Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130724
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino rechazó íntegramente la demanda deducida por el señor Marcelo Enrique Ballesteros contra Carlos A. Mazzieri y Compañía. S.A., en cuanto pretendía el cobro de indemnizaciones derivadas del despido (v. pronunciamiento de fecha 13-XII-2022).
Para así resolver, tras evaluar el material probatorio aportado al proceso, juzgó no acreditada la existencia de una relación laboral en calidad de viajante de comercio, tal y como se denunció en el escrito liminar.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-II-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 17-II-2023).
En su presentación, afirma que el fallo en crisis incurrió en absurdo en la valoración de las pruebas, y transgredió las normas que denuncia, así como el principio de congruencia.
En sustancia, efectuando un nuevo análisis de las constancias probatorias, objeta el pronunciamiento de grado en cuanto estableció que el actor tenía una organización comercial propia y que no había acreditado las modalidades de la relación laboral invocadas en la demanda.
Por lo demás, asegura que el sentenciante transgredió las previsiones legales contenidas en los arts. 1479 y 1480 del Código Civil y Comercial de la nación, en tanto no pudo concluir que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de agencia, cuando falta un elemento esencial que es la carencia de una organización propia por parte del accionante que contase con empleados bajo su relación de dependencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde destacar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los Magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 128.500, "Vazquez", resol. de 1-IX-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), pues no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020; L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020 y L. 130.288, "Giúdice", resol. de 20-IX-2023).
III.2. En el caso, valorando los distintos elementos probatorios adunados a la causa, y que detalla minuciosamente en la primera cuestión del veredicto, el sentenciante concluyó que no pudo comprobarse la existencia de un vínculo de naturaleza laboral entre las partes.
En efecto, a criterio del juzgador, las probanzas de autos dieron cuenta que el actor se dedicaba a la comercialización de productos de diversas empresas, pues trabajaba por cuenta propia a través de su firma comercial en la localidad de San Nicolás. En definitiva, no logró acreditar el demandante las notas típicas requeridas por la ley 14.546 a los fines de juzgar probada la existencia de un contrato en relación de dependencia con la demandada.
III.3. Las esenciales conclusiones del fallo que fueron reseñadas no logran ser conmovida por el recurrente, pues si bien el interesado invoca absurdo, cierto es que no logra demostrarlo, desde que -en rigor- su exposición sólo traduce su disconformidad con la solución arribada en el fallo, revelando la insuficiencia del remedio bajo análisis (causas L. 122.043, "Navoni", resol. de 8-V-2019; L. 122.373, "Yamanga", resol. de 5-VI-2019; L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-III-2020 y L. 128.234, "Zaccaro", resol. de 19-IX-2022).
Ello así, pues apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación probatoria que en conciencia llevó a los jueces de grado a plasmar la decisión expuesta en la sentencia, se limita a elaborar un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias según su propio criterio valorativo, argumentos estos que no logran demostrar concretamente la grave anomalía invocada (causas L. 121.616, "Lareu", resol. de 5-XII-2018; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 123.185, "Romero", resol. de 19-II-2020; L. 128.442, "Cirmi", resol. de 7-VI-2022 y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
Recuérdese que la hipótesis de la efectiva representación del vicio de absurdo no se verifica frente a la decisión opinable, discutible o poco convincente o ante la posibilidad de otras interpretaciones, no pudiendo sustituirse el criterio del juzgador de grado por el personal del recurrente, ni por el propio de la Suprema Corte (causas L. 119.127, "García Maglione", sent. de 28-VI-2017; L. 123.369, "Adet", resol. de 1-VI-2020 y L. 128.958, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados", resol. de 11-VII-2023).
En definitiva, las críticas ensayadas transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el Tribunal de origen debió ponderar los hechos y las pruebas aportadas al proceso (causas L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020; L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020 y L. 130.597, "Barrios", resol. de 12-IX-2023). Una formulación de ese tenor sólo trasunta la intención de cuestionarle al sentenciante las potestades privativas que le asisten en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.883, "Couto", resol. de 16-X-2020; L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020; L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021 y L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023).
III.4. Tampoco resulta acertada la denuncia de transgresión del principio de congruencia.
En este marco, cabe destacar que reiteradamente ha dicho este Superior Tribunal que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que, bajo la denuncia de infracción del citado postulado, limita su impugnación a exhibir la disconformidad con respecto a la interpretación de los términos del escrito de demanda y contestación, pero no demuestra la existencia de un razonamiento absurdo (causas L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019; L. 122.073, "Navarro", resol. de 14-VIII-2019; L. 123.679, "Calandro" resol. de 1-VI-2020; L. 128.405, "Gutierrez", resol. de 15-VI-2022 y L. 124.400, "Mouzo", resol. de 14-III-2023), tal y como sucede en la especie.
Por lo demás, resta recordar que el señalado postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación ausente en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019; L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.5. Finalmente, en cuanto al reproche mediante el que denuncia la errónea aplicación de los arts. 1.479 y 1.480 del Código Civil y Comercial, sustentado en el que el contrato de agencia requiere de una organización comercial propia, tampoco puede tener cabida, atento su marcada insuficiencia.
Ciertamente, en este tramo de la impugnación, el recurrente ni siquiera ha denunciado que tal decisión fuese producto del vicio de absurdo, deficiencia técnica que sella su suerte adversa, pues, como lo ha resuelto este Tribunal, es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite invocar idóneamente la existencia de absurdo cuando se pretende la apertura de esta instancia extraordinaria a la revisión de los hechos y las pruebas (causas L. 107.447, "Álvarez", sent. de 13-VI-2012; L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017; L. 125.240, "Moreno", resol. de 11-III-2020 y L. 127.317, "Contreras", resol. de 7-VI-2022).
Igualmente, y para mayor satisfacción del recurrente, cabe recordar que esta casación tiene dicho que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la impugnación concreta, directa y eficaz de todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que -como en el caso- deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.080, "Maletti", resol. de 29-X-2014; L. 120.881, "Berger", resol. de 27-XII-2017; L. 123.154, "Argüello", resol. de 11-XII-2019; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020 y L. 130.082, "Brizuela", resol. de 20-IX-2023), ello por cuanto el sentenciante juzgó, justamente, con la prueba producida, la existencia de una organización comercial propia por parte del accionante con sede en la localidad de San Nicolás.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2023 13:28:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2023 09:29:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 14:17:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:08:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:44:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 11:53:28 hs. bajo el número RR-1559-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia