Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130621
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora Brenda Lucila Fersio y condenó a Boc y Asociados S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de días trabajados del mes de diciembre de 2021, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales de ese mismo año y la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Por el contrario, la desestimó en cuanto procurada el cobro de las indemnizaciones derivadas del despido, las multas de los arts. 2 de la ley 25.323; 10 y 15 de la ley 24.013 y 132 bis de la ley 20.744; diferencias salariales y la reparación por daño moral, mobbing e incapacidad psicológica. Asimismo, rechazó la acción incoada contra el socio gerente Ricardo Milan Boc (v. pronunciamiento de 28-III-2023).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora. Ello así, pues en el contexto de las circunstancias fácticas en que éste se produjo y las características de la relación laboral, no se probaron los motivos injuriantes alegados en la comunicación rescisoria.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 12-IV-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 27-IV-2023).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo y arbitrariedad e individualiza las normas y la doctrina legal que considera violadas.
En lo sustancial, se agravia de la conclusión con arreglo a la cual el tribunal de origen consideró injustificado el despido indirecto dispuesto por la trabajadora, pues tal decisión es fruto de una absurda valoración de los hechos y de las pruebas producidas en la causa, especialmente de la testimonial.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe recordar que evaluar la conducta de las partes previa a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de las causales invocadas para tener por disuelta la relación, y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que al respecto formulen sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020 y L. 130.094, "Severini", resol. de 7-IX-2023).
En cuanto a este vicio lógico, cabe recordar que para tenerlo por configurado debe acreditarse del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
No cualquier yerro, o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, alcanzan para tenerlo por verificado, sino que se requiere algo más; esto es, el vicio lógico del razonamiento o la grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. La carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada por la interesada.
En el caso, el tribunal de grado, mediante la apreciación de los hechos y las pruebas, entendió que la trabajadora no acreditó las causales esgrimidas para colocarse en situación de despido, esto es, por un lado, el pago de una suma mensual sin registración y la existencia de horas extras impagas.
Asimismo, entendió que tampoco probó la accionante, como era su carga, los supuestos malos tratos sufridos dentro de su ámbito de laboral, máxime cuando los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa no demostraron –como se denunció en la demanda- el accionar persecutorio de la encargada del sector donde la actora cumplía sus tareas habituales.
Finalmente, si bien se acreditó la falta de pago de aportes al seguro de retiro La Estrella S.A., tal circunstancia -a criterio del tribunal de grado- no configuró un motivo injurioso suficiente para que la trabajadora se considerase despedida.
III.3. Así, las conclusiones expuestas en la sentencia impugnada no logran ser descalificadas por la recurrente. Ello así, puesto que no se observa el error flagrante en la ponderación de los hechos y prueba de la causa, desde que la impugnación transita sobre la exposición de meros conceptos teóricos y apreciaciones personales, formulando un análisis de los hechos según su propio criterio valorativo, y -esencialmente- reiterando cada uno de los argumentos vertidos en el escrito de demanda, lo que resulta estéril para rebatir el argumento central sobre el que se sustenta el fallo, esto es, que la conducta que la trabajadora le imputó a la empleadora para considerarse injuriada y despedida no resulto de entidad suficiente para justificar la disolución del contrato de trabajo.
Al respecto, ha señalado esta Corte que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley el impugnar concreta, directa y eficazmente todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 121.538, "Cabral", resol. de 26-IX-2018 y L. 122.683, "Aguado", resol. de 16-VI-2020).
III.4. En particular, ante el reproche que gira en torno a la valoración de las declaraciones de los testigos, deviene necesario destacar que, en el proceso laboral, la ponderación de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, que gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.380, "Collaso", resol. de 19-II-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020; L. 124.993, "Totaro", resol. de 22-X-2020 y L. 126.782, "Bello", resol. de 7-IV-2022), que -como se dijo- no ha sido demostrado.
Corresponde añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en el que rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
III.5. En definitiva, desde la perspectiva apuntada, se advierte que la argumentación de la recurrente se limita a discurrir, en rigor, en torno al modo como considera que el a quo debió ponderar la prueba rendida, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el Tribunal de Trabajo resolvió la controversia.
III.6. Por último, en cuanto a la denunciada transgresión del art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, y sin perjuicio de otras consideraciones, cabe señalar que esta Corte tiene dicho que no resulta de aplicación el principio in dubio pro operario si los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento respecto de la apreciación del material probatorio (causas L. 122.224, "Donadio", resol. de 10-IV-2019; L. 124.022, "Wojtowicz", resol. de 29-VI-2020; L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020; L. 126.360, "Giacomini", resol. de 8-VI-2021 y L. 129.489, "Machado", resol. de 5-XII-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 15/12/2023 11:34:32 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/12/2023 00:14:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:01:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:46:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/12/2023 15:23:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 22/12/2023 09:47:10 hs. bajo el número RR-1696-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia