Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130532
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n°7 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en la ciudad de Pilar, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por el señor Diego Sebastián De Sanctis y, en consecuencia, condenó a Coca Cola FEMSA S.A. a pagar las sumas que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros laborales. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el resarcimiento del daño moral, diferencias salariales y la sanción por temeridad y malicia (v. pronunciamiento de fecha 27-V-2022).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar por ser materia de agravio, consideró, en virtud de las tareas desempeñadas por el trabajador, que no existían diferencias de haberes originadas en un inadecuado encuadre convencional.
Por otro, juzgó no acreditado el daño moral que el actor invocó sufrir a raíz de supuestos tratos discriminatorios imputados a la empleadora.
Finalmente, desestimó la sanción peticionada por temeridad y malicia en virtud de considerar no demostrados los extremos invocados por el trabajador en su demanda.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 21-VI-2022), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución del 13-IX-2022), habiéndose conferido vista al Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 27-XI-2023).
III.1. En su recurso de nulidad, el interesado denuncia la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, en tanto sostiene que el juzgador incurrió en omisión de cuestiones esenciales y carece de la debida fundamentación legal.
En ese orden, en primer lugar, se agravia de la falta de tratamiento de los reclamos en concepto del adicional variable, daño moral y psicológico y la sanción por temeridad y malicia.
En segundo término, alega que el pronunciamiento en crisis carece de una adecuada fundamentación conforme a derecho.
III.2. De conformidad con lo dictaminado con el Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3.a. En principio corresponde recordar que, el remedio extraordinario de nulidad, sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. Contrariamente a lo que se denuncia en el escrito recursivo, no se advierte que el juzgador hubiera omitido el tratamiento de las cuestiones esenciales denunciadas en los términos del citado art. 168.
De la simple lectura de la sentencia atacada surge que las cuestiones que se dicen preteridas fueron expresamente abordadas por el tribunal de grado, aunque en forma negativa a las pretensiones del interesado.
En este sentido, es dable destacar que el recurso extraordinario de nulidad resulta improcedente si la cuestión denunciada como preterida fue tratada expresamente por el tribunal de trabajo, cualquiera sea el grado de acierto que pueda adjudicársele a la decisión, ya que el análisis de un eventual error in iudicando es ajeno al ámbito del remedio procesal bajo examen (causas L. 118.136, "Rezzutto", sent. de 29-VIII-2018; L. 121.088, "Oliva", sent. de 3-VII-2019; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 128.184, "López", resol. de 1-IX-2022).
III.3.c. Asimismo, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución local citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 123.633, "Miño", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.568, "Insaurralde", resol. de 21-X-2022).
IV.1. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, el interesado denuncia absurdo en la valoración de las pruebas y violación de la doctrina legal que cita.
En esencia, cuestiona que el a quo no haya aplicado al caso el principio de la carga dinámica de la prueba. Consecuentemente, objeta el rechazo de la indemnización en concepto de daño moral. Finalmente, controvierte el rechazo en concepto de incapacidad psicológica y de la sanción prevista en el art. 275 de la Ley de Contrato de Trabajo.
IV.2. El recurso tampoco prospera.
IV.3. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 122.338, "Alfonso", resol. de 29-V-2019; L. 125.404, "Bollon", resol. de 16-X-2020; L. 128.987, "Ojeda", resol. de 18-VIII-2022 y L. 129.838, "Saavedra", resol. 17-IV-2023).
IV.4. Luego, y sin perjuicio de otras consideraciones, luce infructuoso el planteo que trae el interesado en el apartado IV.b. del escrito recursivo, en tanto esta Suprema Corte tiene dicho, en forma reiterada, que las limitaciones establecidas por las normas procesales en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 125.004, "Fernández", resol. de 13-X-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
IV.5.a. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de índole fáctica y probatoria -como lo son, en la especie, la determinación -o no- de un acto discriminatorio y la procedencia de la indemnización derivada del daño moral -asuntos detraídos de revisión de esta Suprema Corte en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto procesal citado (causas L. 117.738, "Steinberg", resol. de 27-V-2015; L. 125.606, "Maldonado", resol. de 29-III-2021; L. 126.864, "López", resol. de 13-VII-2021 y L. 129.469, "Cruz", resol. de 17-IV-2023).
IV.5.b. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se denuncia transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
IV.5.c. No mejora la suerte de la impugnación las citas jurisprudenciales efectuadas en el recurso que aluden a presupuestos facticos distintos a los de las presentes actuaciones (causas L.120.051, "Romero", resol. 19-X-2016 y L. 122.363, "Del Negro", 5-VI-2019).
IV.5.d. Por otro lado, la denuncia de doctrina legal definitoria del vicio de absurdo no habilita el referido supuesto de excepción contemplado en el mencionado art. 55 de la ley 11.653 (causas L. 121.937, "Sosa", resol. de 17-X-2018; L. 121.811, "Maroni", resol. de 14-XI-2018 y L. 125.045, "Almeida", resol. de 14-XII-2020).
IV.5.e. Por último, respecto de los agravios dirigidos a objetar el rechazo del daño psicológico y la sanción por temeridad y malicia, se impone indicar que en la pieza recursiva se omite citar como vulnerada doctrina legal alguna de esta Suprema Corte vinculada con dicho tópico, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por la presente vía de impugnación (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 130.979, "Silvero", resol. de 23-XI-2023).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto IV.5.b., que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2023 11:34:31 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2023 00:14:20 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:01:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:46:11 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:23:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 09:47:08 hs. bajo el número RR-1694-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia