Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130828
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por la señora María Catalina Lucia y condenó a la accionada Administración Salud S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de salarios adeudados, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, diferencias salariales, la multa del art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de esta última ley. En cambio, la rechazó respecto de los reclamos tendientes al cobro de las indemnizaciones derivadas del despido y la multa del art. 2 de la ley 25.323 (v. pronunciamiento de fecha 21-IV-2023).
Para así decidir, en lo que resulta materia de agravio, tras evaluar el intercambio telegráfico entre las partes y el resto del material probatorio de autos, juzgó injustificado el despido indirecto en que se colocó la trabajadora. Ello así, pues en el contexto de las circunstancias fácticas en que éste se produjo y las características de la relación laboral, el distracto careció de proporcionalidad y de actualidad.
II. Contra la decisión de grado, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 8-V-2023), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de 9-V-2023).
En su presentación, relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo, cita las normas y la doctrina legal que considerada violada.
En lo esencial, le objeta al sentenciante su decisión de juzgar que el despido en que se colocó la trabajadora resultó injustificado. Afirma que dicha conclusión es fruto de una absurda valoración de la prueba, especialmente del intercambio telegráfico. Refuta conculcada la presunción contenida en el artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo.
III.1. Liminarmente, se impone recordar, que evaluar las conductas de las partes previas a la rescisión del vínculo laboral para establecer la existencia o no de injuria, como así también la apreciación de la entidad de la causal invocada para tenerlo por disuelto y la valoración de los elementos probatorios arrimados a la causa para su demostración, constituyen cuestiones reservadas a la función axiológica de los jueces de grado. Las conclusiones que éstos al respecto formulen, sólo pueden revisarse por la Suprema Corte si se demuestra que la ponderación no ha sido efectuada con la prudencia que la ley exige, o se ha incurrido en absurda apreciación de los hechos y las pruebas (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 124.846, "Rollhaiser", resol. de 21-IX-2020; L. 125.465, "Falcon", resol. de 11-II-2022 y L. 129.634, "Miller", resol. de 14-III-2023).
Al respecto, es dable destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de origen el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 124.121, "Sánchez", resol. de 11-VI-2020; L. 124.031, "Coronel", resol. de 16-VI-2020 y L. 123.944, Di Cataldo", resol. de 3-VIII-2020).
III.2. En este sentido, la interesada no cumple con la carga de comprobar dicho vicio, resultando ineficaz su impugnación para rebatir la motivación esencial del fallo atacado, según la cual la decisión rupturista dispuesta por la trabajadora -en el contexto de una relación laboral de más de treinta años y sin otorgar oportunidad temporal a la empleadora para que cumpla con el pago de las diferencias salariales reclamadas- devino apresurada, desproporcionada y, por lo tanto, resultó incausada.
Ello así, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió ponderar la prueba aportada al proceso (causas L. 123.048, "Toledo", resol. de 19-VI-2019; L. 123.755, "Afonso", resol. de 4-III-2020 y L. 125.047, "Hastoy", resol. de 9-XII-2020), método que esta Corte reiteradamente ha declarado como inhábil para la apertura de la etapa casatoria.
En rigor, la réplica se circunscribe a la exhibición de un criterio discordante, disputándole al juzgador de grado las atribuciones que le asisten en las cuestiones de índole fáctica y valoración probatoria, sin demostrar la transgresión de las normas legales que denuncia, ni que medie error en el modo como el tribunal de trabajo resolvió la controversia, técnica que, sabido es, resulta insuficiente para exhibir la concurrencia de absurdo (causas L. 121.621, "Campo", resol. de 21-XI-2018; L. 122.858, "Pedraza", resol. de 30-X-2019 y L. 124.512, "Giménez", resol. de 28-VIII-2020).
III.3. Aun cuando lo expuesto basta para sellar la suerte adversa de la impugnación, cabe señalar que -situándonos en la mejor hipótesis para la recurrente- el eventual silencio de la demandada frente a los referidos reclamos de la accionante en modo alguno implicaba que debiera necesariamente tenerse por probada la existencia de los incumplimientos denunciados, pues si bien es cierto que el silencio del empleador ante la intimación formulada por la trabajadora relativa al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo constituye una presunción en contra de aquél (art. 57, LCT), no lo es menos que se trata de una presunción iuris tantum que, en tanto tal, admite prueba en contrario (causas L. 73.921 "Gagliostro de Polimeni", sent. de 6-VI-2001; L. 101.721 "Luciano", sent. de 26-X-2011; L. 117.153 "Di Benedetto", sent. de 10-XII-2014; L. 123.835, "Tiberio", resol. de 18-XII-2019 y L. 129.267, "Elicabe", resol. de 7-IX-2023).
III.4. Por último, vale añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. "d", ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 128.474, "Schmidt", resol. de 7-VI-2022).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:25:03 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:14:23 hs. bajo el número RR-13-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia