Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130013
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata rechazó la demanda promovida por Paola Adriana Cepeda contra Roberto Jesús Gejo por la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido.
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa y las posturas asumidas por las partes en los escritos constitutivos de la litis, concluyó que la accionante -a quien había adjudicado la carga impuesta por el art. 375 del CPCC- no había logrado acreditar la existencia de la relación laboral invocada en sustento de su pretensión.
Por lo expuesto, descartó la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, en razón de no verificarse sus notas características de subordinación jurídica, económica y técnica (v. pronunciamiento de 19-IX-2022).
II. Contra dicha decisión, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 4-X-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 17-X-2022).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, cuestiona la conclusión de grado con arreglo a la cual los Magistrados de origen juzgaron no demostrado el vínculo de trabajo entre las partes. En ese orden, controvierte por absurda la valoración de la prueba efectuada por el sentenciante en cuanto hubo de considerarla ineficaz para acreditar tal extremo, a la vez que considera que el fallo se omitió evaluar integralmente todos los elementos de juicio obrantes en la causa.
Asimismo, denuncia una errónea distribución de la carga de la prueba e infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que determinar la existencia de relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados de trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo la cabal demostración de absurdo (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 125.849, "Saúl", sent. de 23-II-2022; L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022).
Ello exige la verificación de un error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal, o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, la crítica luce manifiestamente insuficiente para acreditar su existencia pues transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020; L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
III.3. Como se anticipó, el Tribunal de origen, evaluando los escritos constitutivos del proceso y a partir de la negativa de la relación laboral que atribuyó al demandado, impuso a la actora la carga de acreditar que las partes estuvieron unidas por un contrato de trabajo, lo cual -a su juicio- no resultó probado.
Cabe señalar que, si bien la recurrente aduce la indebida atribución de la carga probatoria, no alega, y menos aún demuestra, que el juzgador hubiera interpretado en forma absurda los escritos constitutivos y, en consecuencia, que hubiera realizado un erróneo análisis de los términos en que quedó trabada la litis. En ese contexto, deviene ineficaz el cuestionamiento fundado en la supuesta infracción del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo pues cabe recordar que si el demandado no reconoció prestación alguna de servicios a su favor por parte de la accionante, deviene en consecuencia inaplicable la presunción contenida en la norma citada y ha de juzgarse acertada la decisión del Tribunal de Trabajo de aplicar -en ese marco- el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, adjudicando a la demandante la carga de la prueba de la relación de trabajo invocada (causas L. 116.628, "Coscarelli", sent. de 22-III-2016; L. 119.010, "Martínez", sent. de 28-XII-2016 y L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020).
III.4. Sentado ello, resultan también inatendibles los argumentos dirigidos a desvirtuar la labor axiológica desplegada por el Tribunal de grado.
En efecto, la impugnante se limita a señalar eventuales falencias en la evaluación realizada por el sentenciante de las constancias de la causa, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso. De ese modo, propone un nuevo análisis de los elementos de juicio que indica, según su particular criterio valorativo.
En tales condiciones, no consigue descalificar las conclusiones que dieron sustento a la sentencia impugnada, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia a los fines demostrar el error grosero y manifiesto configurativo del absurdo (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019; L. 123.271, "Argüello", sent. de 6-XII-2021).
III.5. Tampoco se configura en el caso la vulneración de los arts. 39 de la ley 11.653 y art. 57 de la ley 20.744, habida cuenta que constituye condición previa e indispensable para su aplicación que se demuestre la existencia de una relación laboral entre las partes, careciendo de validez tales dispositivos para acreditar el vínculo contractual (causas L. 117.840, "Antúnez", resol. del 22-X-2014; L. 118.123, "Musci", resol. del 30-IX-2014; L. 119.964, "Calderón", resol. de 7-IX-2016; L. 120.142, "Casabella", resol. de 8-II-2017; L. 120.842, "Gramigna", resol. de 29-VIII-2017 y L. 125.423, "Maldonado", resol. de 12-IV-2021).
III.6. Finalmente, en nada mejora la suerte adversa de la impugnación la implicancia que pretende extraer de las posiciones absueltas en rebeldía por la demandada, pues como también lo ha plasmado esta casación, los jueces del fuero laboral están facultados para tener por ciertos los hechos señalados en las posiciones en rebeldía, mas no están en modo alguno obligados a acceder -por la sola confesión ficta- automática o mecánicamente a las pretensiones deducidas (causas L. 124.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.056, "López", resol. de 2-III-2021 entre muchas otras y L. 126.954, "Aquino", resol. de 23-VIII-2021). Máxime, teniendo en cuenta inveterada doctrina de este Tribunal según la cual la confesión ficta debe apreciarse en su correlación con el resto de las probanzas, atendiendo a las circunstancias de la causa, pues de lo contrario se admitiría que prevalezca la ficción sobre la realidad y la decisión así adoptada podría alejarse de la verdad material, siendo potestad privativa de los jueces de grado ponderar sus efectos con amplio margen de discrecionalidad (causas L. 121.867, "Kazieczko", resol. de 26-XII-2018; L. 123.849, "Ahumada", resol. de 15-IV-2020 y L. 127.900, "Cagiao", resol. de 1-IV-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/11/2023 13:27:57 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/11/2023 09:29:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/11/2023 14:17:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:08:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 10:44:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/12/2023 11:53:06 hs. bajo el número RR-1552-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia