto procuraba el cobro de las diferencias en el pago de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas de los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013 y las sanciones previstas en los arts. 275 de la ley 20.744 y 53 ter de la ley 11.653 (v. pronunciamiento de fecha 24-XI-2022).
Para así decidir, tuvo por probada la existencia del contrato de trabajo que unió al actor con la demandada el que se extinguió por despido directo sin causa dispuesto por la empleadora, habiendo percibido Zanetti los rubros indemnizatorios y salariales en concepto de liquidación final.
En lo que interesa destacar por ser materia de agravio, estableció -con sustento en la prueba producida- la mejor remuneración normal y habitual para el cálculo de la indemnización prevista en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y, sobre tal base, juzgó no probado que existieran diferencias relacionadas con la extinción del vínculo a favor del trabajador.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-XII-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 19-XII-2022).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas en el pronunciamiento de grado.
En primer lugar, asegura que la base salarial utilizada por el juzgador para desestimar las diferencias salariales e indemnizatorias peticionadas en la demanda es fruto de una absurda valoración de la prueba rendida.
Asimismo, cuestiona que se hubiera desestimado la imposición de la sanción establecida en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, las multas contempladas de los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013 y el rechazo del incremento del art. 53 ter de la ley 11.653.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, prescinde de establecer, respecto de todos los agravios que invoca, cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ante esta instancia, sin que las genéricas alegaciones que porta el recurso al respecto logren satisfacer, en modo alguno, la exigencia que pesa sobre la parte recurrente.
Así entonces, incumplió el interesado con la carga procesal de acreditar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que permitiría su estudio sin las limitaciones derivadas de aquel extremo cuantitativo; falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017; L. 125.335, "Rocha Rattel", resol. de 12-II-2021; L. 129.821, "Grande", resol. de 27-II-2023 y L. 129.838, "Saavedra", resol. de 17-IV-2023).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022).
III.2. En ese contexto, y en relación a los cuestionamientos dirigidos a impugnar la decisión de grado en orden a la base salarial considerada a los fines de establecer las diferencias salariales e indemnizatorias y el rechazo de las multas establecidas en los arts. 2 de la ley 25.323 y 9 de la ley 25.013, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que los planteos que porta el recurso importan la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 119.375, "Del Río", resol. de 11-II-2016: L. 121.487, "Figueroa Infante", resol. de 12-IX-2017; L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021 y L. 129.417, "Giacomin", resol. de 19-IX-2022).
De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por el impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021).
Asimismo, sabido es que tampoco resulta hábil para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la doctrina definitoria del vicio de absurdo (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018; L. 122.426, "Carloni", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022).
III.3. Respecto de las objeciones dirigidas a impugnar el rechazo de las sanciones previstas en los arts. 53 ter de la ley 11.653 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 118.020, "Flores", resol. de 20-VIII-2014; L. 118.292, "Nieva", resol. de 20-XI-2014; L. 118.350, "Studer", resol. de 18-III-2015; L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021 y L. 128.489, "Domínguez", resol. de 29-VI-2022).
III.4. Por lo demás, no es idónea la mera cita de doctrina legal que trae el recurso (v. págs. 2 y 3) y que incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, de explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 113.789, "Mauceri", resol. de 18-IV-2011; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 119.957, "Bellani", resol. de 7-IX-2016; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021 y L. 128.680, "Montivero", resol. de 13-VII-2022).
III.5. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 130.536, "Lo Nano", resol. de 20-IX-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/10/2023 09:27:47 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/10/2023 10:38:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/10/2023 10:23:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 09:30:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/11/2023 10:04:20 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/11/2023 11:02:56 hs. bajo el número RR-1409-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia