Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130169
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por el señor José Adrián Uruzuna contra Automóvil Club Argentino en cuanto perseguía el cobro de los rubros indemnizatorios derivados del despido (v. pronunciamiento de 24-X-2022).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que el actor mientras cumplía tareas para su empleadora agredió a un compañero propinándole golpes con un martillo en la cabeza ocasionándole lesiones de tal gravedad que debió ser hospitalizado, sin que exista probanza alguna en la causa que demuestre que ambos trabajadores hubieran participado de una riña, tal y como se había denunciado en el escrito de demanda.
En consecuencia, concluyó que la conducta desplegada por el accionante constituyó una injuria de entidad suficiente para fundar legítimamente la decisión del demandado de extinguir el contrato de trabajo (art. 242, LCT).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 26-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 1-XI-2022).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, censura la decisión en torno a la apreciación de la injuria. En ese orden, alega, esencialmente, que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente las declaraciones testimoniales rendidas en la audiencia de vista de causa.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que la apreciación del material probatorio, la valoración de la conducta asumida por las partes en la fase previa a la rescisión del vínculo contractual, y lo atinente acerca de la existencia o la entidad de la injuria en las causales invocadas que justifiquen la extinción de dicho vínculo, constituyen materias reservadas a los jueces de grado. Las conclusiones que en ejercicio de dichas atribucioneséstos formulen no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo que se acredite la existencia de una absurda apreciación de los hechos y las pruebas de la causa, o que se demuestre que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley exige (art. 242, LCT; causas L. 116.578, "Olivan", sent. de 13-XI-2013; L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015 y L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio pues las consideraciones desarrolladas en su embate sólo exhiben argumentos que pretenden apoyarse en su subjetiva versión de los hechos y de cómo -a su criterio- debieron apreciarse las pruebas, revelando un razonamiento que traduce el simple intento de disputarle al juzgador el uso de sus facultades privativas.
Así, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante y la manifestación de su enfoque personal, el interesado no logra descalificar la conclusión esencial del sentenciante, que ponderando la conducta de las partes a la luz del principio de buena fe y de la vocación de conservación del contrato de trabajo, y en el marco del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, estimó de tal magnitud el comportamiento injuriante del trabajador que impidió la prosecución de la relación de trabajo y justificó el despido dispuesto por el empleador.
Cabe añadir, a propósito de las alegaciones vinculadas con los testimonios rendidos en la audiencia de vista de la causa, que en razón del sistema de oralidad imperante en el fuero laboral la prueba oral no puede ser revisada por la Suprema Corte, quedando reservada a los jueces de la causa, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 118.004, "Pereyra", sent. de 26-VI-2016; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021; L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021).
Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 119.016, "Simo", sent. 8-III-2017; L. 119.160, "Candia", sent. de 12-VII-2017; L. 121.197, "Cevey", sent. de 31-VIII-2020), hipótesis descartada en el presente caso.
En definitiva, el recurso no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica en una mera contraposición de criterios que, como tal, no resulta idónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/11/2023 09:39:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/11/2023 10:42:37 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/11/2023 15:18:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:10:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:45:52 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 11:53:57 hs. bajo el número RR-1571-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia