Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129402
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Pergamino hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Norberto Lorenzo Gallo y, en consecuencia, condenó al Colegio de Abogados de Pergamino a abonar la suma que especificó en concepto de la indemnización prevista en el art. 245 de la ley 20.744, sustitutiva de preaviso, sueldo anual complementario, vacaciones, las multas contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, diferencias salariales y la sanción del art. 53 ter de la ley 11.653. Por otro lado, rechazó íntegramente la acción de consignación formulada por el demandado por no haberse configurado los presupuestos para su procedencia (v. pronunciamiento de fecha de 30-XII-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, el juzgador de grado tuvo por acreditada la relación laboral entre las partes desde el 5 de enero de 2001 al 30 de septiembre de 2003, reingresando el actor a prestar tareas en el mes de octubre de ese mismo año, aunque la inscripción de este vínculo ante los organismos previsionales y de la seguridad social se formalizó el 1 de febrero de 2007. Finalmente, concluyó que la relación laboral se extinguió por despido dispuesto por la patronal el día 18 de octubre de 2018.
Asimismo, consideró que no obraban en autos medios probatorios idóneos que permitan tener por demostrado el pago de la indemnización por antigüedad.
Por otro lado, al juzgar aplicable al caso el Convenio Colectivo de Trabajo 736/16 de UTEDYC, acogió el reclamo en concepto de diferencias salariales originadas en una incorrecta registración de la relación laboral.
II. Contra la decisión de grado, el legitimado pasivo dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 15-II-2022 y 16-II-2022, respectivamente), los que fueron concedidos por el tribunal de grado (v. resolución del 8-III-2022), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 2-VI-2023).
III.1. En el recurso extraordinario de nulidad, el interesado denuncia violado el art. 171 de la Constitución provincial pues entiende que la decisión de grado luce desprovista de todo sustento legal. Concretamente, objeta la definición del fallo en cuanto se tuvo por acreditada la relación laboral entre las partes durante los años 2003 a 2007, pues el a quo basó su decisión en una errónea interpretación de los dichos de los testigos, que lejos están de corroborar las afirmaciones esgrimidas por el actor en el escrito de demanda.
III.2. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2.a. En principio corresponde recordar, que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018 y L. 125.657, "Durand", resol. de 2-III-2021).
En el caso, no se encuentra vulnerada aquella cláusula constitucional denunciada, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015 y L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020); no correspondiendo examinar lo atinente a la incorrección, desacierto o deficiencia en su fundamentación, toda vez que ello se encuentra detraído del acotado marco de actuación del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 90.030, "Romano", sent. de 13-II-2008; L. 122.000, "Devincentti", resol. de 26-XII-2018 y L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020).
III.2.b. Cabe agregar, asimismo, que la improcedencia del remedio procesal elegido se exhibe nítida no bien se advierte que sus argumentaciones también se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el análisis a la imputación de presuntos errores de juzgamiento cuyo tratamiento -como es sabido- es ajeno al limitado marco de conocimiento del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, denuncia arbitrariedad, absurdo y la violación de las normas y de la doctrina legal que cita.
En primer lugar, objeta la conclusión del juzgador en cuanto consideró no probado los pagos que efectuó el accionado en concepto de liquidación por la desvinculación acaecida en el mes de septiembre del año 2003.
Asimismo, puntualiza que no existe ninguna prueba idónea en la causa que acredite fehacientemente el vínculo de trabajo entre las partes en el período comprendido entre octubre de 2003 y enero de 2007.
Luego, cuestiona el convenio colectivo de trabajo que el juzgador declaró aplicable a la relación laboral habida entre las partes y su incidencia a los fines de establecer las indemnizaciones derivadas del despido y las diferencias salariales.
En otro orden de ideas, asegura que el juzgador no ponderó el recibo de haberes del mes de octubre de 2018 donde constan los rubros referidos a la liquidación final.
Además, solicita la eximición -o bien su morigeración- de la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
Finalmente, pretende que esta Corte le ordene al tribunal de origen que practique una nueva liquidación conforme las pautas que resultarían, a su criterio, aplicables al caso en juzgamiento.
IV.1. El recurso no prospera.
IV.2. Liminarmente, cabe resaltar que el impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció -a tenor de los concretos agravios que estructuran su crítica- cómo estaría representado el valor de lo cuestionado, ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018; L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021 y L. 128.262, "Busqued", resol. de 27-VI-2023).
Siendo así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y vinculados a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 121.960, "Albornoz", resol. de 20-II-2019; L. 124.775, "Gómez", resol. de 6-XI-2020; L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021 y L. 127.778, "Dubois", resol. de 23-II-2022).
No es ocioso recordar, por lo demás, que no constituye doctrina legal, en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 130.664, "Rossi", resol. de 24-X-2023 y L. 130.687, "Cullari", resol. de 25-X-2023).
IV.4. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
IV.5. Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la arbitrariedad y la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo establecido (causas L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021 y L. 128.412, "Florentin", resol. de 4-VII-2022).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado IV.4.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/12/2023 21:39:53 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:13:18 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/12/2023 09:24:51 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:52:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/12/2023 13:59:19 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 06/12/2023 14:24:29 hs. bajo el número RR-1599-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia