Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 130947
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Mercedes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por el señor Eduardo Oscar Moyano y condenó a Operadora Merplac S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral (v. veredicto y sentencia de fecha 31-V-2023).
Para así decidir, consideró acreditado, mediante la prueba aportada en autos, la existencia de la relación laboral entre las partes desde el 1 de junio de 1984 al 6 de febrero de 2020 oportunidad en que se perfeccionó el despido indirecto dispuesto por el trabajador motivado en la falta de reconocimiento del vínculo, causal de entidad suficiente -concluyó el juzgador- para justificar el distracto a la luz del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Contra dicha decisión, la parte demandada interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito de 16-VI-2023), siendo concedido únicamente el segundo de los nombrados (v. resol. de 29-VI-2023) y confirmada la denegatoria del recurso de nulidad por esta Corte al resolver la queja incoada a su respecto (v. resol. de 23-VIII-2023).
En el único remedio que debe ser abordado por este Superior Tribunal, la interesada relata los antecedentes de la causa y cita las normas que considera vulneradas.
En primer lugar, objeta que el sentenciante, en forma previa a la celebración de la audiencia de vista de causa, rechazó el pedido de acumulación por conexidad de la causa "Moyano Eduardo Oscar c/ Operadora Merplac S.A. y Galeno ART S.A. s/ enfermedad profesional (expte. n° 47.375)", a tal fin denuncia la configuración de una estafa procesal.
En lo esencial, impugna el progreso de la demanda en cuanto consideró acreditada la relación laboral. En este sentido, se agravia de la apreciación de la prueba efectuada por el a quo en la audiencia de vista de la causa.
Por otro lado, denuncia violación al principio de congruencia en lo relativo a las multas por deficiente registración aplicadas a su parte, las que, arguye, no fueron reclamadas en el escrito de inicio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Primeramente, las argumentaciones que formula la impugnante, dirigidas a objetar la decisión del tribunal de grado de rechazar el pedido de acumulación de procesos (v. resols. de fecha 2-XI-2022 y 13-XII-2022) en nada se asemejan a una crítica razonada del decisorio que se pretende atacar. Más bien se observa el cuestionamiento a una providencia previa al dictado de aquél y, por tanto, se trata de una cuestión preclusa y ajena -como tal- a la instancia extraordinaria, desde que el recurso de inaplicabilidad de ley tiene por objeto el pronunciamiento definitivo y no el reexamen de la estructura del procedimiento antecedente (causas L. 121.835, "Espíndola", resol. de 13-II-2019; L. 123.182, "Santin", resol. de 11-III-2020; L. 124.782, "Fleitas", resol. de 25-IX-2020 y L. 125.061, "Velardez", resol. de 2-III-2021).
III.2. Respecto del siguiente agravio traído, dable es recordar que determinar la existencia de la relación de dependencia o subordinación, típica del vínculo contractual de linaje laboral, y en general, valorar las pruebas producidas, constituye una cuestión reservada -en principio- en forma privativa a los magistrados del trabajo y, por lo tanto, no resulta susceptible de revisión en esta instancia, salvo que se demuestre absurdo (causas L. 121.905, "Herrera", resol. de 7-III-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020; L. 125.302, "Kessler", resol. de 9-XII-2020; L. 130.215, "Rey", resol. de 11-VII-2023 y L. 130.600, "Parente", resol. de 20-IX-2023).
En tal sentido, es del caso destacar que el absurdo sólo puede juzgarse configurado ante una demostración cabal de su existencia. En ese marco, ha dicho este Tribunal que no basta con invocarlo, desde que deviene indispensable ponerlo de manifiesto a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, mostrándose insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se direcciona a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 108.921, "Vera", resol. de 16-XII-2009; L. 112.783, "González", resol. de 16-III-2011; L. 130.120, "Torres", resol. de 10-IV-2023 y L. 129.883, "Divello", resol. de 7-IX-2023)
III.3. En el caso, la carga de evidenciar los extremos indicados no ha sido cumplimentada.
En efecto, la esencial conclusión del fallo, que, con fundamento en la prueba producida y aportada a la causa, tuvo por acreditada la relación laboral de dependencia entre las partes, no logra ser conmovida por la recurrente, en tanto ésta sólo se limitan a efectuar una personal y diferente valoración de los elementos de juicio evaluados por el tribunal de mérito, lo que no es idóneo a los fines de acreditar que la sentencia está viciada por absurdo.
Ello así, pues las alegaciones formuladas respecto de la ponderación de la prueba testimonial no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva de la interesada, tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse los testimonios brindados por los testigos en la audiencia de vista de la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (causas L. 118.271, "Lugo", resol. de 5-XI-2014; L. 118.305, "Ciarelli", resol. de 11-II-2015; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019 y L. 127.399, "Zaldua", resol. de 23-XI-2021).
En este aspecto, cabe recordar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 115.688, "Berón", resol. de 27-VI-2012; L. 115.754, "Acerbo", sent. de 21-VIII-2013; L. 120.079, "Espinosa", resol. de 14-XII-2016 y L. 123.148 "Gnecco", resol. de 27-V-2020), que -como se dijo- el interesado no logra demostrar.
Por otra parte, no existe obligación de transcribir en el acta de audiencia de vista de la causa- tal como pretende la compareciente- el contenido de los dichos de los testigos, sino que, antes bien, su reproducción en la referida pieza procesal importa el ejercicio de una facultad que la ley adjetiva confiere tanto al judicante como a la parte interesada, regulado así a tenor de lo dispuesto por el art. 46 de la ley 11.653. Con arreglo a ello, queda a cargo del interesado, en la etapa correspondiente, hacer uso de dicha prerrogativa (causas L. 91.841, "Pascual", sent. de 15-X-2008; L. 82.689, "Paiffer", sent. de 5-IV-2006; L. 89.452, "Atristain Quiroga", sent. de 13-III-2006 y L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020). En el caso de autos, la recurrente omitió ejercer dicha facultad en el momento procesal oportuno, de allí que las manifestaciones que en tal sentido plasman en el recurso devienen inatendibles.
III.4. Tampoco puede prosperar la parcela de la impugnación respecto a la violación del principio de congruencia en lo relevante a las multas por deficiente registración.
El señalado postulado importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020; L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023), situación ausente en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las multas contenidas tanto en la ley 25.323 y 24.013, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019; L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020 y L. 129.594, "Andrada", resol. de 21-VI-2023).
III.5. El agravio vinculado con la intimación que requiere el art. 11 de la ley 24.013 -y, por ende, la procedencia de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de dicho plexo legal- tampoco merece favorable recepción, puesto que la recurrente sigue el hilo de su propio razonamiento, soslayando controvertir -en forma concreta y eficaz- las razones brindadas por el a quo en torno a que la actora cumplió con el requisito de notificar a la AFIP la intimación efectuada al empleador, tal y como lo ordena el art. 11 de la citada ley 24.013.
En ese contexto, las alegaciones formuladas en el recurso no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa (causa L. 125.247, "Churruarin", resol. de 8-III-2021).
III.6. Por último, cabe recordarle a la compareciente que las reglas de la sana crítica no devienen aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 119.344, "Villanueva", resol. de 22-XII-2015; L. 119.689, "Motorplat S.A.", resol. de 22-VI-2016; L. 121.524, "Caporale", resol. de 11-IV-2018 y L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/02/2024 21:08:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/02/2024 10:35:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:46:09 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/02/2024 07:25:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/02/2024 08:09:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/02/2024 09:14:59 hs. bajo el número RR-21-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia