Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130173
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda deducida por Martín Torales -continuada por sus herederos tras su fallecimiento- contra Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Clorinda Limitada a quien condenó a pagar la suma que especificó en concepto de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y el sueldo anual complementario y las vacaciones proporcionales. Por el contrario, la desestimó en cuanto se perseguía el cobro de los rubros indemnizatorios derivados del despido, adicionales correspondientes a escalas del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, las multas de los arts. 10 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 y el resarcimiento por daño moral (v. pronunciamiento de 20-X-2022).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravios, juzgó acreditado que desde el año 1999 el trabajador se desempeñó laboralmente a ordenes de la accionada como conductor de transporte de carga, no habiéndose demostrado que Torales hubiera cumplido normal y habitualmente labores de chofer de larga distancia de sustancias peligrosas. Asimismo, indicó que la extinción de la relación tuvo lugar por despido indirecto dispuesto por el trabajador el día 11 de julio de 2017 -29 días antes de obtener el beneficio de su jubilación ordinaria- motivado en la negativa patronal de encuadrar la relación en el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89.
Por su lado, y en virtud de las actividades que desarrollaba la cooperativa demandada -comercialización y reparto de gas en garrafas- concluyó que el vínculo que unió a las partes se encontraba correctamente registrado en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (chofer de empresa de comercio).
En suma, no acreditado en autos que la relación laboral estuviera incorrectamente registrada, juzgó que el despido indirecto dispuesto por el trabajador resultó injustificado.
Finalmente, y en este contexto, desestimó el resarcimiento por daño moral pretendió por el demandante.
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de los herederos del trabajador fallecido dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 10-XI-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 6-XII-2022).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera transgredidas en el pronunciamiento impugnado.
En sustancia, controvierte lo decidido por el juzgador de grado en cuanto desestimó el encuadramiento convencional alegado por el trabajador y, en consecuencia, rechazó la procedencia de los rubros salariales e indemnizatorios reclamados en el escrito de inicio. Sostiene, en apoyo de su postura, que el señor Torales se desempeñó como conductor de larga distancia de sustancias peligrosas desde el comienzo de la relación hasta su finalización.
En ese orden, alega absurdo en la apreciación de las circunstancias de la causa y en la valoración de la prueba documental, informativa y testimonial.
Afirma, asimismo, que el a quo no declaró operativa la presunción que emerge del juramento del art. 39 de la ley 11.653 ante la orfandad probatoria de la demandada.
Por último, cuestiona el rechazo de la indemnización por daño moral.
III. El recurso no prospera.
III.1. Sabido es que la valoración del material probatorio a los fines de establecer la modalidad en que desarrolla las tareas el trabajador, así como determinar el convenio colectivo que se aplica a una específica relación laboral constituyen cuestiones privativas de los jueces de los tribunales del trabajo, exentas de revisión ante esta sede extraordinaria, salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 90.526, "Capurro", sent. de 13-V-2009; L. 98.812, "Molina", sent. de 14-III-2012; L. 111.903, "Mobili", sent. de 10-XII-2014).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. El recurrente no logra demostrar la existencia del invocado vicio invalidante.
III.3.a. Ello así, pues a través del desarrollo argumental que contiene el recurso, el impugnante tan sólo se limita a exponer su propio análisis acerca del modo como -a su criterio- debió haber sido resuelta la controversia.
En efecto, la impugnación no supera el registro de una mera discrepancia de opinión que sólo traduce la disconformidad del interesado con la decisión cuestionada.
De ese modo, la crítica dirigida, esencialmente, a ratificar la convicción del recurrente en torno a las características de las labores asignadas al trabajador, planteando una distinta interpretación de como debieron haber sido valorados los elementos de juicio obrantes en la causa, no logra profundizar un concreto y eficaz ataque al razonamiento seguido por el juzgador para descartar en el caso el encuadramiento convencional reclamado.
En este contexto, es oportuno recordar que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ésta se asienta (causas L. 118.715, "Avanzi", sent. de 24-V-2016; L. 119.914, "A., D. A", sent. de 22-VI-2020; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020), tal como acontece en la especie.
III.3.b. Luego, a tenor de lo expuesto, pierde entidad la invocación del art. 39 de la ley 11.653, por cuyo intermedio el interesado pretende, en definitiva, el reconocimiento de aquellos extremos que dieron sustento a su reclamo.
III.3.c. Finalmente, permaneciendo firmes las conclusiones sobre la que se asienta el pronunciamiento impugnado -ante la insuficiencia de la crítica- carece de virtualidad el análisis de las alegaciones contenidas en el recurso vinculadas al rechazo de la indemnización del daño moral.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:40:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:13:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:24:55 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:52:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:59:22 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:24:35 hs. bajo el número RR-1606-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia