Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130741
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto se omitió abordar el reclamo concerniente a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido.
2Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la acción promovida por la señora Ana María Perniola y condenó a Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines -FOEVA- a abonar la suma que especificó en concepto de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral. Por el contrario, la rechazó en cuanto perseguía el cobro de la multa prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, el agravamiento resarcitorio del 52 de la Ley 23.551 y los haberes impagos por enfermedad correspondientes al período que especificó (v. pronunciamiento de fecha 29-VIII-2022).
Para así decidir, en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, entendió que la trabajadora no cumplió con la intimación por el plazo de 30 días establecidos en el decreto 146/2001 para la percepción de la multa contemplada en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego, consideró que tampoco intimó ni constituyó en mora a la accionada respecto al cobro de la indemnización por estabilidad gremial. Finalmente, juzgó que la dependiente no anotició a su empleador de su situación de enfermedad durante el período abril a junio de 2019.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 14-IX-2022), concedidos por el tribunal de grado (v. resolución de fecha 27-IX-2022). Habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen de fecha 24-XI-2023).
III. En la primera de las impugnaciones mencionadas, la accionante alega violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto denuncia falta de tratamiento de una cuestión esencial, como es la omisión del reclamo correspondiente a la indemnización prevista por el art. 2 de la ley 25.323, formulado en el punto V del escrito postulatorio.
III.1. Conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso debe prosperar con el siguiente alcance.
III.2. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
Asimismo, conforme ha establecido esta Suprema Corte, constituyen cuestiones esenciales aquellos cuestionamientos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 111.174, "Covelo", sent. de 11-IX-2013; L. 116.648, "Pennisi", sent. de 10-IX-2014; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 121.553, "Piatti", resol. de 12-IX-2018; L. 125.967, "Molina", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.163, "Iramain", resol. de 17-V-2021).
III.3. Bajo esas directrices, es dable advertir que el reclamo referido a la multa del art. 2 de la ley 25.323 que se denuncia preterido fue sometido a conocimiento del tribunal interviniente en la etapa procesal oportuna (v. demanda, apdo. V, fs. 91 y vta.), y también que, efectivamente, el a quo ha omitido pronunciarse a su respecto, sin que emerja del trazo lógico cristalizado en el fallo motivo que justifique tal inadvertencia.
En tales condiciones, se configura en la especie la omisión de tratamiento de una cuestión que reviste carácter esencial -en los términos del art. 168 de la Constitución provincial-, toda vez que el reclamo concerniente a la multa prevista en el art. 2 de la ley 25.323, integró la estructura de la traba de la litis, conformando el esquema jurídico que el órgano de grado necesariamente debía atender para la correcta solución de la controversia.
Al respecto, ha declarado esta Corte que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita ) que conlleva la nulidad del fallo (causas L. 121.471, "Villabriga", sent. de 12-II-2020; L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 125.328, "Osorio", sent. de 17-X-2022).
III.4. Sentado lo expuesto, corresponde aclarar que la nulidad del pronunciamiento solamente ha de alcanzar a la pretensión omitida, en tanto, tal como se resolvió en la causa L. 80.137, "Garín" (sent. de 6-IX-2006), entre muchas, verificándose una acumulación objetiva de pretensiones, la omisión en que incurriera el tribunal respecto de una de ellas, permite la anulación parcial de la decisión exclusivamente en relación a dicho reclamo (causas L. 103.117, "Sorli", sent. de 18-V-2011; L. 99.606, "Rodríguez", sent. de 31-VIII-2011; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 123.926, "Argüello", resol. de 3-VIII-2020 y L. 127.218, "Ponce", resol. de 29-XII-2021).
Se señaló en el citado precedente que declarar la nulidad de los restantes fragmentos de la decisión deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia- siendo que, en rigor, no han provocado agravios, o bien, si los hubiera, nada impediría que esta Corte ejerciera, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación mediante el análisis del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
III.5. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de nulidad traído, en tanto ha sido admitido en casos sustancialmente análogos al presente (causas L. 106.951, "Rodríguez", sent. De 4-IX-2013; L. 117.722, "Sibilla", sent. De 28-X-2015 y L.123.926, cit.), y, en consecuencia, disponer la anulación parcial del pronunciamiento en cuanto en él se omitió abordar el reclamo concerniente a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la recurrente cita normas y doctrina legal que considera vulneradas. Asimismo, alega absurdo en la valoración de las pruebas.
En esencia, objeta la sentencia de grado en cuanto desestimó las pretensiones vinculadas con la multa previstas en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, la indemnización del art. 52 de la ley 23.551 y los haberes por enfermedad por el período solicitado.
IV.1. El recurso no prospera.
III.2. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda que no prosperaron, y de cuyo rechazo se agravia- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.764, "Mendes Neto", resol. de 16-XII-2020; L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021 y L. 129.902, "Leihner", resol. de 10-IV-2023).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020; L. 125.781, "Mora", resol. de 17-II-2021 y L. 128.848, "González", resol. de 19-IX-2022).
IV.2.a. En ese contexto, y en relación a cada uno de los cuestionamientos que contiene el recurso, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que ellos importan la revisión de cuestiones fácticas y probatorias, cuyo análisis resulta una facultad privativa del juzgador de grado que, como tal, se encuentra excluida del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 117.753, "Vidal", sent. de 14-X-2015; L. 119.375, "Del Río", resol. de 11-II-2016: L. 121.487, "Figueroa Infante", resol. de 12-IX-2017; L. 125.830, "Galaschi", resol. de 12-IV-2021 y L. 129.417, "Giacomin", resol. de 19-IX-2022).
IV.2.b. De todos modos, las citas jurisprudenciales efectuadas por la impugnante han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos distintos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, resultan ineficaces para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 116.356, "Izurieta", sent. de 30-X-2013; L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 118.712, "Grecco", resol. de 2-IX-2015; L. 125.234, Moccio, resol. de 9-XII-2020 y L. 126.436, "Cuello", resol. de 26-V-2021).
IV.2.c. Luego, sabido es que tampoco resulta hábil para habilitar la instancia extraordinaria, por el mentado conducto excepcional, la doctrina definitoria del vicio de absurdo (causas L. 95.338, "De Nardis", sent. de 20-V-2009; L. 91.020, "Dinius", sent. de 23-IX-2009; L. 113.490, "Andino", resol. de 16-III-2011; L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018; L. 122.426, "Carloni", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.812, "Casas", resol. de 7-III-2022); como tampoco la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020; L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021 y L. 130.081, "Torres", resol. de 27-III-2023).
IV.2.d. Por otra parte, es dable recordar que se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus Ministros, así como tampoco la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los miembros de la Suprema Corte, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021; L. 127.662, "Garnica", resol. de 28-XII-2021 y L. 128.407, "Gómez", resol. de 7-VI-2022).
IV.3. Finalmente, y más allá del marco en el que se examina el presente recurso, se impone señalar que la simple manifestación que formula la recurrente en torno a la inconstitucionalidad del art. 3 del decreto 146/2001, en modo alguno resulta apta para dar sustento a la existencia de un agravio constitucional (causas L. 117.450, "Etchegaray", sent. de 8-IV-2015; L. 121.167, "Cabral Rondan", resol. de 6-VI-2018; L. 121.814, "Folmer", resol. de 14-XI-2018; L. 121.836, "Alvarez", resol. de 7-III-2019 y L.130.086, "Buscarol", resol. de 17-IV-2023).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, al recurso extraordinario de nulidad, en tanto el planteo en él introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.) y disponer la anulación parcial del pronunciamiento de grado en cuanto se omitió abordar el reclamo concerniente a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323. Los autos se remiten al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento de conformidad con lo aquí decidido.
2. Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:39 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:24:52 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:14 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:13:55 hs. bajo el número RR-10-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia