Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130544
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda interpuesta por la señora Adriana Lorena Benedetti contra el Colegio-Instituto Agustiniano y el Colegio San José de la Orden de Agustinos Recoletos por la que procuraba el cobro de los salarios no percibidos hasta el alta médica conforme lo previsto por el art. 213 de la Ley de Contrato de Trabajo, diferencias salariales, daño moral y material, y otros rubros de linaje laboral (v. pronunciamiento de fecha 9-III-2023).
Para así decidir, juzgó que al tiempo del cese de la relación del vínculo la accionante no se encontraba en período de licencia paga por enfermedad. Finalmente, concluyó que tampoco se acreditó que las demandadas hubieran cometido actos o tuvieran conductas generadoras de menoscabo o daño a la dependiente.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación 23-III-2023), los que fueron concedidos por el a quo , el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resol. de 31-III-2023), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 13-XII-2023).
En el recurso extraordinario de nulidad, la interesada denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
En lo esencial, alega que el juzgador omitió tratar una cuestión esencial, esto es, el planteo de despido discriminatorio por enfermedad incoado en el escrito de demanda.
Por lo demás, afirma que la sentencia no se encuentra debidamente fundada.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no prospera.
III.1. Cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, pues la cuestión cuya preterición se denuncia fue explícitamente tratada en el pronunciamiento de grado, en sentido adverso a la proposición de la demandante, más allá del acierto con que se examinó la temática debatida o el mérito de los fundamentos expuestos por sentenciante en respaldo de la decisión adoptada, dado que sólo pueden ser abordados en casación por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 92.858, sent. de 14-VI-2010 y L. 120.816, sent. de 30-III-2021)
En suma, la crítica de la interesada se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, y bien es sabido que no corresponde, en el ámbito de la vía extraordinaria en estudio, realizar la revisión del acierto o desacierto jurídico de la decisión impugnada, pues ello es materia propia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 121.707, "Leiva", resol. de 27-II-2019 y L. 125.439, "Juárez", resol. de 2-XI-2020).
III.3. Por otro lado, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su eventual incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV. En la segunda vía extraordinaria interpuesta, se agravia del rechazo de la indemnización por despido discriminatorio. A tal efecto, alega violación de doctrina de esta Corte en materia de carga de la prueba y absurdo en su apreciación.
IV.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019; L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 129.775, "Guimaraes", resol. de 14-III-2023), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.2. Luego, y a propósito de los argumentos desplegados por la impugnante en su presentación, se impone señalar que no se encuentra involucrada -como denuncia- una cuestión de naturaleza federal que autorice el conocimiento de la impugnación sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la CSJN in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478). Tampoco las genéricas manifestaciones que aluden a la eventual configuración de un supuesto de gravedad institucional o la definición sobre el derecho de fondo aplicable, así efectuadas, lucen hábiles para que el recurso se analice en su más amplio marco de revisión.
IV.3.a. Realizado el examen conforme los lineamientos enunciados, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la crítica remite a cuestiones de hecho y prueba -como lo son, las vinculadas a la configuración de los presupuestos en los que la actora sustentó su pretensión, esto es, que el despido dispuesto por la patronal tuvo su causa en razones de discriminación- ajenas al acotado margen por el que transita el presente remedio procesal (causas L. 119.691, "Agüero", resol. de 18-V-2016; L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020 y L. 126.724, "Prevot", resol. de 29-XI-2021).
No mejora la suerte de la impugnación la mención de precedentes definitorios del absurdo, en tanto no habilitan la excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021; L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021; L. 127.289, "Juárez", resol. de 17-XI-2021; L. 128.169, "Ésposito", resol. 19-V-2022 y L. 130.065, "Tejera", resol. de 17-IV-2023).
IV.3.b. Tampoco se verifica el indicado excepcional supuesto cuando la doctrina legal que se denuncia transgredida se relaciona con la interpretación de preceptos de carácter adjetivo (como lo atingente a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba; causas L. 119.693, "Tapia", resol. de 15-VI-2016; L. 121.347, "Burgos", resol. de 6-VI-2018: L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
IV.3.c. Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de revisión en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020; L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020 y L. 127.182, "Acosta", resol. de 1-XI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar, en lo concerniente a lo manifestado en el punto IV.3.b. que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-21 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, atento a que los planteos en él introducidos han sido desestimados en casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 27/12/2023 14:52:13 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:41:54 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 16:11:23 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:03:10 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/12/2023 10:06:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/12/2023 12:30:09 hs. bajo el número RR-1777-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia