Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130746
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n°1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el señor Enrique Gastón Gallego y condenó a Diario La Nueva S.R.L. al pago de la suma que especificó en concepto de diferencias salariales e indemnizatorias. Por el contrario, la desestimó en cuanto se perseguía el cobro de la sanción conminatoria mensual prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (v. pronunciamiento de fecha 3-IV-2023).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por haber sido materia de recurso, valorando el material probatorio de la causa -en esencia, el informe de la AFIP y la pericia contable- juzgó no acreditada la falta de ingresos de aportes retenidos al trabajador con destino a los organismos correspondientes.
En tal sentido, indicó que en el informe pericial contable -no observado en su momento por el hoy recurrente- el experto, al responder los puntos solicitados por las partes, informó que de la documentación compulsada se observa que los depósitos correspondientes a los aportes y contribuciones de ley fueron realizados por la empleadora.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica con cargo 14-IV-2023), que fue concedido por el sentenciante de mérito (v. resol. 21-IV-2023).
En su presentación denuncia la transgresión de las normas y de la doctrina legal que identifica.
Se agravia -esencialmente- del rechazo de la pretensión tendiente al cobro de la multa prevista en el citado art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, sostiene que en el fallo se omitió analizar las pretensiones introducidas en el escrito de inicio relativas al CCT 275/96.
III. El recurso no es de recibo.
III.1. De modo liminar, corresponde aclarar que, dirigido el embate a censurar aquella parcela del pronunciamiento que rechazó la imposición de la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el importe de la penalidad establecida en la citada norma legal sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, lo que torna al litigio, a los fines del recurso, como de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 115.021, "Mazza", sent. de 27-XI-2013; L. 117.532, "Norese", resol. de 1-VII-2015 y L. 121.376, "Aguirre", sent. del 14-XII-2020).
III.2. Sentado ello, es oportuno recordar que determinar -con arreglo a las constancias adunadas en la causa- si se verifican los requisitos a los cuales el citado dispositivo legal subordina la aplicación de la sanción allí prevista, constituye una facultad privativa del tribunal de trabajo, y las conclusiones que al respecto se formulen no son susceptibles de revisión ante la Suprema Corte, salvo el supuesto excepcional de absurdo (causas L. 106.472, "Frete", sent. de 5-VI-2013 y L. 118.900, "Rojas", resol. de 23-IX-2015; L. 119.786, "Gómez Jiménez", sent. de 27-VI-2018; L. 121.936, "Ilzarbe", sent. de 31-VIII-2020 y L. 127.398, "Rizzo", resol. de 27-II-2023).
Ello requiere la acreditación del error grave, grosero y fundamental, plasmado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 121.844, "Sandoval", resol. de 13-II-2019 y L. 124.997, "Petri", resol. de 4-II-2021).
III.3. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio pues las consideraciones desarrolladas en su embate sólo exhiben argumentos que pretenden apoyarse en su subjetiva versión de los hechos y de cómo -a su criterio- debieron apreciarse las pruebas, revelando un razonamiento que traduce el simple intento de disputarle al juzgador el uso de sus facultades privativas.
Así, por conducto de la mera expresión de un criterio discrepante y la manifestación de su enfoque personal, el interesado no logra descalificar la conclusión esencial del sentenciante al rechazar el reclamo vinculado a la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en virtud de que la prueba analizada en autos dio cuenta que el empleador había cumplido con el depósito total de las sumas que le fueron retenidas al trabajador y que si bien existió una deuda por el concepto "contribución patronal obra social", las sumas debidas fueron regularizados en un plan de facilidades de pagos vigente. Para más, añadió que la intimación formalizada por el trabajador a su respecto no responde a los parámetros legales.
Siendo ello así, se impone confirmar lo decidido sobre el punto en la sentencia atacada, toda vez que la retención de aportes, y la consecuente falta de ingreso de ellos a los organismos correspondientes, es el presupuesto fundamental para la procedencia de la sanción conminatoria establecida en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, extremo que -como se dijo- no resultó demostrado en autos.
III.4. Por otro parte, respecto de la supuesta preterición en que incurrió el a quo , al no abordar en el fallo las pretensiones vinculadas al CCT 275/96, se impone recordar, que reiteradamente esta Corte tiene dicho que la omisión de tratamiento de planteos o de cuestiones resulta ajena al ámbito del remedio interpuesto, pues tal impugnación es materia propia del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 103.565, "Bugatti", sent. de 12-X-2011; L. 106.055, "Pellejero", sent. 14-XII-2011; L. 105.609, "Arce", sent. de 12-XII-2012; L. 121.612, "Díaz", resol. de 17-X-2018 y L. 128.953, "Rohlik", resol. de 4-X-2022), que el interesado se abstuvo de deducir.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/12/2023 14:10:46 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/12/2023 10:00:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 10:24:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/12/2023 11:01:26 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/12/2023 12:05:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/12/2023 12:31:22 hs. bajo el número RR-1743-2023 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia