Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130423
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 con asiento en la ciudad de Avellaneda, perteneciente al Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, hizo lugar parcialmente a la acción interpuesta por el señor Manuel Obil Yanequine y, en consecuencia, condenó a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por despido injustificado y otros rubros de naturaleza laboral.
Por el contrario, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, la rechazó respecto al pago de los salarios caídos desde el distracto (mayo 2016) y hasta el mes de abril de 2018 fecha en que supuestamente cesaría la estabilidad gremial del accionante (v. pronunciamiento de 15-XII-2021).
Para así decidir -con apoyo en el análisis de la prueba colectada en el proceso-, juzgó no acreditado que, con anterioridad a la cesantía, el principal hubiera sido notificado, en los términos de los arts. 71 del convenio colectivo de trabajo 260/75 y art. 49 de la ley 23.551, de la designación del actor como representante en algún cargo gremial.
En este contexto, concluyó que el accionante al tiempo de su despido no contaba con la garantía de estabilidad sindical establecida por los arts. 48 y 50 de la citada Ley de Asociaciones Sindicales y, en consecuencia, debía desestimarse la argumentación del reclamante centrada en la presencia de un despido discriminatorio.
II. Contra dicha decisión, el legitimado activo deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación del 1-II-2022), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 11-II-2022).
En su presentación, el impugnante individualiza las normas, las garantías constitucionales y los precedentes que considera conculcados en el fallo atacado.
En lo sustancial, controvierte la conclusión del sentenciante relativa a que el principal no había tomado conocimiento de la designación del actor en algún cargo gremial en forma previa a la extinción del vínculo laboral.
En tal sentido, refuta la valoración de la prueba documental, informativa y testimonial.
Cuestiona, además, que el a quo no aplicará al caso el principio de la carga dinámica de la prueba.
Finalmente, censura la base salarial que tomó el tribunal para calcular las indemnizaciones derivadas del despido, pues no se condice con la que se fijó en el dictamen pericial contable.
III. El recurso no prospera.
III.1. Corresponde señalar -inicialmente- que la apreciación de las circunstancias fácticas del caso y de los elementos probatorios colectados durante la sustanciación del proceso constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y sus conclusiones no son revisables por la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser cabal y suficientemente demostrado por el recurrente (causas L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018; L. 119.385, "Genovali", sent. de 19-IX-2018 y L. 116.928, "Acuña", sent. de 5-VI-2019).
Asimismo, ha declarado que establecer si en un caso dado concurren o no las circunstancias fácticas constitutivas de elementos o presupuestos que dan lugar a la aplicación de una norma o precepto, constituye una cuestión ajena a la instancia extraordinaria, salvo que se demuestre que el razonamiento del tribunal de grado está viciado por absurdo (causas L. 116.741, "Marini", sent. de 9-X-2013; L. 119.779, "Felipe", sent. de 21-II-2018 y L. 128.295, "Industrias Metalúrgicas Cestari S.R.L.", resol. de 17-X-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018; L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2.a. Si bien el interesado denuncia la existencia de aquel vicio invalidante, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo toda vez que la insuficiencia que padece el remedio examinado es notoria.
En el caso, -como se adelantó- no se logró acreditar que, al tiempo del despido, la empleadora hubiera estado anoticiada del carácter de representante sindical del trabajador, máxime cuando a criterio del juzgador los testigos fueron coincidentes en afirmar que no existió elección de delegado gremial alguna. En consecuencia, concluyó que la argumentación del reclamante, centrada en la presencia de un despido discriminatorio con base en su actividad gremial, no había sido acreditada en autos.
III.2.b. Esta esencial conclusión del fallo debe permanecer firme, al no mediar en el escrito recursivo una réplica idónea capaz de desvirtuarlo.
En efecto, el recurrente se desentiende de efectuar una crítica técnicamente útil de las motivaciones que desarrolló el tribunal de trabajo, y subjetivamente intenta descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, sistema que resulta insuficiente para conmover la decisión impugnada.
Así pues, todas las disquisiciones que formula el interesado, en derredor de la prueba ofrecida y producida en la causa, se fundan en circunstancias fácticas contrarias a las que se admitió en el fallo y se basan en opiniones o interpretaciones personales discrepantes con las conclusiones del tribunal de origen, resultando insuficientes como tal para la apertura de la instancia de casación e inidóneas a los fines del recurso deducido.
Olvida el compareciente que la apreciación, jerarquización y selección de las pruebas aportadas a la causa es tarea exclusiva del Tribunal de Trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es su prudencia jurídica (causas L. 102.699, "Mascareño", sent. de 7-XII-2011; L. 103.036, "Molina", sent. de 16-V-2012; L. 121.142, "Rodríguez", resol. de 16-V-2018 y L. 129.042, "Quiroz", resol. de 21-X-2022).
En suma, resulta manifiesta la insuficiencia del agravio en tratamiento, en tanto el impugnante no se hace cargo de las líneas argumentales del fallo, sólo se dedica a confrontarlas a través de su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento (causas L. 108.675, "Chiodi", sent. de 14-VI-2017; L. 121.642, "Ramírez", sent. de 9-VI-2020).
III.3. Finalmente, por lo demás, la simple oposición que exhibe el embate respecto a la base salarial tomada por el tribunal para calcular las indemnizaciones derivadas del despido -a través de las sucintas manifestaciones expuestas desprovistas de una sólida argumentación que las respalde- no logran controvertir adecuadamente el razonamiento que condujo al sentenciante a elaborar las conclusiones que -sin abrir juicio sobre su acierto o desacierto- dieron sustento a este aspecto de la decisión de grado.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2023 11:34:29 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2023 00:14:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:01:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:46:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:23:38 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 09:47:04 hs. bajo el número RR-1690-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia